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¿Qué quieren de nosotros?

nadezhda — Sun, 19 Sep 2010 22:40:05 +0000

http://www.diario.com.mx/notas.php?f=2010/09/19&id=ce557112f34b187454d7b...

De la Redacción
El Diario | 19-09-2010 | 00:21

Señores de las diferentes organizaciones que se disputan la plaza de Ciudad Juárez: la pérdida de dos reporteros de esta casa editora en menos de dos años representa un quebranto irreparable para todos los que laboramos aquí y, en particular, para sus familias.

Hacemos de su conocimiento que somos comunicadores, no adivinos. Por tanto, como trabajadores de la información queremos que nos expliquen qué es lo que quieren de nosotros, qué es lo que pretenden que publiquemos o dejemos de publicar, para saber a qué atenernos.

Ustedes son, en estos momentos, las autoridades de facto en esta ciudad, porque los mandos instituidos legalmente no han podido hacer nada para impedir que nuestros compañeros sigan cayendo, a pesar de que reiteradamente se los hemos exigido.

Es por ello que, frente a esta realidad inobjetable, nos dirigimos a ustedes para preguntarles, porque lo menos que queremos es que otro más de nuestros colegas vuelva a ser víctima de sus disparos.

Aun cuando todo el gremio periodístico de esta frontera ha sufrido las consecuencias de esta guerra en la que ustedes y el Gobierno federal se hallan, El Diario ha sido, sin duda, el medio más lastimado hasta el momento porque ninguno ha resentido la muerte de dos de sus colaboradores, como nosotros.

Ya no queremos más muertos. Ya no queremos más heridos ni tampoco más intimidaciones. Es imposible ejercer nuestra función en estas condiciones. Indíquenos, por tanto, qué esperan de nosotros como medio.

Esta no es una rendición. Como tampoco significa que claudicamos al trabajo que hemos venido desarrollando. Se trata de una tregua para con quienes han impuesto la fuerza de su ley en esta ciudad, con tal de que respeten la vida de quienes nos dedicamos al oficio de informar.

Frente al vacío de poder que respiramos los chihuahuenses en general, en medio de un entorno en el que no hay las garantías suficientes para que los ciudadanos puedan desarrollar sus vidas y actividades con seguridad, el periodismo se ha convertido en una de las profesiones más riesgosas y El Diario puede dar cuenta de ello.

Para los que estamos al frente de esta empresa editora, si bien nuestros objetivos y misión de bien informar a la comunidad siguen siendo los mismos de hace 34 años, en estos momentos no le hallamos sentido a seguir poniendo en riesgo la seguridad de tantos compañeros para que sus vidas tan valiosas sean utilizadas como vehículos de mensajes, cifrados o no, entre las diversas organizaciones, o de éstas hacia las autoridades oficiales.

Hasta en la guerra hay reglas. Y en cualquier conflagración existen protocolos o garantías hacia los bandos en conflicto, para salvaguardar la integridad de los periodistas que las cubren. Por ello les reiteramos, señores de las diversas organizaciones del narcotráfico, que nos expliquen qué quieren de nosotros para dejar de pagar tributo con la vida de nuestros compañeros.

Y es que del mensaje que uno de estos grupos dejó en una manta colocada ayer por la mañana en la esquina de Ejército Nacional y Tecnológico, se puede colegir que se adjudica el asesinato del reportero gráfico Luis Carlos Santiago Orozco, registrado el jueves por la tarde en un centro comercial.

La pancarta contiene un recado amenazador dirigido a supuestos comandantes y un comisario, en el que les advierten que les pasará lo mismo que a nuestro fotógrafo si no regresan una cantidad de dinero.

Desde que comenzaron a aparecer estos mensajes en mantas o pintas sobre paredes, El Diario no lo ha tomado como un juego, sobre todo porque han demostrado tener veracidad ya que varias de estas advertencias se han cumplido.

En cambio, a la vuelta de casi dos años del asesinato de nuestro compañero Armando Rodríguez Carreón, nos hallamos demasiado escépticos de que las supuestas autoridades de justicia que están por terminar su mandato nos entreguen un esclarecimiento confiable.

Han sido tantos los ofrecimientos, tantas las promesas de que el caso se aclararía sin que ninguno resultara cierto, que si a estas alturas nos presentaran a un presunto responsable del crimen lo primero que haríamos sería pasarlo por el tamiz de la duda.

El periódico no se va a conformar de buenas a primeras con el primer indiciado que le aseguren se trata del autor del atentado contra “El Choco”, porque contamos con información de que se anda buscando un “chivo” expiatorio para cargarle la culpabilidad de este crimen que para nosotros es tan delicado.

Si con ello pretendieran bajarle la presión al asunto, resultaría contraproducente porque lo único que conseguirían sería atraer una desconfianza mayor de la que, de hecho, ya mantienen entre el grueso de la ciudadanía ante los altos índices de impunidad que se registran.

En todo caso, para que El Diario aceptara un resultado a estas alturas tendría que ser avalado asimismo por organismos internacionales de periodistas, así como de derechohumanistas.

Hace cuatro años y medio, cuando Felipe Calderón Hinojosa aún se hallaba en campaña por la carrera presidencial, acudió a las instalaciones de El Diario para ofrecer una entrevista sobre diversos temas.

En ese encuentro con los trabajadores de la comunicación de este medio, el hoy presidente de la República respondió a una pregunta que se le planteó en torno a las garantías que ofrecería su administración federal para el buen desarrollo de la libertad de expresión y de sus representantes.

Calderón dijo que “en el caso de los asesinatos (de periodistas), así como yo estoy protegido por mi condición de candidato, creo que en la medida en que una actividad se desarrolle en beneficio de la comunidad y encierre peligrosidad también debe haber mecanismos que la protejan. Un periodista que ha sido amenazado o que realice una investigación contra el crimen organizado debe tener mecanismos de protección especial y qué bueno que se creó la fiscalía especial en esa materia”.

A la vuelta de estos años, la historia es bien conocida: el primer mandatario, para conseguir la legitimación que no obtuvo en las urnas, se metió –sin una estrategia adecuada–, a una guerra contra el crimen organizado sin conocer además las dimensiones del enemigo ni de las consecuencias que esta confrontación podría traer al país.

Introducidos sin pedirlo en el conflicto, los mexicanos –y de manera particular los juarenses– han estado al garete de decisiones erróneas que terminaron llevándoselos en medio, con los resultados ahora conocidos y, sobre todo, abominados por las mayorías.

En ese contexto, los periodistas también fueron arrastrados a esta lucha sin control, sin que el presidente pensara en aquel compromiso proferido en la sala de juntas de El Diario, porque los trabajadores de los medios han sido amenazados, han realizado investigaciones sobre el crimen organizado y han estado en medio de esta guerra como testigos privilegiados a la vez que intimidados, pero aun así nunca recibieron de su gobierno los “mecanismos de protección especial” que subrayó como indispensables.

Las únicas armas de defensa que hemos tenido quienes nos dedicamos al oficio, han sido la búsqueda de la verdad, el manejo de las palabras, así como nuestras máquinas de escribir –hoy computadoras– y cámaras fotográficas.

El Estado como protector de los derechos de los ciudadanos –y, por ende, de los comunicadores– ha estado ausente en estos años de belicosidad, aun cuando haya aparentado hacerlo a través de diversos operativos que en la práctica han sido soberanos fracasos.

El viernes pasado, tras el crimen del fotoperiodista Luis Carlos Santiago Orozco, El Diario publicó un editorial en el que enfatizaba esta ausencia al cuestionar “¿A quién exigimos justicia?” En ese mismo tenor se hallan los ciudadanos que no saben ya a quién recurrir para pedir ayuda.

Hace apenas unos días los colegios de médicos adelantaron la posibilidad de hacer una huelga de sus servicios como medida de presión hacia los gobiernos para conseguir respuestas, tras de que varios de sus colegas han sido secuestrados y algunos asesinados a pesar de que se pagó el rescate por ellos.

Otros, como los comerciantes y empresarios también han contemplado acciones de presión, como aplicar una huelga de pagos de impuestos y derechos, de los que vive el gobierno.

Es tanta la falta de justicia, es tanta la desolación e impotencia que sienten todos los sectores, que no sería descabellado comenzar a aplicar acciones que realmente le duelan a quienes tienen la obligación de hacer más por salvaguardar la seguridad de la ciudad, del estado y del país.

En contraste, el mayor obligado en proteger a los ciudadanos se pierde en disquisiciones estériles en torno a si México está igual o peor que Colombia hace veinte años, afirmación emitida por la secretaria de Estado de EU, Hillary Clinton, avalada por medios tan serios como el Washington Post, o bien, se encarga de ofrecer circo a los connacionales a través del oneroso gasto utilizado en las celebraciones por el Bicententario, recursos que mejor debería haber empleado en reforzar las pálidas estrategias de seguridad.

No contento con lo anterior, el primer mandatario pontifica sobre la paz en el país como si se tratara de algo real, al enviar una carta a cada una de las familias de la nación en la que, entre otras cosas y de manera retórica, subraya que el blanco del color de nuestra bandera nacional es el de “la paz que hemos conquistado”.

Tal afirmación es una burla para los juarenses que se ahogan en un baño de sangre y que de paz es de lo que menos saben en estos tiempos.

En Ciudad Juárez hemos llegado a un punto en el que es necesario –y urgente– adoptar otro tipo de medidas para obligar a las autoridades establecidas por ley, a ofrecer respuestas más contundentes, porque la capacidad de tolerancia de tantos ciudadanos dolidos ha rebasado ya sus límites.

El Diario, por lo pronto, asume la postura manifestada en los primeros párrafos, de llamar a los grupos en pugna a que expresen qué es lo que quieren de nosotros como comunicadores.

De víctimas

a verdugos

Como si los atropellos, atentados y demás intimidaciones en contra de los medios de comunicación no fueran suficientes, ayer la secretaria de Educación y Cultura del Gobierno estatal, Guadalupe Chacón Monárrez, vino a ponerle más sal a la herida al declarar que somos los culpables del terrorismo psicológico que se vive en la ciudad.

Ahora resulta que, además de víctimas, en la mente de la funcionaria somos los victimarios al culparnos de terroristas por sólo cumplir con nuestra tarea de informar a la comunidad de lo que está sucediendo en esta frontera.

El terrorismo, y esto debe quedarle muy claro a la secretaria de Educación, viene de otras fuentes, no de los medios de comunicación que somos el vehículo para informar de lo que sucede en esta ciudad.

De manera específica Chacón Monárrez se refirió al caso de la escuela primaria y el kínder del norponiente en donde no sólo los padres de familia, sino los mismos maestros, viven con el temor de que algo pueda pasarles ante las amenazas recibidas de parte de un grupo de extorsionadores.

Fueron los propios padres de familia los que se acercaron a este periódico para expresar el miedo que sentían –y sienten– por la seguridad de sus hijos. Las amenazas no las vertió El Diario como tampoco este medio es el que infundió entre los progenitores la iniciativa por denunciar las intimidaciones recibidas.

Ante esta situación, ¿qué esperaba la funcionaria? ¿Que sólo escucháramos a los padres de familia y los regresáramos a sus casas? ¿O que los mandáramos a poner la denuncia correspondiente ante Averiguaciones Previas cuando ellos mismos manifestaron que no confían en la autoridad porque no hace nada al respecto?

El reportero que los escuchó hizo lo que tenía qué hacer: escribir la nota correspondiente y entregarla al editor, quien también cumplió con su función y su responsabilidad de publicarla porque se trataba de un asunto de trascendencia en el que estaba de por medio la integridad de numerosas personas, sobre todo niños.

El terrorismo no lo propició la información divulgada, de la cual se hicieron eco el resto de los medios de la ciudad, sino quienes amagaron a los menores, a sus padres y a los maestros. Pero, sobre todo, lo han venido ocasionando quienes, teniendo la responsabilidad y la capacidad de frenar estos hechos, no lo han hecho, ya sea por omisión, por negligencia o incluso por colusión.

Dice la secretaria de Educación que ella no se puede imaginar que alguien les falte al respeto a los niños, y que pudo tratarse de una broma de mal gusto. Se nota que la funcionaria no vive en esta ciudad, en donde menores de edad, infantes y hasta bebés han sido masacrados. Quien no perdona la burla es ella con sus comentarios, que seguramente no serán del agrado de tantos padres de familia que han perdido a sus hijos de violenta manera.

Tiene toda la razón Hernán Ortiz, antropólogo e investigador de la UACJ, quien le respondió a Chacón Monárrez que no se debe culpar a los medios del terrorismo que desde hace tiempo padecemos, sino a la incompetencia que han demostrado los gobiernos, en lo cual coincide con nuestros comentarios vertidos párrafos atrás.

“Quiero decirle a los medios, con todo respeto, que no nos convirtamos en copartícipes de esto, ya que el terrorismo psicológico se logra a través de la comunicación”, dijo la funcionaria.

¿Qué es lo que nos quiere decir con lo anterior? ¿Que dejemos de publicar? ¿O que sólo divulguemos noticias “buenas” o “positivas”, como en otras ocasiones se ha polemizado al respecto? Los medios recogemos y publicamos todo lo que acontece en la ciudad, ya será el lector el que le dé la connotación de “bueno” o “malo” a lo que lee, escucha o ve.

En todo caso, es la secretaria de Educación la que tiene la gran responsabilidad de que los niños que en estos momentos se estén educando, salgan con una mentalidad bien formada para que no sean los delincuentes del mañana.

Es una cortina de humo lo que ha levantado Chacón Monárrez, para esconder la incapacidad de autoridades que no han hecho bien su labor.

Dos visiones - Onésimo Flores - Foro Pase Usted

nadezhda — Thu, 16 Sep 2010 15:27:16 +0000

http://www.youtube.com/watch?v=-gzoblMmM8Q&

El espacio construido determina en gran medida como vivimos, como sufrimos y como disfrutamos una ciudad. Onésimo Flores presenta dos visiones: El primero a partir de una analogía al proyecto de 1939 de Futurama donde los conceptos de modernismo y progreso no toman en cuenta una integración social; y un segundo modelo que alude a una construcción democrática de la ciudad. La planificación urbana es política y tiene que ver con alternativas.

Creador del blog Ciudad Posible (www.ciudadposible.com), editorialista del periódico Vanguardia de Saltillo y colaborador ocasional en la página editorial de El Universal. Es Maestro en Políticas Públicas y actualmente estudiante de doctorado en planificación urbana en el Instituto Tecnológico de Massachusetts.

“La supervía a debate. Mitos y realidades” Mesa de debate 3: La Supervía y el medio ambiente

nadezhda — Sun, 12 Sep 2010 23:05:21 +0000

http://www.cencos.org/es/node/24829

Ponentes: Dr. Pedro Álvarez Icaza
Dr. José Luis Lezama
Dra. Ana Mendoza
Dra. María
de Jesús Ordoñez
Dr. Luis Zambrano

Presentación de entrevista video grabada del Dr. Exequiel Ezcurra

Moderador: Lic. Miguel Bárcena

Twitter: Lic. Daniel Gershenson

PROGRAMA
- Registro de asistentes y medios: 10:30 a 11:00 horas
- Presentación del tema de la Mesa3, el Moderador y twitter, por un integrante del Frente 11:00 horas.
- Presentación de los ponentes por el moderador.
- Ponencias de cada experto (10 minutos cada uno).
- Preguntas de los asistentes y medios.
- Resumen y conclusiones de los ponentes.

Cierre 13:00 horas.

Estas son algunas de las preguntas que se responderán:

Mito: La Supervía no afectará, es confinada, habrá puentes y túneles, es ecológica, serán suficientes las medidas de mitigación y conservación.
Verdades en medio ambiente acerca de vías como esta.
Consecuencias medio ambientales en la Cuenca y en el D. F.
En el corto plazo
En el mediano plazo (la inevitable urbanización)
Verdades sobre la MIA. Sus vicios de origen
¿Es suficiente como para tomar la decisión de autorizar la Supervía?
¿Serían suficientes las medidas de mitigación y compensación que
proponen la SMA?
¿Es verdad que los túneles no afectan la recarga del acuífero?
¿Las políticas y las obras públicas actuales son coherentes con el Plan de desarrollo urbano 2007-2012 y con el Plan verde?
¿Obras como la supervía están encaminadas a preservar la cuenca, el medio ambiente, el agua, la calidad del aire, los suelos de conservación (bosques, barrancas)?

Fecha y Hora: 13 de septiembre de 10:30 a 13 horas
Lugar: Auditorio Digna Ochoa, Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal

Av. Universidad 1449, Col. Florida-Pueblo de Axotla, Delegación Álvaro Obregón.

Contacto: http://prociudad-procontreras.blogspot.com/ Cristina Barros, marcri44@yahoo.com.mx

Convoca: Frente Amplio Opositor a la Supervía

La ley debe ser utilizada como un instrumento para respetar los derechos de las personas no para violarlos

nadezhda — Tue, 07 Sep 2010 16:43:07 +0000

http://www.cencos.org/es/node/24790

Difusión Cencos México D.F., 7 de septiembre de 2010

Boletín de prensa
Frente Amplio contra la Supervía

Bajo el título “Legalidad y derechos humanos”, tuvo lugar hoy, 6 de septiembre de 2010, la segunda mesa de debate del foro “La Supervía debate: mitos y realidades”, organizado por el Frente Amplio contra la Supervía en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).

Se analizó el proceso de jurídico administrativo que dio lugar a la concesión de esta obra vial de pago que afectará la zona sur poniente de la ciudad. José Merino, politólogo egresado del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), que fungió como moderador de la mesa, planteó el debate en relación a los compromisos en materia de derechos humanos que el Gobierno de la Ciudad ha asumido como el Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal o la Carta por el Derecho a la Ciudad.

Derecho a la información y derecho a la consulta

El Título de Concesión, que determina las condiciones esenciales del proyecto, no fue dado a conocer oportunamente a la ciudadanía. Sólo se conoció su contenido a través de un amparo directo que interpuso el Frente. El Programa de Transporte y Vialidad 2007 -2012, donde aparece el proyecto, apareció publicado en marzo de 2010. Luis Miguel Cano, codirector de Litiga OLE, cuestionó la justificación del Gobierno del D.F., para empezar porque no existen los estudios adecuados para justificar la necesidad pública de la obra.

La información, consideró, debe ser oportuna y es necesaria para el ejercicio de otros derechos como el de participación ciudadana y la consulta: “Sin información oportuna y con total menosprecio al derecho de participar directamente en la conducción de asuntos públicos, el Gobierno del D.F. emprende una obra sin ponerla a debate, sin considerar alternativas y en beneficio de empresas a las que adjudicó directamente su concesión”.

Derecho al medioambiente

Alfonso García Castillo, abogado del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O.P. A.C., explicó que existe un juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo el D.F. sobre la Resolución Administrativa de Evaluación de Impacto Ambiental, aprobada el pasado 9 de julio. Para ello se argumentó, entre otras cosas, que esta evaluación no cumple con los requisitos de ley, al no haberse hecho la consulta pública que la Ley Ambiental en el DF exige para su elaboración; que la autoridad se extralimitó en sus funciones al ordenar y evaluar medidas de mitigación a cuerpos de aguas nacionales al ser esto materia de autoridades federales que no han intervenido en forma alguna. Además, se emitió un estudio de impacto urbano sin que se halle elaborado el estudio de impacto urbano ambiental que la ley establece y que corre a cargo de Secretaría de Desarrollo Urbano.

Por su parte, la Dra. Catalina Pérez Correa González, licenciada en Derecho del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y maestra y doctora en Derecho por la Universidad de Stanford, California, se apoyó en el documento de Plan General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal 2007 – 2012 para constatar un desfase entre los lineamientos establecidos en su planificación y la gestión que está llevando a cabo el gobierno del D.F. En este documento el Gobierno del D.F. se compromete, entre otras cosas, al respeto al medioambiente, el desarrollo del transporte público como forma de movilidad, a promover y facilitar la participación ciudadana, con equidad. La Supervía, argumentó, es excluyente y atenta contra el derecho a un medioambiente sano y al agua, lo cual afecta no sólo a unos vecinos y una minoría, como ha querido aparentar el Gobierno, sino a toda la Ciudad y a varias generaciones futuras.

Derecho al agua y a la vivienda

En ese sentido, el Dr. Rodrigo Gutiérrez Riva, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, sostuvo que el proyecto está construido para responder a intereses políticos y económicos de un sector de la población. Es un proyecto que favorece a minorías, pero que afecta a los derechos de todas las personas que viven en la Ciudad. Ejemplificó estas aseveraciones con las violaciones tanto al derecho humano al agua, porque se afecta a la disponibilidad y a calidad del agua, como al derecho a la vivienda y los principios básicos para el desalojo.

La obra, en este sentido, no solamente viola derechos fundamentales reconocidos en instrumentos internacionales, sino también la estructura normativa y jurídica del Distrito Federal, como el Programa General del D.F., el Plan Verde o la Carta por el Derecho a la Ciudad del Distrito Federal.

Derechos de niños, niñas y adolescentes

Dra. Mónica González Contró, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, ofreció una mirada desde los derechos de niños, niñas y adolecentes, y explicó qué la Ciudad se ha desarrollado para los adultos, condenando a éstos a permanecer encerrados en sus casas y condominios y a la dependencia del automóvil para poderse desplazar. Esto contraviene los tratados internacionales donde se reconocen derechos como el de socialización, la autonomía progresiva (el derecho de ir ejerciendo poco a poco su derecho a decidir) o el derecho al juego.

La planificación de la Ciudad, con el modelo de la Supervía y la urbanización salvaje, contraviene estos derechos porque no generan espacios seguros en la ciudad. La urbanización de Santa Fe es un ejemplo de ello, donde no se ven niños y niñas en las calles, no tienen espacio seguros para socializarse. La identidad se construye relacionándose con el entorno y, en este sentido, estas políticas son una amenaza más para sus derechos.

Derecho a defender los derechos humanos

Simón Alejandro Hernández, abogado del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, señaló la ausencia del gobierno del Distrito Federal en estas mesas de debate, quien no aceptó dialogar. El silencio gubernamental expresa “la carencia de argumentos técnicos, jurídicos y sociales que justifiquen suficientemente la construcción de una autopista urbana de peaje” y “el desdén de un gobierno hacia la ciudadanía o al menos a un sector de ésta”.

Y reconoció el trabajo de defensa de los derechos humanos del Frente Amplio contra la Supervía: “frente a la ilegalidad y arbitrariedad del gobierno han interpuesto los recursos legales, solicitudes de información, frente a la provocación e intimidación han contestado con el carácter pacífico del movimiento”.

Jesús Roberto Robles Maloof, maestro en Humanidades por la Universidad Autónoma Metropolitana difundió vía Twitter el diagnóstico y las conclusiones finales. Los asistentes coincidieron en que la ley debe ser utilizada como un instrumento para respetar los derechos de las personas no como un instrumento para violarlos.

Frente Amplio contra la Supervía
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Twitter: @cdProContreras, #supervia, #noasupervias

Información difundida por el Área de Comunicación y Visibilidad de Cencos

Coinciden expertos urbanistas al señalar las fallas del proyecto de la Supervía

nadezhda — Wed, 01 Sep 2010 17:31:01 +0000

http://www.cencos.org/es/node/24716

México D.F., 31 de agosto de 2010 (Cencos).- Durante el foro Supervía: Mitos y Realidades; en la mesa de debate Planeación y movilidad urbana, primero de los tres espacios de diálogo convocados por el Frente Amplio Opositor a la Supervía Poniente en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), expertos en planeación territorial y movilidad urbana analizaron públicamente este proyecto y las afectaciones viales y económicas que puede traer al Distrito Federal y sus habitantes.

Los especialistas en ingeniería civil, urbanismo, administración pública y arquitectura, Jorge Legorreta, Belisario Hernández Romo y Jorge Jiménez Alcaraz coincidieron en señalar las fallas que tiene el proyecto. Cuestionaron los estudios en los que se basa el Decreto de Necesidad Pública, la concepción y diseño del proyecto, sus errores técnicos y las inconsistencias en su financiación.

La falta de un diagnóstico preciso

La falta de un diagnóstico preciso sobre la movilidad urbana en la ciudad de México y en la zona sur-poniente, según Belisario Hernández, especialista en ingeniería de tránsito y movilidad urbana, pone en entredicho el comienzo de la construcción del proyecto ya que “toda obra vial debe contar con estudios y datos confiables antes de ser construida”.

Explicó que el proyecto, sustentado en el Decreto Declaración de necesidad, basado a su vez en los resultados de la Encuesta Origen Destino de 2007 realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la cual fue elaborada con un método inferencial a partir de una encuesta que alcanzó a cubrir apenas una vivienda por cada tres manzanas, “lo que expone un estudio de origen-destino falso”, es decir, el número preciso de personas que viajarían por esta vialidad quedó sesgado. “Con los datos que se tienen no se puede hablar de un proyecto real de movilidad ni tampoco es posible comprobar su utilidad pública” advirtió Belisario Hernández Romo.

La Supervía no resolverá el “colapso vial”

El colapso vial, argumento que las autoridades del Gobierno del Distrito Federal han empleado para seguir adelante con la obra “no puede ser considerado un punto urgente”, aseguró Jorge Legorreta arquitecto y doctor en urbanismo, actualmente catedrático de la Universidad Autónoma Metropolitana. El “colapso vial existe y existirá con o sin Supervía” porque el proyecto no está planteado desde una perspectiva integral de vialidad y transporte de ámbito metropolitano, “la ausencia de un plan integral, limita el proyecto a atender únicamente una zona la de Santa Fe, pero ni siquiera logrará conectarla con Cuajumalpa o la Venta-Chamapa”.

La obra está pensada para transportar automóviles no personas

Legorreta insistió en que se evidencia la ausencia de un plan integral ya que sólo se alcanzará a atender a un sector de la población y que no resuelve la conexión que deben tener los pobladores de la zona de Santa Fe, que se dirijan al sur y tampoco brindará acceso a los pobladores de la zona sur poniente por la ubicación lejana de entradas y salidas. Además de no estar interconectada con las estaciones del sistema metro.

Los especialistas coincidieron finalmente en que tampoco se tomó en cuenta la declaración de impacto ambiental respecto a las áreas verdes que tendrían que ser urbanizadas y que son parte de las reservas ecológicas naturales protegidas y de recarga acuífera de la cuenca de México. Desde el punto de vista técnico, existen proyectos alternativos de menor costo y mayor eficiencia que pudieran conectar la zona norponiente con el sur poniente de la ciudad.

Financiación del proyecto

Jorge Jiménez Alcaraz, ingeniero Civil con maestría en Administración Pública afirmó que el Gobierno del Distrito Federal corre el riego de tener que hacer un rescate económico del proyecto ya que con el pago del peaje, sólo se alcanzará a pagar a la empresa española OHL los intereses que generará la obra. Aseguró también que en el contrato de conseción, únicamente se contempla un tramo de construcción y que el resto tendrá que ser construido con recursos del Distrito Federal, y que aún son imprecisas las bases con las que se construirá el tramo no contemplado en el contrato.

El foro organizado por el Frente Amplio Opositor a la Supervía fue seguido vía Twitter por el desarrollador de cuidemoselvoto.org y columnista del diario El Universal, Andrés Lajous. En el próximo foro, que se llevará acabo el lunes seis de septiembre, el debate será en torno al ámbito legal y el marco de los derechos humanos.

Centro Nacional de Comunicación Social

“La supervía a debate. Mitos y realidades” Mesa de debate 1: La supervía: planeación y movilidad urbanas

nadezhda — Fri, 27 Aug 2010 00:35:30 +0000

http://www.cencos.org/es/node/24646

Inicio: 08/30/2010 11:00
Fin: 08/30/2010 13:30

Horario: 30 de agosto de 2010, de 11:00 a 13:30 horas
Lugar:Auditorio Digna Ochoa de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal,
Av. Universidad 1449, Col. Florida-Pueblo de Axotla, Delegación Álvaro Obregón.
Contacto: http://prociudad-procontreras.blogspot.com/ Cristina Barros, marcri44@yahoo.com.mx

Convoca: Frente Amplio Opositor a la Supervía

Ponentes:

Belisario Hernández Romo. Doctor especialista en ingenierías de tránsito y movilidad urbanas.

Jorge Jiménez Alcaraz. Ingeniero Civil con Maestría en Administración Pública. Ha sido Gerente de Obras del Sistema de Transporte Colectivo (Metro); Subdelegado de Desarrollo Urbano y Obras en las delegaciones de Tlalpan, Gustavo A. Madero y Magadalena Contreras. Actualmente es Presidente del Comité Panamericano de Desarrollo Urbano y Patrimonio Histórico de la Unión Panamericana de Asociaciones de Ingenieros (UPADI). Premio Nacional al Mérito Profesional 2005 de la Sociedad de Egresados de Ingeniería Civil del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

Jorge Legorreta. Arquitecto, maestro en Sociología y doctor en Urbanismo por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Profesor e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM - Azcapotzalco). De 1997 a 2000 fue delegado del Gobierno del Distrito Federal en la delegación Cuauhtémoc, y de 2002 a 2004 Agregado Cultural de México en Egipto. Actualmente es director de Metropolis, Centro de información de la ciudad de México; creador y conductor del programa Ciudad de Ciudades (Canal 11) y conductor del programa Para descubrir la ciudad (Radio Red). Ha escrito numerosos libros y artículos sobre aspectos de urbanismo y agua en relación con el Distrito Federal y la cuenca de México.

Modera: Salvador Camarena

Twitter: Andrés Lajous

La supervía a debate. Mitos y realidades

nadezhda — Fri, 27 Aug 2010 00:33:54 +0000

http://www.cencos.org/es/node/24652

México D.F., 26 de agosto de 2010 (Cencos).- A partir del lunes 30 de agosto de 2010 inician una serie de debates públicos organizados por el Frente Amplio contra la Supervía Poniente para dar a conocer la realidad del proyecto vial de la Supervía Poniente y las implicaciones medioambientales, urbanas, sociales y económicas que tendría para los habitantes del Distrito Federal.

Bajo el título “La supervía a debate. Mitos y realidades” y con una participación amplia de especialistas (académicos y académicas, organizaciones especializadas de la sociedad civil), el Frente Amplio pretende generar así los espacios de discusión que el gobierno de la Ciudad de México no fomentó al negarse a suspender las obras para dialogar. Como ya sucedió en los casos de Atenco (Estado de México) con el proyecto del aeropuerto o de La Parota (Guerrero), con el de la presa hidroeléctrica, la ciudadanía se moviliza para hacer valer sus derechos frente a actuaciones gubernamentales que privilegian intereses económicos del sector privado.

Cristina Barros, integrante del Frente Amplio, explicó en entrevista al Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos) el proceso que les llevó a construir este foro y los objetivos que persiguen.

Cencos: ¿Por qué ahora?

Cristina Barros: Hace unas semanas el jefe de gobierno lanzó, a través de los medios de comunicación, el reto de encontrar alternativas al proyecto de la supervía. El Frente Amplio aceptó este reto y planteó la posibilidad de un acompañamiento por parte de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF). A través de este organismo se inició una mediación con el Gobierno y se planteó como condicionamiento para iniciar el diálogo que se detuvieran las obras. Sin embargo, el Gobierno, a través del Secretario de Gobierno, no aceptó y rompió la mediación.

¿Qué persiguen con estos debates?

El Frente ha decidido organizar los foros públicos, con la presencia de medios de comunicación, especialistas y toda persona interesada en el tema, iniciando el 30 de agosto y tendrán lugar en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Tenemos varios objetivos:

Primero, queremos abrir el debate ante la ciudadanía de los problemas medioambientales, de derechos humanos y de movilidad. Para este tipo de mega obras se requiere información, generar una reflexión conjunta, mecanismos de participación ciudadana y que las acciones gubernamentales no violenten los derechos humanos de la ciudadanía.

En segundo lugar, queremos responder al las diferentes afirmaciones realizadas por el GDF a través de los medios de comunicación: “sin la supervía se colapsará la ciudad”; “este proyecto dará movilidad a 4 millones de personas”; “no se afectarán al Tarango ni las Lomas [zonas naturales protegidas] por el sistema de túneles y puentes diseñados”... Nosotros queremos, a través de las opiniones de especialistas, dar puntos de vista diferentes y contrarios y mostrar que existen alternativas reales y mejores a la supervía para la movilidad en la zona sur poniente de la ciudad.

Por último, pretendemos iniciar, conjuntamente con ciudadanos y especialistas, una agenda para la ciudad que sea sustentable, justa, democrática y comunitaria.

¿Quienes van a intervenir?

Participarán especialistas de la academia y la sociedad civil en tres temas: Planeación urbana y movilidad; derechos humanos y legalidad; y, medioambiente. Además, se está invitando a comunicadores, medios masivos de comunicación, movimientos de barrios afectados por estas u otras problemáticas, ciudadanos y ciudadanas en general, organizaciones no gubernamentales especialistas en derechos humanos, en medioambiente, etc.

¿Qué resultados creen lograr?

Esperamos obtener un documento sólido que nos permita mostrar que existen alternativas sustentables para la Ciudad de México, que es necesaria la consulta y la participación ciudadana para generar dichas alternativas y que existen caminos legales para defenderse cuando la ciudadanía es agraviada y se le violan sus derechos humanos. Haremos llegar el documento a la Comisión de Derechos Humanos, a las diferentes instancias de gobierno federales y de la ciudad, a especialistas y a organismos internacionales y lo difundiremos ampliamente entre la ciudadanía.

Contexto

Cabe mencionar que, en un reciente comunicado, el Gobierno del Distrito Federal argumentó que la obra se realiza “en atención a una demanda mayoritaria de capitalinos”, respondiendo a los cuestionamientos que en materia de derechos humanos han venido realizando diversos organismos no gubernamentales. Estos consideran que se deben respetar los compromisos en materia de derechos humanos en este tipo de obras, lo que incluye informar de manera oportuna a toda la ciudadanía y generar mecanismos de participación ciudadana adecuados.

La Supervía Poniente es un proyecto vial de cuota que correría de Santa Fe a San Jerónimo. El Frente Amplio está conformado por 9 organizaciones de la delegación Magdalena Contreras así como por vecinos y vecinas afectadas por las obras.

Las mesas de debate tendrán lugar los días 30 de agosto, 6 y 8 de septiembre de 2010 en el Salón Digna Ochoa de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y tendrán como título: ‘La supervía: planeación y movilidad urbanas’, ‘La Supervía: legalidad y derechos humanos’ y ‘La Supervía y el medio ambiente’, respectivamente. Los debates partirán de las premisas que dan lugar a la Supervía y buscarán la construcción de alternativas que recojan, con corresponsabilidad, la voz de la ciudadanía.

Centro Nacional de Comunicación Social

Transparencia estilo Supervía

nadezhda — Tue, 17 Aug 2010 14:45:17 +0000

Por Rodrigo Díaz
http://ciudadpedestre.wordpress.com/

Señoras y señores, redoble de tambores, pónganse de pie, que fiel a su estilo la Secretaría de Obras del DF anuncia con bombos y platillos el nacimiento de una página en Internet donde la ciudadanía podrá saciar su sed de conocimientos en todo lo relativo a la Supervía Poniente, reafirmando con esto el espíritu transparente que anima el accionar del gobierno capitalino, y de paso dando un tapabocas a todos aquellos habladores malintencionados que dicen que el proyecto de marras es tan cristalino como las aguas de Xochimilco. Importa poco que las obras ya hayan empezado, y que éstas hayan sido adjudicadas sin que la población tuviera la menor idea sobre sus características, que de acuerdo a la autoridad la transparencia tiene sus propios tiempos que hay que respetar, y como hace algunas semanas señaló el Secretario Aboitiz, “el trazo de la Supervía Sur-Poniente se mantuvo en relativa secrecía para protegerlo de especuladores financieros”. Como para que los malhablados como yo se lo piensen dos veces antes de abrir la boca de nuevo.

Lamentablemente, voy a tener que hablar mal de nuevo, porque por más que busco en la página, convenientemente llamada Transparencia Autopista Urbana DF, no encuentro en ninguna parte los fundamentos técnicos de la iniciativa. Sí están el Resolutivo de la Manifestación de Impacto Ambiental, y las opiniones de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) del DF y la Secretaría del Medio Ambiente sobre el sistema vial de puentes, túneles y distribuidores al sur poniente de la Ciudad de México, pero de los elementos que justifican la solución en comento hay poco y nada. Si uno hace click en “Impacto en la Movilidad”, donde uno esperaría hallar uno que otro argumento técnico, se encontrará con los siguientes conceptos que avalarían la carretera (copio textual):

* Da continuidad al proyecto de movilidad integral de la Ciudad de México.
* Mejora la conectividad regional mediante la creación de una nueva vía que corre en el norte, sur y poniente de la ciudad.
* Agilizará tanto la movilidad regional como la local, toda vez que habrá vehículos que utilicen la autopista urbana, liberando las vialidades secundarias actualmente saturadas
* La velocidad promedio en las vialidades será de 80km/ hr por lo que en 10 minutos se recorrerán 10 kms aproximadamente
* Separa los flujos vehiculares de largo recorrido de las circulaciones locales
* Contribuirá a la integración del sistema aeroportuario: Morelos – DF – Toluca – Querétaro
* La inversión de la obra se realiza con recursos de la iniciativa privada. Esto permite al Gobierno del Distrito Federal utilizar sus propios recursos en otros proyectos de transporte público prioritarios para la ciudad
* Incorpora al sistema vial cinco rutas de servicio expreso de RTP con tecnologías limpias y sin costo adicional para el usuario
* El trayecto directo, en transporte colectivo, permitirá reducir el gasto en combustible y transporte hasta en un 75% (de acuerdo con estimaciones de RTP http://www.rtp.gob.mx/)
* Una movilidad más ágil de vehículos redundará en la disminución de emisiones de gases contaminantes a la atmósfera.

Mapa de beneficios de la Supervía Poniente. Interprétese como dé la gana

Si se va a la sección “Beneficios de la Obra” no habrá mucha más información, salvo el gráfico de la derecha, que uno puede interpretar como le dé la regalada gana, pero que se supone simboliza una generosa ganancia tanto para el medio ambiente como para la población como resultado de la construcción de la mole de concreto en el poniente de la ciudad.

Y eso es todo. Por más que uno busque, jamás encontrará los estudios que acreditan los méritos de un proyecto que a juicio de sus promotores se basta a sí mismo para justificarse. Lo que se presenta como información es la evaluación de las consecuencias ambientales de la iniciativa, pero no de las circunstancias que justifican una solución así. En este sentido, las observaciones de los profesionales de la PAOT hechas en junio son categóricas. Así, en el punto A, relativo a elementos generales, esta instancia solicita:

I. Incluir la información de los impactos ambientales, sociales y económicos asociados con el proyecto Autopista Urbana Querétaro-Cuernavaca, debido a que en la MIA-E se indica que la Supervía Poniente forma parte de este proyecto de integración regional

II. Incorporar el análisis integral o multidisciplinario que se señala en la MIA-E como sustento de la Supervía Poniente, incluyendo la información base e indicadores que usó el panel profesional para seleccionar la alternativa con impactos “menores”…

Asimismo, en el punto B, relativo a elementos de movilidad y mejora de la calidad del aire, la PAOT requiere:

I. Explicar, con datos reales, cómo es que la Supervía Poniente es una medida que apunta hacia la sustentabilidad del sistema urbano y de transporte, especialmente cuando está prevista para ser usada básicamente por automóviles.

II. Fundamentar la mejora de la movilidad y la calidad del aire con base en el número, origen y destino de los viajes que captaría la Supervía Poniente y el análisis de su beneficio con respecto del número total de viajes que se realizan en la Ciudad de México a expensas de las áreas verdes

III. Especificar en qué consiste el beneficio diario a 195,000 habitantes. Si esta cifra corresponde al número de habitantes que usarán la Supervía Poniente mediante auto particular o transporte público, se debe analizar su contexto en términos del total del tránsito vehicular de la Ciudad de México que representa.

IV. Señalar los mecanismos que garantizarán que la movilidad que ofrece la Supervía Poniente se conservarán en el mediano y largo plazo.

Las respuestas dadas por la Secretaría de Medio Ambiente un mes después no hacen más que acrecentar las dudas, evidenciando la falta de información –al menos públicamente conocida- sobre los positivos impactos en la movilidad urbana que se supone generará la Supervía, razón última de su construcción, y que más que ni un otro elemento debieran ser expuestos de manera clara y completa a la ciudadanía. Es como si el día de mañana el GDF decidiera construir una central nuclear en la capital y sólo proveyera información sobre los árboles talados o las especies animales afectadas por su construcción, pero no los fundamentos técnicos que justifican una solución así. En el caso de la Supervía, se sabe más o menos el cómo, pero no el porqué de las cosas, y esto lo descubrirá fácilmente quien se dé el trabajo de leer el Resolutivo de la Manifestación de Impacto Ambiental, donde, por ejemplo, hay información abundante y detallada sobre el impacto en la flora autóctona (un pelo de la cola en un proyecto así), misma información que brilla por lo escueta en el caso de la movilidad urbana, donde se mencionan estudios que hasta el día de hoy son un misterio para la población.

Pensándolo bien, no deja de ser inteligente la movida del gobierno de la ciudad de entregar la información de manera tremendamente parcializada: relativamente generosa en ciertos aspectos ambientales, horriblemente incompleta en materias de movilidad. No creo que esto sea casual; una estrategia así centra el debate (si es que lo hay) en los aspectos ambientales de la obra, pero no en su razón de ser, que se da como un hecho irrebatible. Y no es que los aspectos medioambientales carezcan de importancia, pero el terreno natural de la discusión sobre la Supervía debiera ser el de la movilidad urbana, y allí las luces siguen siendo muy pocas en medio de tantas sombras.

Por mientras busco, busco, busco…

ABC: la "letra" de la ley

victor — Fri, 25 Jun 2010 18:28:04 +0000

Jorge Camil
"Hubo responsabilidad, pero no hubo responsables", dijo el editorial de La Jornada, reconociendo que nos hemos convertido en una nación de irresponsables; un pueblo que descansando en esotéricos argumentos jurídicos (¡como si fuésemos un verdadero estado de derecho), atrincherado en posiciones políticas y protegido por tribunales que abdican de sus responsabilidades sociales, esconde bajo el tapete sus grandes tragedias nacionales. (Por eso, entre bromas y veras, nos describimos como "el país donde nunca pasa nada".) La medalla de oro se la lleva el magistrado José Guadalupe Luna Altamirano, que resolvió Tlatelolco de un certero plumazo: "hubo genocidio, sí, pero no hubo culpables", exonerando con ello a Luis Echeverría.

Y con la misma delicadeza con la que hoy actúa la mayoría de los ministros de la Corte, el melindroso Luna Altamirano se refugió en la "teoría pura del derecho" aclarando, para que nadie dudara de su "profesionalismo", que su resolución se encontraba "completamente exenta de todo tipo de cuestiones sentimentales, humanitarias, ideológicas, sociales o políticas": ¡fue obra de un robot jurídico! Hoy se repite la historia. ¿Para qué sirve un sistema jurídico esterilizado, que opera conforme a la letra de la ley pero al margen de la sociedad?

Mientras los padres de los 49 inocentes muertos (y aquellos de los 104 menores enfermos o marcados de por vida) esperan justicia, ministros melindrosos y algunos analistas políticos sin conocimientos jurídicos hacen piruetas alrededor del artículo 97 constitucional y disquisiciones filosóficas sobre su aplicabilidad en la tragedia de la guardería. Los legos están en cierto modo justificados, porque por motivos políticos los propios ministros han denigrado esa valiosa disposición legal, considerándola "un artículo anacrónico y redactado con los pies" (Mariano Azuela), o un numeral "que no sirve para nada" (Salvador Aguirre Anguiano).

Frente a la arrogancia de Azuela y la displicencia de Aguirre, es un placer leer el proyecto del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Donde otros, por motivos políticos o tecnicismos legales, se quedan atrapados en la letra de la ley, él va más allá: considera, con visión de jurista moderno, que la disposición constitucional es una valiosa herramienta que puede contribuir a la democratización de México. Adoptando el concepto de una Constitución "viva", que va adaptándose a las realidades sociales, Zaldívar afirmó, en un proyecto rechazado por la mayoría, que el artículo 97 no debe considerarse "una invasión en el ejercicio del poder público" sino “una facultad que se inserta en el juego democrático y (…) coadyuva a la operatividad (…) del sistema”.

Con argumentos jurídicos objetivos y bien fundados, el proyecto Zaldívar apuntaba graves violaciones a los derechos humanos y señalaba responsables: Molinar Horcasitas, Karam, Bours y el ex alcalde de Hermosillo. Una a una, el proyecto desmenuzó las obligaciones legales de esos funcionarios, y su responsabilidad personal en la cadena de mando. Mostró cómo y dónde incumplieron. (Vale la pena que Fernando Gómez Mont, destacado abogado postulante, lea personalmente esa parte del proyecto, para que no repita que un servidor público sólo debe responder "por el tramo de control que le corresponde": ¿cuál es ese "tramo", señor secretario, y hasta dónde alcanza? El ministro Zaldívar se lo aclara.)

Arturo Zaldívar relata, con lujo de detalles y maestría de lenguaje, el infierno en la tierra que fue el incendio: 14 maestras en servicio (en vez de 41) intentando salvar a 200 niños; la guardería compartiendo el inmueble con una bodega de la Secretaría de Hacienda, que almacenaba cinco toneladas de papeles que prendieron como hojarasca; el techo de poliuretano despidiendo nubes de gases tóxicos, y deshaciéndose en una infernal lluvia de fuego… ¿Quién les negaría a esos padres la justicia arguyendo que el artículo 97 es "anacrónico", o que "no sirve para nada"?

El proyecto Zaldívar concluyó, tras un minucioso análisis de 300 páginas, que a Molinar Horcasitas "le era atribuible el desorden generalizado en el otorgamiento, operación y supervisión del servicio de guarderías operado bajo el sistema de subrogación, que propició las condiciones para la tragedia". No obstante, el dictamen de la mayoría exoneró a los principales funcionarios involucrados.

Felipe Calderón no podría haber escogido mejor abogado para defender a los suyos que Gómez Mont. Conocedor de la ley y político sagaz, el secretario reconoció varias visitas a la Corte antes del fallo, pero afirmó que no hizo nada indebido: "no fui a defender a nadie ni a litigar en contra de los padres". ¿A qué fue entonces? A asegurarse, mediante indebidos "alegatos de oreja" que violan la separación de poderes, que ministros obsecuentes interpretaran "correctamente" la letra del artículo 97.

Como la Corte tampoco pudo entrar "allí dónde autoridades e instituciones fallaron" (cito el proyecto Zaldívar), hoy sólo quedan abiertas las instancias internacionales, para que el régimen siga acumulando fallos judiciales contra México.

Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2010/06/25/index.php?section=opinion&article=...

Estrategia anticrimen hace agua por todos lados

nadezhda — Sat, 27 Mar 2010 14:09:35 +0000

José Reveles
Viernes, 26 de marzo de 2010

* Se consolida en el país un "Estado penal": Barrón Cruz.
* Salida militar ignora la amplia base social del narco: Peñaloza.
* Globalización negativa; las bandas no distinguen fronteras: David Ordaz.

El Financiero
http://impreso.elfinanciero.com.mx/pages/NotaPrint.aspx?IdNota=280116

· INFORME ESPECIAL
La estrategia contra el crimen organizado está haciendo agua por todos lados. Este gobierno cree firmemente en el derecho penal del enemigo -aplicación de la justicia igual para los iguales, desigual para los criminales- pero acaba aplicando medidas excepcionales contra toda la ciudadanía.

Cuando consultamos a Pedro Peñaloza, maestro de criminología de la Facultad de Derecho de la UNAM, seguía por televisión la transmisión en vivo de la tercera reunión de Todos Somos Juárez: "Estoy viendo otra recreación de una terapia grupal, esa catarsis colectiva que no resuelve los problemas de fondo."

Otro investigador, Martín Gabriel Barrón Cruz, del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), expresa, por separado, un punto de coincidencia:

"A partir de la 'guerra contra el narcotráfico', lo visible en el país es la consolidación de un 'Estado penal', que se fundamenta en la intolerancia y a la vez en la 'guerra contra la pobreza' como algo necesario para proteger a las clases acomodadas y temerosas de la inseguridad."

David Ordaz, también investigador del Inacipe, alude por su parte a la "globalización negativa", que se traduce en violencia de bandas criminales que no distinguen fronteras, tal como ocurre con Los Aztecas -dirigidos desde cárceles de Texas-, a los que se culpa de haber ejecutado a tres personas relacionadas con el consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez. "Allí se está llegando a una situación límite" que hay que revertir.

Más presiones

Aunque coinciden los tres en que habrá una presión mayor del gobierno de Estados Unidos sobre el de México, la circunstancia actual difiere del caso del exagente de la DEA Enrique Camarena. Aquí se trata de empleados del consulado víctimas de la violencia. Al respecto, los entrevistados juzgan de forma diferente la postura oficial mexicana.

Según Peñaloza, ni siquiera en la circunstancia de los tres asesinatos que conflictúan la relación bilateral México-Estados Unidos el presidente Calderón hizo ver a Washington que el narcotráfico afecta por igual a los dos países; que el mercado consumidor de ellos alimenta producción y tráfico a través de una enorme frontera; que la Iniciativa Mérida representa una ayuda ridícula, apenas lo de un solo día de gasto en la guerra de Irak.

Barrón Cruz cree que la respuesta correcta del gobierno mexicano es llamar a la corresponsabilidad a Washington. Ellos reclaman que pasa demasiada droga hacia Estados Unidos y ¿cómo es posible que pasen tantas armas de allá para acá? Se trata de una frontera muy porosa en donde también pasan dinero en efectivo, indocumentados, se hace trata de personas, contrabando de mercancías. Pasó casi un año de la visita de Barack Obama a México y nada se ha avanzado en frenar el flujo de armas. Más del 90 por ciento de las empleadas y decomisadas en México provino de la potencia del norte.

Qué bien que el presidente Calderón haya planteado que éste es un problema común de dos países vecinos. Y que insista en que se trata de un problema de corresponsabilidad, comenta David Ordaz. Pero hay que partir de que hoy estamos frente a un fenómeno global y no local, el cual exige soluciones más allá de lo coyuntural.

Además, según analiza Peñaloza, la salida militar y policiaca, única que practica esta administración, parece ignorar que el narcotráfico es un fenómeno que atrapa a sociedades enteras, que cuenta con amplia base social. A la larga, además de desmilitarizar, el gobierno tendría que cambiar el modelo socioeconómico.

"Más de 7.5 millones de ni-nis (jóvenes entre 15 y 29 años de edad que ni estudian ni trabajan, a los que el académico nombra 'desclasificados institucionales') ni siquiera son estadísticamente localizables, porque abandonaron el hogar, porque muchos engruesan las filas de la criminalidad, porque nadie los reclama si son asesinados y porque van a dar a la contabilidad de las víctimas desconocidas de la violencia."

¿Quieres la definición más inmediata del país?, repregunta. Un queso gruyere, dice, porque no es solamente el norte, ni el occidente, el centro o el Golfo. En todos los estados, con escasas excepciones, la inseguridad y la violencia se han enseñoreado.

A propósito de políticas prohibicionistas y de "guerra" contra los traficantes, Martín Barrón concluye, en un texto que se publicará como libro en próximos meses, que "hoy estamos más lejos que nunca del objetivo proclamado durante al menos tres décadas de erradicación de las drogas", con un modelo de represión arraigado en prejuicios, temores y visiones ideológicas, con tabúes que inhiben el debate público.