fecal.org.mx - Represión

¿Qué sigue?

nadezhda — Thu, 25 Feb 2010 06:38:59 +0000

El País de las Maravillas
Juan Miguel de Mora
Jueves, 25 de febrero de 2010

El Financiero
http://impreso.elfinanciero.com.mx/pages/NotaPrint.aspx?IdNota=277593

Gómez Morín
Manuel Gómez Morín fue un hombre inteligente y de amplia cultura. Estudió la carrera de abogado y en 1933 fue rector de la UNAM, ya autónoma después de una lucha por la libertad de cátedra en la que se enfrentó a Lombardo Toledano, que defendia la "educación socialista" aunque ya era "socialista" la simple defensa de las ideas de Darwin sobre la evolución de las especies.

Gómez Morín se enfrentó a la dictadura del Partido Nacional Revolucionario, después Partido de la Revolución Mexicana y después PRI. Dato poco conocido que ilustra la ecuanimidad profesional de Gómez Morín: fue apoderado jurídico de la Embajada Soviética de 1924 a 1930, cuando la simple mención de Rusia era pecado capital para los pusilánimes.

En 1939 fundó el Partido (de) Acción Nacional, oposición valiente cuando absolutamente todos los diputados, todos los senadores y todos los funcionarios eran del partido oficial, PRM, o le obedecían, como en la Italia de Mussolini y en la Alemania de Hitler.

En 2000 Ernesto Zedillo, último presidente priista, entregó el poder a Vicente Fox, autopostulado dentro del PAN. Pero el partido que llegó al poder en ese año no era el mismo que Gómez Morín fundó y presidió diez años. Vicente Fox es un ranchero de derechas cuyo mayor mérito reconocido es saber ordeñar las vacas. Pero hay rancheros inteligentes, y ése no es el caso de Fox; hay rancheros honrados, pero ése tampoco es el caso de Fox; y hay rancheros que son sinceros católicos piadosos, pero tampoco es ese el caso de Fox, que utilizó su cargo para lograr que la iglesia católica anulase dos matrimonios eclesiásticos que no sólo se habían consumado sino que habían creado hijos: el de Vicente Fox con otra señora y el de Marta Sahagún con otro señor. Y doña Marta, merced a los arreglos con jerarcas de la Santa Madre Iglesia, que seguro sacaron sus ventajas, se convirtió en esposa legítima ante la curia de aquel pintoresco presidente de México que en seis años batió todas las marcas de ignorancia y ridículo conocidas hasta hoy.

Después de Fox, llegó Felipe Calderón Hinojosa, también autopostulado candidato del PAN. Millones de mexicanos creemos que hubo trinquete. Pero lo más preocupante es el paso acelerado que llevamos hacia una dictadura militar por el sistema de "autogolpe" que practicó Fujimori en Perú.

Los indicios son evidentes: 1) Con el pretexto de combatir al narcotráfico, se lanza al ejército y a la marina a las calles y carreteras en todo el país. 2) De las numerosas denuncias de desapariciones, torturas y asesinatos de civiles por militares, sólo se investigan unas pocas. 3) Tanques, camiones y demás implementos militares junto a soldados armados demuestran que estamos en plena guerra como en Irak o en Afganistán. 4) La semana pasada el señor Calderón subió los sueldos y salarios del ejército y la marina en un 40 por ciento cuando a los trabajadores sólo se les sube el 1 o el 2 por ciento. 5) En los estados aparecen muertos (además de los miembros de las bandas en disputa) de conocidos luchadores locales por los derechos humanos o la justicia social. El total de "ejecutados" en los tres años de Calderón es de 17 mil 42. 6) La libertad de expresión es relativa, pero solamente en prensa impresa. La televisión y la radio, que es lo que llega a la masa, están bajo control total del gobierno. 7) El gobierno viola la ley federal del trabajo negando el derecho de huelga unas veces con argucias jurídicas y otras con represión policiaca contra los inconformes. 8) Al plan ProCampo, de ayuda a los campesinos pobres, le aplica el secretario de Agricultura aquello de "caridad bien entendida empieza por uno mismo", se queda con una buena parte de esos millones y reparte el resto entre algunos narcotraficantes y los familiares de éstos. Lo poco que queda de ProCampo se lo dividen los que debieron repartirlo a los campesinos. Pero lo peor es que cuando El Universal y otros diarios denuncian todo eso, los funcionarios acusados siguen en sus puestos. 9) Manuel Clouthier Carrillo, diputado del PAN e hijo de un destacado y respetable panista excandidato del partido a la Presidencia, acusa a Felipe Calderón de proteger al Chapo Guzmán, principal narcotraficante. El presidente no ha respondido a tan grave denuncia.

Así está México hoy. ¿Qué sigue? ¿El golpe?

Denuncian OSC violento desalojo policíaco en Ocotlán, Oaxaca

nadezhda — Sat, 09 May 2009 13:49:53 +0000

Habitantes se oponen a mina La Trinidad

Cimacnoticias
Por Soledad Jarquín Edgar/corresponsal

Oaxaca, Oax., 8 mayo 09 (CIMAC).- Luego del desalojo que hicieron policías estatales y federales de las y los habitantes de diversos poblados que mantenían desde hace mes y medio las instalaciones de la mina La Trinidad, en San José del Progreso, Magdalena Ocotlán, los nervios siguen y la sensación del uso excesivo de violencia.

En espera de que se hiciera efectiva la liberación del total de los 23 manifestantes detenidos durante el desalojo del miércoles 6, entre ellos Agripina Vásquez Sánchez y Carmela González, el integrante del Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEP), Cástulo López, reitera que sí hubo uso excesivo de la violencia contra los manifestantes por parte de los policías.

López de la CODEP, una de las organizaciones que respaldan a los habitantes de San José, quienes se oponen a que la empresa Minera Cuzcatlán, subsidiaria de la Compañía Canadiense Fortuna Silver Mines ltd, siga operando pues aseguran les quita el agua o la contamina, hace un breve recuento de los hechos.

Contamos unos 200 convoyes, dice sin terminar de entender por qué del uso de “tanta fuerza pública” cuando se trataba de gente no tenía nada para defenderse. Sin embargo, Revolucionemos Oaxaca, medio alternativo, reporta que fueron 40 patrullas, un helicóptero y mil 500 elementos policiacos los responsables de desalojar a poco más de 40 habitantes de comunidades de Ocotlán e integrantes de la CODEP, “quienes se replegaron a la población de Magdalena Ocotlán.

Sin precisar si eran mayoría o no el número de mujeres, el integrante de CODEP sostiene que los elementos policiacos violentaron los derechos humanos de “personas de la tercera edad, mujeres embarazadas, niños y jóvenes, todos hicieron frente a la policía que nunca se detuvo… al menos dos compañeros fueron golpeados y resultaron con lesiones graves”. El reporte policiaco fue de un elemento herido.

Hoy, añade, la prioridad es que todos estén libres todos los detenidos cuyo su delito es reclamar que no se haga mal uso de sus bienes comunitarios concesionados por el Gobierno Federal –durante 25 años- a las empresas canadienses, una de las 16 empresas mineras que pretenden instalarse en el territorio del distrito de Ocotlán, aún considerado dentro de la región central de la entidad y la entrada a la sierra sur.

La negociación es encabezada por una comisión política de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, quienes de manera inmediata obtuvieron la liberación de 14 manifestantes “que no estaban armados”, en tanto la tarde del jueves serían otros cinco y finalmente cuatro más, entre ellos Agripina Vásquez y Carmela González, así como dos menores de edad.

Cástulo López sostuvo que aunque la prioridad es la libertad de los detenidos, sería deseable que las empresas concesionadas se abstuvieran de desarrollar sus proyectos, que nunca fueron consultados a los pueblos y que carecen de una investigación real sobre los daños ambientales que genera la explotación de la mina de donde extraen oro y plata.

Sin embargo, apuntó que seguramente los habitantes de las poblaciones ocotecas definirán su dinámica de resistencia ante el atropello de las autoridades federales que han concesionado sus recursos, ocasionando severos daños ambientales, pese a la negativa de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

De acuerdo con Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos-Filial Oaxaca (LIMEDDH), quien emitió una acción urgente por el violento desalojo, “los agentes policiacos allanaron las casas de los pobladores participantes en el plantón tanto de San José El Progreso como de Magdalena Ocotlán, y temen que suceda lo mismo en casas de las personas que apoyaban el plantón en las poblaciones aledañas”.

“Primero se fueron a la comunidad de San José del Progreso, entraron casa por casa, se estuvieron robando todo. De ahí entraron a la comunidad de Magdalena Ocotlán, donde hay más de 100 compañeros, están cateando casa por casa, golpeando a los niños, a las señoras...”

La LIMEDDH, en su recuento señala que el pasado 17 de marzo, con la presencia del Notario Público No. 98, los pobladores de San José el Progreso y Magdalena Ocotlán, agrupados en la Coordinadora en Defensa de los Recursos Naturales y Nuestra Madre Tierra del Valle de Ocotlán, bloquearon la mina para demandar a la Semarnat la cancelación inmediata de la concesión por provocar daños ambientales, así como contaminar los ríos y mantos freáticos con mercurio, cobre, cianuro y arsénico que se utilizan en la extracción de minerales. Además, han resentido el efecto de las detonaciones de explosivos que han cuarteado sus casas.

La trasnacional canadiense Fortuna Silver Mines, inició los trabajos del “Proyecto San José” en el año 2007, tiene planeado obtener 50 millones de onzas de oro y plata, lo que representa unos 12 mil millones de pesos, sin embargo, los habitantes de la zona se oponen debido a los efectos provocados por la contaminación ambiental y los posibles daños a su salud, sostiene LIMEDDH.

El mismo organismo apunta que los pobladores han denunciado la falta de respuesta por parte de las instituciones responsables del gobierno Federal, así como actos represivos de los operadores de la empresa y autoridades del Municipio en contra de los líderes de este movimiento, además de actos de corrupción como la “compra” de autoridades de varias comunidades, a quienes se amenaza con cancelarles los recursos del ramo 28, si exigen el retiro de las empresas mineras.

Por otra parte, el Colectivo Huaxyacac condenó el uso de la violencia institucional contra los habitantes de San José del Progreso y Magdalena Ocotlán, en un manifiesto distribuido este jueves, las organizaciones de la sociedad civil también se pronunciaron contra las modificaciones y cambios a la legislación mexicana que desde hace más de una década abrieron el camino para que las empresas trasnacionales aplasten brutalmente a las comunidades, en donde la minería extractiva es uno de los ejemplos más crueles.

Las más de 20 organizaciones exigieron la suspensión inmediata de las concesiones de exploración otorgadas a Fortuna Silver Mines ltd, así como los otras concesiones de este tipo en las comunidades de la zona en Santa Catarina Minas, San Jerónimo Taviche, San Pedro Taviche, La Garzona, Praxedis de Guerrero y San Jacinto Ocotlán, así como en todo Oaxaca, que el gobernó federal otorgó “que bajo la máscara del desarrollo, pretenden apoderarse de la riqueza de nuestros pueblos”.

Cabe señalar que el mes abril, durante el Foro Nacional “Tejiendo la Resistencia por la defensa de nuestros territorios”, se dio a conocer que la Secretaría de Economía Federal ha autorizado en Oaxaca concesiones mineras al menos a 10 empresas distintas, entre canadienses y mexicanas. Tan sólo en 2006 y 2007 se autorizaron más de 80 concesiones en Oaxaca, las cuales ya han comenzado a realizar trabajo de exploración.

09/SJ/GG

En este pueblo no hay culpables

nadezhda — Mon, 30 Mar 2009 15:38:41 +0000

El Pescado Original
de Monos de Patricio de Patricio
En este pueblo no hay culpables

A diferencia de la historia de Gabriel García Márquez, En este pueblo no hay ladrones –llevada el cine por el monero, cineasta y nadador Alberto Isaac¬–, en nuestro pueblo sí hay ladrones –¡muchos!– y también hay asesinos, pederastas, mafiosos, traficantes de influencias y muchos etcéteras. Lo que no hay son culpables de los delitos antes mencionados. Los peces gordos, que todos conocemos por nombre y apellido, han masacrado estudiantes, líderes campesinos con todo y familia y comunidades indígenas; han asesinado a disidentes, periodistas, guerrilleros, candidatos a la presidencia ¬–junto con nanas y cuñados–; se han robado la mitad de la partida secreta, el total de los excedentes petroleros, las tres cuartas partes del presupuesto y la otra mitad de la partida secreta; se han autoprivatizado los bienes de la nación, evadido impuestos y han endeudado al país por generaciones; han violado las leyes electorales y cometido fraudes descarados para imponer a sus sucesores en la silla del águila; controlan poderosos sindicatos y manejan los fondos públicos como su caja chica personal. Y aunque todos sabemos quiénes son los maleantes, quiénes estarían encargados de perseguirlos y castigarlos, invariablemente se escudan detrás de argumentos legales para no sancionarlos. Las excusas más socorridas son: A) No estamos facultados, B) El marco legal no define sanción alguna, C) La conducta no está tipificada, D) El plazo legal ya expiró.
El Poder Judicial de la Federación de los Estados Unidos Mexicanos está constituido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral, los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y los Juzgados de Distrito. A nivel local, operan el Jurado Federal de Ciudadanos y los tribunales de los estados y del Distrito Federal. La administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Electoral, están a cargo del Consejo de la Judicatura Federal. En el portal de internet de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se puede leer lo siguiente: Con base en lo señalado por la Constitución mexicana, el Poder Judicial de la Federación representa al guardián de la Constitución, el protector de los derechos fundamentales y el árbitro que dirime las controversias, manteniendo el equilibrio necesario que requiere un Estado de derecho. Dado que en México la Constitución es violada sistemáticamente por todo aquel que tenga poder político y económico e intereses que defender, y que el índice de impunidad alcanza el 98 ó 99%, podemos concluir que el Poder Judicial ni tiene poder, ni protege los derechos de nadie, ni vela por Estado de derecho alguno, por la sencilla razón de que éste no existe. Siendo claro, entonces, que el Poder Judicial no sirve ni servirá jamás para impartir justicia, debemos aplicarle una reforma definitiva, que acerque la letra de la Constitución a la cruda realidad. Como diría el pozolero de Tijuana, vayamos por partes analizando los pasos a tomar:

Redefinir los objetivos del sistema judicial.
La reforma de todo el sistema de justicia debe comenzar por establecer claramente que el objetivo del Poder Judicial en su conjunto no será más el impartir justicia y/o hacer cumplir el Estado de derecho, sino básicamente dar sentido a la vida de cientos de miles de jóvenes que, en vez de estudiar una carrera universitaria o un oficio digno que produzca algún valor para la sociedad, optan por estudiar la carrera de derecho en alguna de las miles de universidades y escuelas especializadas en esta disciplina. Además, el aparato de justicia deberá servir para empelar a miles de compatriotas sin iniciativa y con vocación burocrática, que de otra manera permanecerían desempleados y sucumbirían ante las exigencias de un entorno económico cada vez más competitivo. La misión de las miles de personas que laboren en los tribunales consistirá en almacenar folios y documentos –por triplicado– en bodegas y oficinas cada vez más modernas, jugar póker en las computadoras de la oficina, vender ropa y productos de topergüer a sus compañeros, y mantener entretenidos a los ciudadanos que acudan a esas instancias, quienes deberán realizar una serie de trámites interminables sin objetivo alguno.

Suprema Corte de Justicia de la Nación
La Suprema Corte de Justicia tendrá dos objetivos principales. El primero será debatir los casos delicados y explicar, con lujo de detalle, interpretando creativamente la Constitución o apegándose a la letra de la misma y utilizando palabras y términos rimbombantes, por qué es imposible castigar a nadie por ningún delito. El segundo objetivo de los ministros y ministras de la Corte será alcanzar el volumen corporal del magistrado Salvador Aguirre Anguiano. Mientras debaten, argumentan y pontifican, sus señorías deberán ingerir millares de calorías, cortesía de los restaurantes que tengan a bien patrocinar el show. Todo esto sería transmitido por el canal judicial, que de esta manera contaría con un reality show único en el mundo– se podría llamar ¿Cuánto quieres ganar?– , en el que la glotonería, la erudición y la impunidad harían las delicias de las masas sedientas, ya no de justicia, sino de entretenimiento.

Los tribunales
Los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, los Juzgados de Distrito y los tribunales de los estados y del Distrito Federal se convertirían en casas de subastas, en donde los fallos se otorgarían al mejor postor. O sea, igualito que ahorita, pero sin tapujos ni simulaciones vergonzantes.

Juicios Orales
En casos extremadamente difícles, en los que exista un empate entre los postores, o cuando el juez –o jueza– ande con necesidades y urgencias propias de la carne humana, se podrá recurrir al juicio oral. Los solicitantes de justicia gratificarán, por turnos, al magistrado(a), y éste decidirá cuál de ellos es el ganador.

Tribunal Federal Electoral
A diferencia de lo que hoy sucede con el TRIFE –que establece con dos o tres años de dilación qué actores políticos violaron la ley electoral y las razones por las que no se les puede sancionar–, este tribunal tendrá, como única tarea, dirimir las diferencias que surjan durante los comicios infantiles que se realizan cada vez que hay elecciones federales.
Para concluir, buscando siempre la simplificación administrativa, la eficiencia y la excelencia, proponemos seguir los sabios consejos del flaco de oro, y dejar el castigo de los criminales y malhechores a dios nuestro señor.

http://monosdepatricio.blogspot.com/atom.xml
http://monosdepatricio.blogspot.com/2009/03/el-pescado-original.html

Embestida del gobierno contra las radios comunitarias y sociales, denuncia senador

Juan_Maltiempo — Sun, 15 Mar 2009 15:34:28 +0000

De la Jornada en línea del 15 de marzo de 2009

* Las instalaciones son clausuradas con brutalidad y se decomisa el equipo: Carlos Sotelo

* Gobernación es parte del problema, ya que tiene secuestrados expedientes de las emisoras, dice

Andrea Becerril

El gobierno federal ha lanzado "una embestida" contra radios comunitarias y sociales, muchas de ellas índígenas, que no sólo incluye la clausura violenta de las instalaciones y el decomiso del equipo, sino el ejercicio de acción penal contra sus representantes, denunció el legislador perredista Carlos Sotelo.

Presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía del Senado, Sotelo advirtió que parte del problema es que Gobernación no ha dado trámite a las solicitudes de decenas de estaciones de radio para que se les expida el permiso de operar.

A pesar de que cumplen con los requisitos, señaló, la dependencia que encabeza Fernando Gómez Mont mantiene "secuestrados" los expedientes, como lo ha hecho también con el canal de televisión del Congreso.

Sotelo demandó a las autoridades federales "una especie de tregua" con el fin de suspender los cierres de estaciones de radio para dar paso a su regulación, ya que de lo contrario podrían estallar conflictos sociales, toda vez que se trata de pequeñas emisoras con arraigo en las comunidades, contra las que la autoridad ha emprendido la aplicación selectiva de la ley, a fin de desaparecerlas.

Acompañado por el presidente de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, Carlos Aparicio, el legislador aseveró que en Guerrero, Oaxaca y Chiapas la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) llevaron a cabo antes del cierre de las estaciones el decomiso del equipo y acciones de tipo civil.

Sin embargo, durante este año los cierres han sido violentos, "brutales", como es el caso de dos radios comunitarias de la zona purépecha de Michoacán, donde se presentaron más de cien agentes federales para allanar, cerrar las instalaciones y amagar a quienes ahí laboraban.

Silencian programa infantil

El caso más reciente, detalló, es el de la estación Tierra y Libertad, de Monterrey, donde un fuerte contingente policiaco se presentó durante la transmisión de un programa infantil y cerró la emisora, con más de siete años de operar.

Pero no sólo ello, agregó, se fincaron además responsabilidades penales a Héctor Camero, responsable del proyecto radial.

Ello, debido a que en lugar de aplicar la Ley Federal de Radio y Televisión, que es la que opera en caso de que no tengan los permisos legales correspondientes, han esgrimido la Ley General de Bienes Nacionales, para poder perseguir a quienes están al frente de esas radiodifusoras.

El gobierno mexicano pasa por encima de convenios internacionales que ha signado y en los que se establece el derecho de las comunidades y pueblos indios y de otros grupos a contar con medios de comunicación, acusó.

Sotelo señaló que hay además "una represión selectiva", ya que operan, también sin permisos, muchas radiodifusoras religiosas y otras de gobiernos locales del PRI y el PAN, contra las que no hay ningún operativo.

Pareciera, expuso, que la autoridad sigue los dictados de empresarios del ramo que demandan: "Ciérrame ésta o cállame aquélla".

El problema de fondo, explicó, es que el Congreso no ha legislado, como lo ordenó la Suprema Corte de Justicia, luego de que invalidó la llamada ley Televisa, y la demora se debe a que algunas fuerzas políticas no se deciden a enfrentar a las televisoras.

Sin embargo, afirmó, el PRD va a proponer que mientras se da el consenso para una reforma integral de la Ley Federal de Radio y Televisión, se legisle en torno a las radios comunitarias y sociales, a fin de que haya un marco jurídico que les dé certeza.

Además insistirán en que se frenen los operativos policiacos y Gobernación "deje de ser omisa" y libere los expedientes, con el fin de que la Cofetel dictamine sobre los muchos permisos de operar pendientes desde hace años.

La crueldad contra los seres vivos

nadezhda — Mon, 02 Mar 2009 16:16:00 +0000

Milenio
Carlos Monsivais

Domingo, 1 Marzo, 2009

El 24 de febrero de 2009 entre cinco y seis de la tarde un comando de encapuchados armados irrumpen en un departamento del fraccionamiento Alborada Jaltenco y asesinan a machetazos y con tubos a cerca de 37 perros y gatos. La vivienda la ocupa un protector de animales, Javier Cervantes Hernández de 30 años de edad que no se encontraba en la vivienda en el momento de la agresión. Según los vecinos, los encapuchados (cuatro vestidos de negro y dos de civil) lanzaron los cadáveres de los animales a la camioneta, además de intimidar y golpear a las personas que intentaron detener la matanza. Los muros y pisos de la casa estaban llenos de sangre.

En el domicilio quedaron con vida seis animales, que fueron rescatados la tarde del viernes por integrantes de sociedades protectoras, ya que el resto de gatos y perros sobrevivientes al parecer huyeron, aunque los integrantes de sociedades protectoras afirman que en total fueron asesinados 37 animales. En el domicilio se encontraron en el refrigerador los cuerpos de al menos seis perros y cuatro gatos, algunos de ellos destazados; los animales todavía tenían piel.

* * *

Según el alcalde de Jaltenco, Germán Romero Lugo, del PRD, desde hace tres años vecinos de Alborada Jaltenco se quejaban de la situación, ya que el excremento de los perros producía mal olor y moscas, por lo que el ayuntamiento inició un procedimiento contra Cervantes Hernández, por presunta violación a la Ley de Condóminos de la entidad, al tener animales en su departamento. A las acusaciones contra Cervantes, Patricia Rico Rodríguez, de Animales Desamparados, A C, dijo que Cervantes Hernández “dejaba de comer” para atender a los perros y gatos que recogía en las calles, enfermos o que habían sufrido algún tipo de maltrato.

* * *

Un amigo de Cervantes Hernández, Héctor José Urdapilleta, muy golpeado, narró su experiencia dramática “me llamó Javier para decirme que un vecino le había avisado que estaban matando a sus perros. Corrí hasta el departamento de Javier y fui recibido por personas de negro, encapuchados, con armas largas, machetes, y tubos. Les pedí que dejaran de golpear y machetear a los perros. ‘¿Eres el dueño de los perros? no, pero son de un amigo y vine a ver qué pasaba’. En ese momento me metieron al departamento y me empezaron a golpear con los tubos y a patadas. ‘Sabes que estás metido en un grave problema’, me dijeron los encapuchados, al mismo tiempo que me tiraron donde estaban agonizantes los perros. Alcancé a ver a Tomás, un perro que gritaba desgarradoramente por el dolor de sus heridas. Alcancé a ver a otro perrito que al huir, de un machetazo le cortaron una patita y a pesar de eso siguió corriendo. Eso es lo que quieres, pues eso tendrás, y me aventaron sobre los perros masacrados. Me oyeron llorar por no poder hacer nada por los perros. Les grité a los vecinos, y todos se quedaron callados. Afuera estaban policías municipales impidiendo entrar a nadie. Junto con los animales destrozados, me subieron a una camioneta y no me permitían subir la cabeza, con las botas me la bajaban, quedando totalmente empapado en sangre de los perros. Al ver llegar a la policía estatal, sentí un gran alivio, pensé que me rescatarían, tengo muchos amigos en la policía estatal, pero no hicieron nada. Me amarraron con cinta canela los pies y manos y me llevaron al MP quien no encontró ninguna razón para consignarme, por lo que me volvieron a subir a la camioneta y me fueron a tirar hasta una pequeña barranca no muy lejos de aquí. Desde ahí me regresé caminando y aunque son las dos de la mañana, estoy vivo”

* * *

Un grupo de defensores de los animales acudió en la madrugada al rescate de los sobrevivientes, varios de ellos fueron golpeados y todos maltratados verbalmente. Se salvaron 17 perros. El licenciado David García Ayala acompañó a las cuatro de la mañana a Cervantes Hernández a levantar la demanda en Tultitlán. Hasta el momento las autoridades han insistido que actuaron así por demanda de los vecinos.

* * *

Se puede insistir, de acuerdo con la normatividad, en las infracciones cometidas por Cervantes Hernández y la inconveniencia de tantos perros y gatos en un espacio reducido. Pero no se utilizó lo debido: un procedimiento administrativo, y lo que se hizo es de un salvajismo tal que nulifica las sórdidas explicaciones del edil perredista y explica perfectamente la jactancia de estas autoridades incapaces de entender los significados de la crueldad y las consecuencias de ese trato dirigido contra seres vivos. Esto aquí es lo principal. Lo que narra Urdapilleta es una escena intolerable en varios sentidos, y trasciende el “sentimentalismo” atribuido a los amantes de los perros y gatos. En efecto, y esta es mi convicción, los animales tienen derechos y negar que sufren y reírse de este sufrimiento es, como se le quiera ver, otra prueba de la deshumanización. El ser humano no puede ni debe celebrar el dolor infligido a seres vivos, ni tiene sentido negar que tal insensibilidad se traslada luego y con fuerza a la furia contra seres humanos.

En México, uno de los países en donde las corridas de toros se elevan al rango de “arte taurino”, en cabal y feliz ignorancia de lo que significan los preparativos de las corridas y la falsa “igualdad de oportunidades” para el toro y el torero, se ha visto recientemente el aplauso dedicado a un niño que a los once años ya incursiona en esa matanza “artística”. Se ha protestado, y con toda justicia contra el trato de los animales en los circos, y los dueños han emitido declaraciones donde la hipocresía anda en el trapecio. Esto para no hablar de las condiciones de los rastros ni del trato infligido por los encargados de los antirrábicos a los animales callejeros. Se alaba e incluso se califica de “conveniente” la crueldad, no importa, está bien porque se aplica a seres irracionales, y en época de crisis a quién le importa lo que le suceda a todo aquello que pertenece al rumor de lo “inhumano”. Por eso, no obstante las movilizaciones de los defensores de los derechos de los animales, lo casi seguro es la inexistencia noticiosa de este acto aberrante en Jaltenco, con todo y el desvarío explicativo del alcalde perredista. Pero cada vez se aclara más un hecho: la crueldad contra seres vivos es parte del proceso educativo en la deshumanización.

http://www.milenio.com/node/176071
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http://www.petitiononline.com/jalt2009/petition.html

cmonsivais@milenio.com

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Otro desalojo violento en Morelos; enfrentamiento deja 10 heridos

Juan_Maltiempo — Fri, 10 Oct 2008 14:58:44 +0000

Pues ni que decir...

¿cuáles son los métodos (efectivos) que tiene un grupo de padres de familia simpatizantes al magisterio para que sean a tendidas sus demandas?

Y no me vengan con el estado de derecho, que todos sabes que sólo aplica cunado si transgreden los intereses de don dinero.

Se recrudece el conflicto magisterial

Apoyados con tanquetas, cientos de soldados, junto con policías federales y estatales de Morelos, se desplegaron en el poblado de Xoxocotla, municipio de Puente de Ixtla, para desalojar a colonos que bloqueaban desde hace 11 días la carretera federal Cuautla-Jojutla. En Oaxaca, Michoacán y Chihuahua hubo movilizaciones para exigir que cese la represión contra profesores Foto Margarito Pérez/ Diario de Morelos

Fotode la portada de la jornada en línea del viernes 10 de octubre de 2008

De la jornada en línea del viernes 10 de octubre de 2008

Pobladores de Xoxocotla chocan con policías y militares; hay 16 detenidos

■ El Congreso de la entidad suspendió actividades a fin de evitar que maestros ocuparan la sede

Rubicela Morelos Cruz (Corresponsal)

Ampliar la imagen Desalojo en la comunidad de Xoxocotla este jueves Desalojo en la comunidad de Xoxocotla este jueves Foto: Diario de Morelos / Margarito Pérez

Cuernavaca, Mor., 9 de octubre. Unos 2 mil integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), así como las policías Federal Preventiva (PFP) y estatal desalojaron violentamente a padres de familia del pueblo de Xoxocotla, municipio de Puente de Ixtla, que desde hace 11 días bloqueaban la carretera federal Cuautla-Jojutla, con saldo de 10 heridos, 16 detenidos, entre ellos, la regidora perredista Rosalinda Beltrán Salgado, y automóviles y mototaxis destrozados.

Desde el 29 de septiembre, los pobladores ocupaban la entrada de Xoxocotla, que se ubica a unos 40 minutos de la capital del estado, en demanda de que el gobernador, el panista Marco Antonio Adame, diera respuesta a los maestros que se encuentran en paro y comenzara el ciclo escolar de sus hijos.

Este jueves las fuerzas policiacas cumplieron tres días consecutivos de desalojos a maestros y padres de familia que los apoyan: el martes en el poblado de Tres Marías, el miércoles a los de la Unión de los Pueblos de la Zona Oriente y ayer a los Xoxocotla, padres de familia que se han manifestado contra la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE).

En el desalojo en Xoxocotla, los uniformados arremetieron contra hombres, mujeres, adolescentes y niños durante más de dos horas; los inconformes respondieron lanzando cohetes, piedras, llantas y bombas molotov.

Al igual que en Amayuca, municipio de Jantetelco, en el oriente de la entidad, las corporaciones policiacas utilizaron helicópteros para lanzar gases lacrimógenos y realizaron cateos en las viviendas más cercanas de la vía federal para detener a algunos lugareños.

Resistencia de habitantes

Los militares y policías no lograron apaciguar a los inconformes, quienes si bien ya habían abandonado la carretera federal, continuaban repeliendo a los uniformados desde distintas calles de la población. Lo que provocó que llegaran más elementos de las fuerzas federales a partir de la tarde y noche.

La incursión policial a Xoxocotla, al sur del estado, tuvo éxito en su tercer intento, ya que en la primera, ocurrida la noche del miércoles, los habitantes rodearon y retuvieron a cuatro agentes federales que más tarde liberaron, a cambio de que las efectivos se replegaran y no intentaran desalojarlos.

Minutos después de que los policías fueron retenidos, más integrantes de la PFP se trasladaron al sitio del bloqueo a la carretera federal Cuautla-Jojutla, reforzados por centenares de militares, y luego de un diálogo lograron la liberación de los uniformados.

A la una de la mañana de este jueves intentaron nuevamente el desalojarlo, acompañados también de cientos de soldados que se trasladaban en tanquetas y en camionetas Hummer. Esta vez no encontraron a los pobladores en el lugar del bloqueo, por lo que el despliegue policiaco tuvo que ser retirado de Xoxocotla después de las tres de la madrugada.

A las 11 de la mañana, los habitantes de la comunidad volvieron a cerrar la vialidad federal, que comunica con la ruta de los balnearios de la sur de la entidad.

Esto provocó el nuevo despliegue militar y de agentes estatales y federales, que despejaron la carretera, pero hasta el cierre de esta edición no había circulación de vehículos debido a que las unidades y agentes policiacos se mantenían apostados allí.

De los 49 detenidos en el desalojo en la comunidad de Amayuca, la mañana de este jueves fueron liberadas cinco mujeres y cuatro menores de edad. Los 40 restantes continúan en la delegación de la Procuraduría General de la República en Cuernavaca.

Reportan desaparecidos en Amayuca y Xoxocotla

Familiares de al menos cinco habitantes de ese poblado fueron reportados como “desaparecidos, pues no están entre los que se encuentran detenidos”, dijeron.

Por la noche, pobladores de Xoxocotla denunciaron también que algunos de sus familiares no han podido ser localizados y su cifra de detenidos en el desalojo más reciente era superior a los 16 que reconoció el gobierno de Morelos.

En Cuernavaca, durante la mañana, hubo tres marchas de maestros que partieron de distintos puntos rumbo al primer cuadro, en repudio a los desalojos.

En las tres participaron representaciones de docentes de Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Distrito Federal, entre otras entidades.

Luego en un mitin informaron que en apoyo de los maestros de Morelos y en solidaridad con las personas detenidas en las acciones policiacas, en Oaxaca y Michoacán se suspendieron las clases de manera indefinida para exigir “solución al conflicto magisterial, cese a la represión”. Las protestas de los mentores concluyeron antes del mediodía; tiempo después comenzó el desalojo en Xoxocotla.

Para impedir que fuera tomado por los maestros, el Congreso local suspendió actividades y fue sitiado por policías estatales. Más tarde, en un acuerdo entre profesores y comerciantes del primer cuadro, los primeros desalojaron las calles que ocupaban desde el 20 de agosto.

Según los maestros, los comerciantes ofrecieron que iban a intervenir ante el alcalde de la capital, Jesús Giles Sánchez, para que éste a su vez pida al gobernador panista, Marco Antonio Adame, que solucione el conflicto magisterial.

Los docentes instalaron sus casas de campaña en la explanada de las Armas –ubicada frente al palacio de gobierno–, que mantienen tomada desde el 19 de septiembre. Este viernes los maestros de la sección 19 del SNTE cumplieron 54 días en paro de labores en rechazo a la ACE.

¿No pueden?

gwolf — Tue, 23 Sep 2008 15:26:39 +0000

Publicado hoy en la columna de Pedro Miguel en La Jornada

Pedro Miguel
navegaciones@yahoo.com • http://navegaciones.blogspot.com
¿No pueden?

“A mí no me culpen: yo no voté por el PRI”, rezaba una consigna de inspiración panista que algunos pegaban en sus automóviles hace casi tres lustros, cuando la ineptitud monumental de Ernesto Zedillo (el que sabía “como hacerlo” para dar “bienestar a tu familia”) y la herencia podrida del salinato se conjugaron para desatar la peor crisis económica de cuantas padeció el país en el siglo pasado.

Un deslinde mucho más enérgico podría aplicarse ante la catástrofe de seguridad pública que Felipe Calderón ha desatado en menos de dos años de gobierno, sólo que ahora resulta irrelevante que en 2006 hayas votado o no por el PAN: los votos no se contaron bien y el designio del poder público era impedir a como diera lugar la llegada de López Obrador a la Presidencia e imponer la continuidad, en la persona del michoacano. Éste, “haiga sido como haiga sido”, fue convertido en jefe máximo de las corporaciones policiales y de inteligencia del país, comandante supremo de las Fuerzas Armadas y encargado superior de la seguridad pública y de ejecutar las leyes que hay. Da pena tener que recordarlo, pero la responsabilidad política y administrativa por la descontrolada violencia delictiva corresponde a quien está a cargo de tales funciones.

Por incapacidad o por designio –él y sus allegados lo sabrán, tal vez–, el quehacer gubernamental en materia de combate a la delincuencia ha tenido el efecto contraproducente de multiplicar y exacerbar, en estos casi dos años de pesadilla, las manifestaciones criminales hasta llegar alpunto en el que un grupo de matones, con o sin vínculos en algún nivel de la administración pública, decide masacrar a civiles inermes en la ciudad natal del propio Calderón, a la vista de todo mundo, ante las cámaras y en vísperas de la que sigue siendo, por encima de los aparatosos operativos televisables, la principal demostración pública de la fuerza del Estado.

El atentado fue precedido por otras atrocidades crecientes y marcó el principio de una nueva etapa en el intercambio de mensajes horrendos que tiene lugar en una clave que escapa, no hay que hacerse ilusiones, a la comprensión del grueso de la ciudadanía. Si las ejecuciones, las decapitaciones, las narcomantas y las granadas contra la muchedumbre son una manera de pedir que cesen los dispositivos policiaco-militares, si expresan exigencias de que se deje de brindar protección oficial al cártel de los contrarios o si son una simple forma sádica de solazarse exhibiendo la debilidad del Estado, Calderón Hinojosa, Medina Mora, García Luna y Mouriño Terrazo habrían tenido que averiguarlo (si es que no lo saben desde el principio) y detenerlo, que para eso cobran, y mucho, y para eso disponen de recursos casi ilimitados.

Ya no está claro si asistimos al fracaso de una estrategia de seguridad o al éxito rotundo de una estrategia de inseguridad, pero el calderonato carece de autoridad moral para corresponsabilizar a la sociedad y para exigirle que se convierta en un cuerpo parapolicial de soplones. Por si no bastara, ahora resulta –eso deslizan o afirman sin rubor Calderón y sus opinadores– que quien no esté a favor de la sangrienta chambonería gubernamental es algo así como cómplice pasivo de los Zetas o traidor a la patria. Ah, y que El Peje tiene la culpa del desbarajuste. ¿Así o más?

La pavorosa inseguridad se suma al entreguismo gubernamental y al empecinamiento en una política económica que además de antipopular ha resultado ser muy torpe. El desastre consiguiente justifica sobradamente la búsqueda de mecanismos institucionales para remover a unas autoridades que han mostrado con creces su incapacidad, y no hay en esto afán golpista ni desestabilizador: la desestabilización corre a cargo del actual gabinete y las conjuras para sacar a Calderón de Los Pinos, si las hubiera, serían tarea de quienes lo pusieron allí y quienes, llegado el caso, no tienen inconveniente en atropellar la institucionalidad.

Ellos tampoco están contentos y se han sumado a la consigna legítima y doliente de Alejandro Martí –“si no pueden, renuncien”–, a quien nadie hasta ahora ha acusado de buscar el derrocamiento. Y sin embargo, no hay diferencia de sustancia entre lo dicho el 20 de agosto por el padre de un joven asesinado y lo que expresó el líder de la resistencia civil el 15 de septiembre. Salvo por el condicional “si no pueden”, a todas luces retórico, porque no pueden o no quieren (ellos sabrán) hacer su tarea.

Ejército y Estado de derecho

gwolf — Tue, 23 Sep 2008 02:01:03 +0000

De la columna publicada hoy en El Financiero por Samuel Schmidt:
Ejército y Estado de derecho
Samuel Schmidt
Lunes, 22 de septiembre de 2008

Uso mi derecho de opinión con el temor
de escribir en un país donde la ley
es letra muerta

Se desarrolla un operativo mixto entre el Ejército, la policía estatal y la municipal en un hotel de paso. No se informa que hayan logrado nada como resultado del mismo: no hay sustancias ilegales ni detenidos, pero unos jóvenes denuncian haber sido torturados y muchos de los detenidos haber sido despojados de sus pertenencias.

Las fuerzas gubernamentales distraen a la opinión pública diciendo que el hotel es de un diputado federal, siendo que el inmueble es de la familia del diputado desde antes que este soñara con ser legislador. Pero si fuera del mismo, ¿es delito poseer un hotel?

Qué lástima que los medios en Ciudad Juárez trataran de crucificar al legislador y qué desgracia que el gobierno enfoque sus baterías en la dirección equivocada para ocultar lo errático de su conducta y sus acciones.

Un perito en criminalística sufre el allanamiento de su casa por militares y denuncia que éstos robaron todo lo que encontraron a su paso, incluyendo información profesional derivada de sus peritajes.

Sostiene que su "crimen" fue haber realizado varios peritajes donde tomó las huellas digitales de soldados, y uno que es suspicaz, piensa que el robo de las pruebas tal vez era para borrar las evidencias que el perito pudo haber encontrado. Nadie se encuentra a salvo y mucho menos aquellos que hayan pisado algún callo militar.

Un periodista en el noreste de Chihuahua denuncia en sus trabajos periodísticos abusos del Ejército, su casa es allanada, quemada, es llevado ante un comandante y amenazado de muerte. Tuvo que huir hacia Estados Unidos para salvar la vida. La Procuraduría del estado y la Comisión Nacional de Derechos Humanos supieron guardar silencios muy convenientes para no molestar a quien al parecer manda en el país.

Siete muertos en la ciudad serrana de Creel en Chihuahua; el gobierno acusa al narco, pero las dos pandillas en pugna niegan haber cometido el crimen al culparse una a la otra. Si los narcos no fueron los culpables, ¿quién fue? La sociedad le exige cuentas a la procuradora y le dice que "si no puede, que renuncie". El silencio se establece como respuesta a los crímenes, falló la maniobra de culpar a los narcos y posiblemente la respuesta sea desagradable.

El 75 por ciento de los policías de Ciudad Juárez reprobaron el examen de confianza, y el municipio piensa despedirlos y reemplazarlos con soldados, así que podemos esperar un ascenso en el nivel de abuso. ¿Esperamos acaso mil 200 nuevos delincuentes en la calle ahora sin uniforme?, ¿podrán entrenar a los soldados para que se comporten con decencia frente a la ciudadanía?

Un politólogo me dice: "Juárez es la única ciudad del país adonde uno llega para encontrar soldados haciendo una revisión de equipaje." Hay retenes y caravanas de vehículos militares cuya inutilidad es evidente, porque los crímenes y delitos continúan, inclusive se han elevando desde que los militares llegaron a la ciudad; en cambio, se ha desarrollado un nuevo miedo, ahora contra los uniformados de verde.

El hecho incontrovertible es que estas acciones violan la Constitución, porque el presidente no ha declarado la suspensión de las garantías constitucionales y los soldados cumplen funciones de policías preventivos, fiscales y de abuso de tiempo completo.

Ya se han realizado manifestaciones en Michoacán y en Ciudad Juárez en contra del Ejército, pero los jerarcas militares y los políticos parecen prestar caso omiso a la protesta.

Abundan las noticias sobre allanamiento de morada, asalto y saqueo de las casas allanadas. Se menciona que los soldados desvalijan cocinas y alacenas, porque al parecer no les dan de comer y se les hace fácil tomar lo que se encuentran, pero según los agraviados, también se llevan joyas.

Hay quien menciona que si uno pasa por un retén, y a los militares les gusta el celular, seguramente se lo llevarán. Parecen una marabunta verde que asuela todo a su paso. La justicia se encuentra muy lejos de los militares, o ¿estos están por encima de la ley?

Frente al asesinato ya frecuente en el país, la posición del gobierno es que se trata de narcotraficantes, lo que automáticamente anula las investigaciones, pero se puede manejar como hipótesis que algunos de los asesinatos pueden deberse a autoridades policiacas y militares, lo que eleva el conflicto y su manejo a otra dimensión.

El tema central en este asunto es el desvanecimiento del Estado de derecho y el sometimiento de las instituciones y, por supuesto, de la sociedad a una razón de Estado que violenta las muy pocas libertades de las que gozan los mexicanos. El gobierno consolida cada día una vía que se aleja de la democracia, con el muy peligroso argumento de que es para brindar seguridad.

El Fisgón

gwolf — Mon, 25 Aug 2008 15:45:15 +0000

El Fisgón nos explica por qué este Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Legalidad y la Justicia sí va a ser exitoso... no como los anteriores.

Diálogo de sordos

Juan_Maltiempo — Sun, 04 May 2008 18:59:04 +0000

Que extraños tiempos nos tocan, por un lado un grupo armado que desea dialogar.... ¿qué?; por el otro un gobierno espurio que les exige la rendición.

Permitanme los sospechosismos, todo esto es muy extraño.

* Supuestamente, el EPR comunica su intención de dialogar... el paradero de sus dos desaparecidos militantes, proponiendo a un grupo de intelectuales.. ¿dialogar qué?.

* Enterrada entre las notas el ejercito detiene al primo de URO (si, el dictador Oaxaqueño), acusándole del asesinado de los dos desaparecidos.

* Aceptan los intelectuales

* Acepta el gobierno espurio, pero si el EPR deja las armas y si dejan de lado a Máma piedra.

JAAAA, esa si es disposición al diálogo.

En el fondo, el gobierno no quiere hablar de los desaparecidos: Ibarra

De la Jornada en línea del 4 de mayo de 2008
■ La senadora responde al veto a su participación en diálogo con el EPR

■ Ofrece retirarse del grupo de mediación para no dificultar el proceso

Blanche Petrich

Ampliar la imagen Integrantes del Ejército Popular Revolucionario durante un acto de 1996 en Aguas Blancas, Guerrero, para recordar la matanza de 17 campesinos Integrantes del Ejército Popular Revolucionario durante un acto de 1996 en Aguas Blancas, Guerrero, para recordar la matanza de 17 campesinos Foto: Francisco Olvera

Ante el veto del gobierno federal a la presencia de la senadora Rosario Ibarra en el grupo de mediación que propuso el Ejército Popular Revolucionario (EPR), hasta el momento manifestado en forma extraoficial, la legisladora expresó: “no quiero, de ninguna manera, ser un estorbo. Si mi participación implica dificultar el diálogo, me hago a un lado”.

No obstante, dijo que “antes debo tomar en cuenta la opinión de mis compañeros del grupo, por respeto. Ellos, todos gente muy seria y comprometida (Samuel Ruiz, Miguel Ángel Granados Chapa, Carlos Montemayor y Gilberto López y Rivas), fueron muy claros en considerar inaceptable el veto” en la reunión sostenida el jueves pasado.

La también presidenta de Eureka, organización que ha encabezado históricamente la lucha por la aparición con vida de los secuestrados-desaparecidos, respondió al argumento que esgrimieron fuentes de la Secretaría de Gobernación consultadas por la reportera Fabiola Martínez (2 mayo 2008), en el sentido de que la participación de la senadora del PRD podría representar un conflicto entre las fuerzas políticas.

“En primer lugar –dijo a La Jornada–, nunca he pertenecido a ningún partido; ni al Partido Revolucionario del Trabajo, al que representé como candidata a la Presidencia, ni al PRD. Reconozco también que, ante el asunto de los desaparecidos, yo no puedo ser imparcial. Este es, sin matices, un crimen de Estado. Y el gobierno sabe muy bien que mientras me quede un hálito de vida no dejaré de luchar por ellos. Porque yo sé lo que es que te arranquen de esa manera a un ser querido. Lo que creo es que el gobierno no me quiere en el grupo porque en el fondo no quiere discutir del tema de las desapariciones.”

La defensora de derechos humanos recordó que, aunque Gobernación no lo reconoce, lo que motivó la propuesta de una mesa de negociación con una instancia mediadora fue determinar el paradero de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Cruz Sánchez, los dos líderes del EPR. El primer paso del grupo armado en este sentido fue su comunicado del 24 de abril, fechado en Querétaro. La propuesta incluía al Frente Nacional contra la Represión (FNCR), pero no consideraba a la senadora Ibarra de Piedra.

También en entrevista, Enrique González Ruiz explicó que el FNCR decidió nombrarlo a él, a Juan de Dios Hernández y a Rosario Ibarra como representantes del frente. “Fue un debate a fondo. Hubo reservas, por considerar que la posición de Felipe Calderón es poco confiable y por temor de ser utilizados para legitimarlo. Pero decidimos correr el riesgo, si con nuestra participación logramos avanzar en la solución del problema de los desaparecidos. También consideramos la advertencia del EPR del 22 de abril, respecto a que estaba en alerta y que continuaría su campaña de acciones armadas para lograr la aparición con vida de sus compañeros. Pensamos que había que buscar todos los caminos para que no se dieran acciones violentas”. Expresó que si su presencia es un obstáculo para que la negociación llegue a buen puerto, “me hago a un lado”.

De todas maneras, el papel del grupo mediador aún es muy incierto, ya que en un comunicado del 29 de abril, el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, se pronunció por un rol de “testigos sociales”, mismo que fue rechazado por los mediadores.

Históricamente, la relación de las organizaciones precursoras del Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario con Rosario Ibarra y Eureka han sido distantes y tensas. En los 70, el Procup –una de las organizaciones troncales de lo que hoy es el EPR– formó un frente de defensa de las víctimas de la represión en la época alterna al primer FNCR que formó la dirigente de Eureka. Ayer, sin embargo, Rosario Ibarra recibió un aval del grupo Tendencia Revolucionaria-Ejército del Pueblo (una vieja escisión del PDRP-EPR).