Excélsior

Horizonte polí­tico
Por: José Antonio Crespo

Todos saben que en un sistema polí­tico como el mexicano, donde los grandes consorcios mediáticos pueden influir desproporcionadamente sobre la opinión pública e intención polí­tica del electorado, en tiempo de comicios adquieren una fuerza mayor de la que por sí­ ya detentan. Candidatos, legisladores y partidos se pliegan casi sin chistar a los dictados de los directivos televisivos y radiofónicos. La "democracia" en este ámbito significó un cambio sustancial; antes los dueños de los medios eran soldados del Presidente (como lo dijo El Tigre Azcárraga con todas sus letras); ahora, el Presidente de la República y también otras instituciones formales, como los partidos y el Congreso son hoy los soldados de los capos mediáticos. Lo cual quedó muy claro durante la gestión y aprobación de la Ley Federal de Radio y Televisión (mucho antes de que Santiago Creel nos lo comunicara). Un indicio de lo que vendrí­a con dicha ley lo vimos cuando los tres candidatos más importantes, al igual que el presidente Fox, desfilaron a la casa de veraneo de Emilio Azcárraga Jean, en Valle de Bravo, porque éste querí­a hablar con ellos pero sin abandonar su lugar de recreo. Era más fácil –para él– que los candidatos y el Presidente lo fueran a ver all Mayor subordinación, imposible.

Muchos avisos hubo, aun antes de eso, de que esa era la nueva realidad. Fue primero el famoso "decretazo" de 2002, cuando por orden presidencial (en realidad por voluntad de Marta Sahagún para satisfacer la petición de Bernardo Gómez, de Televisa), redujo los tiempos oficiales (que son impuestos pagados en especie) de 12.5 a 1.5%. Una gran dádiva, concedida con miras a que la nefasta pareja presidencial contara con el respaldo de los consorcios en la defensa de su imagen pública. En ese entonces, Creel –quien ahora busca recuperar algo de la credibilidad perdida– llevaba 18 meses de reunirse con grupos de la sociedad civil y legisladores, para construir una ley de medios progresista, moderna, democrática. Creel no quiso contravenir ni cuestionar el "decretazo" de Marta, pues ponerse contra la mitad femenina de la pareja presidencial hubiera representado el fin de sus aspiraciones presidenciales (aunque al aceptarlo sin chistar, empezó a cavar su tumba polí­tica). Ni siquiera dio la cara al grupo con el que trabajaba en Gobernación, el cual decidió trasladarse al Legislativo para continuar sus labores. Santiago habí­a dejado de ser confiable a sus ojos (y los de todos). A los legisladores panistas, Creel les pidió disculpas (por su cobardí­a frente a Los Pinos), prometiendo que no volverí­a a ocurrir (era un decir). Hoy, varios legisladores del PAN exploran la posibilidad de volver al 12.5% de tiempos oficiales, habiendo ya caducado el reinado de Marta.

Evidentemente, las televisoras siempre boicotearon el proyecto alternativo de ley mediática –promovida por Javier Corral entre otros–, mientras esperaban el momento adecuado para asestar un albazo e imponer una normatividad hecha a modo. Ya habí­an preparado el terreno para ello, al frustrar la reforma electoral discutida en 2005, que incorporaba la facultad exclusiva del IFE para comprar los espacios mediáticos de las campañas, en condiciones equitativas y transparentes. Lo cual afectaba no sólo los ingresos potenciales de las televisoras (receptoras de 70% de la publicidad partidista), sino también su capacidad de presión a los partidos, cuando más vulnerables se hallan. Pues precisamente bajo el esquema tradicional, las televisoras ofrecen a partidos y candidatos pautas publicitarias a pagar en el futuro. Mismas que en cualquier momento pueden suspender si no les pagan la deuda acumulada, a menos que se conduzcan como los consorcios lo indiquen en tal o cual asunto. No es presión, la palabra utilizada por Creel, la que mejor describe esa práctica: es chantaje.

Felipe Calderón se vio envuelto en el debate sobre la Ley Televisa cuando, ya en el Senado, los legisladores panistas recibieron lí­nea de Manuel Espino, de aprobarla como condición para contar con el favor de las televisoras durante el resto de la campaña. Eso ocurrió en marzo. Andrés López Obrador se habí­a ya manifestado por postergar el debate para después de los comicios, arrepentido seguramente de haberle dado el visto bueno mientras se discutí­a en la Cámara baja. De haber dicho algo semejante Calderón, la ley en efecto se hubiera pospuesto para tiempos más propicios para la ciudadaní­a, pero no para las televisoras. Calderón calculó, con absoluto pragmatismo –dejando de lado los valores enarbolados por su partido–, que tal declaración le hubiera complicado su de por sí­ forzada llegada al poder. Así­ lo confesó más tarde a Carmen Aristegui. En la ví­spera de la aprobación de la ley en el Senado, Calderón conversó con algunos especialistas en el tema, que le explicaron contundentemente lo perjudicial de la iniciativa para el Estado mexicano y la sociedad toda. No le importó demasiado. Aclaró que ni siquiera hubiera podido ganar la primaria panista sin la ayuda de Televisa, a la cual fue a tocar las puertas para que se le tomara en cuenta, dado que entonces la televisora se concretaba a pagar a Creel sus rentables favores en materia de juegos y sorteos. Sin Televisa, dijo Calderón, no hubiera ganado ni siquiera la candidatura. Por ello no podí­a emitir ningún mensaje en el sentido de que la Ley de Radio y Televisión se discutiera después de los comicios, pues ello –concluyó– representarí­a el fin de su campaña.

En la Suprema Corte se abre ahora una oportunidad para corregir, en alguna medida, la claudicación a la soberaní­a del Estado que hicieron partidos, candidatos, legisladores y quien más debió oponerse a ello: Vicente Fox, holográmico jefe de Estado, que lo que menos le interesaba era el propio Estado.