La no sustentabilidad de la nueva Ley del ISSSTE
Submitted by nadezhda on Dom, 05/13/2007 - 22:11
El Financiero
Dr. Roberto Escalante Semerena
Viernes, 11 de mayo de 2007
Una de las primeras acciones importantes en materia de reformas realizadas por el gobierno de Calderón, ha sido la aprobación del nuevo sistema de pensiones del ISSSTE. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha dicho que la reforma al régimen de pensiones del ISSSTE permitirá consolidar un sistema nacional de seguridad social con muchos beneficios, tanto para los trabajadores como para México.
Se afirma que "permitirá que el gobierno preste un mejor servicio para sus trabajadores y la solvencia de largo plazo de México hará que el riesgo-país disminuya y que, en consecuencia, existan mejores condiciones al crédito para los trabajadores y para los mexicanos en general".
Con el nuevo sistema, las pensiones se administran mediante cuentas individuales a través de una Afore pública y se incorporan componentes privados, tales como cuentas de ahorro.
En este contexto, la reforma del sistema de pensiones del ISSSTE ha sido justificada bajo el argumento de que no sólo salva de la quiebra a la institución, sino que también garantiza su viabilidad financiera hacia el futuro. El diagnóstico que ofrece el gobierno lleva a la conclusión de que es necesario migrar a un sistema de cuentas individuales, que procure correspondencia entre aportaciones personales y beneficios, en el que la pensión sea igual a las contribuciones que cada trabajador realice durante toda su vida laboral más los intereses generados en ese lapso.
La experiencia internacional no muestra evidencia favorable para este tipo de régimen de pensiones. En las últimas décadas, algunos países de América Latina han efectuado reformas a sus planes nacionales de jubilación que implican trasladar la base de sustentación del sistema desde la responsabilidad social a la individual.
Estas naciones redujeron el componente público de régimen de pagos con cargo a los ingresos corrientes e incorporaron componentes privados, tales como cuentas de ahorro obligatorio privadas e individuales y planes voluntarios de pensiones privadas, con lo cual crearon un sistema de pensiones de múltiples pilares.
Chile fue precursor de estas reformas cuando en los ochenta introdujo cuentas de jubilación individual, ejemplo que siguió Perú a principios de los noventa y posteriormente Argentina y más tarde Colombia. Si bien cada país aplicó el sistema con una serie de adaptaciones a sus propias circunstancias, estas reformas estructurales tenían en común algunos objetivos centrales y estrategias comunes, tales como la sustentabilidad financiera al sistema nacional de pensiones, que el pago de las pensiones públicas fuera más equitativo, la diversificación de las fuentes de ingresos para jubilación y una correcta administración de las cuentas individuales.
De esta manera, con las reformas en la política de pensiones de esos países, se esperaba que los cambios resultaran en otros beneficios, como la profundización de los mercados de capitales internos, que a su vez ayudaría a desarrollar el sector financiero de cada país. Sin embargo, los resultados no han sido del todo alentadores.
En efecto, los costos de transición que implicaba cambiarse al nuevo sistema fueron más altos de lo esperado. Esto complicó gravemente las finanzas gubernamentales en los países que no se habían preparado adecuadamente para enfrentar estos costos.
En el caso chileno, las consecuencias para el fisco de sustituir un sistema de reparto por uno de capitalización individual, según información de las Estadísticas sobre las Finanzas Públicas, reportan que el costo ha representado para el país 3.5 puntos del PIB, durante los primeros 19 años de su puesta en operación.
Asimismo se observa ahí que el déficit transicional total alcanzó a 5.5 puntos del PIB en 1999, y en lo que va de la reforma al sistema de pensiones chileno, los aportes estatales directos fueron 3.2 por ciento del PIB en la década de los ochenta y 3.8 en los noventa, observándose un aumento del costo directo para pagar las pensiones en curso.
Otra deficiencia fundamental en el sistema chileno, que el presente gobierno pretende modificar, es que el cálculo hecho para conocer la capacidad de las cuentas individualizadas para pagar las necesidades fundamentales de los pensionados, arroja que éstas, las pensiones, en promedio podrán cubrirlas por espacio de diez o 15 años, en los mejores casos.
Correo-e: semerenaservidor.unam.mx
Director de la Facultad de Economía de la UNAM.