Impunidad, la constante en los casos de violación en que se involucra a militares
Submitted by Juan_Maltiempo on Dom, 06/03/2007 - 18:42
De la Jornada en línea del 2007
* Ante la falta de justicia las víctimas prefieren no denunciar a sus agresores: Edgar Cortez
EMIR OLIVARES ALONSO
En 13 años (de 1994 a la fecha) se han documentado al menos ocho casos en los que elementos del Ejército Mexicano han violado a mujeres en diversas comunidades del país, sobre todo indígenas, en los cuales la constante es la impunidad, pues en ninguno se ha sancionado a los responsables de dichos delitos, revela un recuento elaborado por la Red Todos los Derechos para Todos (RTDT).
De esos casos, tres ya fueron presentados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo que emitió una recomendación al gobierno mexicano por la agresión sexual que sufrieron las tzeltales Ana, Beatriz y Cecilia González Pérez en junio de 1994, en Chiapas, exhorto que, de acuerdo con Edgar Cortez, secretario ejecutivo de la RTDT, se ha cumplido parcialmente. Los otros dos continúan en análisis dentro de ese organismo internacional.
El reporte de la RTDT, que aglutina a más de 50 organizaciones en defensa de las garantías fundamentales, denuncia que tan sólo durante 2006 y en lo que va de 2007 se han presentado tres casos en los que se acusa a militares de violar y agredir sexualmente a mujeres:
El 11 de julio de 2006, en Castaños, Coahuila, más de una decena de trabajadoras sexuales fueron violadas por elementos castrenses luego de que uno de ellos fuera expulsado del bar El Pérsico, en la zona roja de ese municipio, ya que por el exceso en el consumo de bebidas alcohólicas su comportamiento se tornaba hostigante.
En revancha por ello, varios militares -acantonados cerca de la zona para vigilar los paquetes de la recién concluida contienda electoral- regresaron hasta el bar, donde vulneraron los derechos humanos de las trabajadoras sexuales y de varios de los clientes. El caso fue atraído por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y por diversas organizaciones sociales, entre ellas la que encabeza el obispo de Saltillo, Raúl Vera López, quien junto con su equipo ha recibido amenazas y calumnias presuntamente relacionadas con la milicia.
El 25 de febrero, en la sierra de Zongolica, municipio de Soledad Atzompa, Veracruz, la anciana indígena Ernestina Ascensión Rosario denunció haber sido atacada y violada por elementos militares. Luego de esa acusación y tras horas de luchar por su vida, falleció la madrugada del 26 de febrero en un hospital de la región. La Procuraduría de Justicia estatal mantuvo al principio la hipótesis de la violación sexual, mientras que la CNDH atrajo el caso de oficio.
Días después, Felipe Calderón declaró que la mujer murió debido a una gastritis mal atendida y no por ataque sexual. Tras esa afirmación, el caso se complicó y tanto la Secretaría de la Defensa Nacional como la propia CNDH entraron en contradicciones hasta concluir que no hubo violación sexual, sino que la anciana murió de causas naturales, determinación secundada por la justicia veracruzana días después.
A principios de mayo de este año, debido a los operativos militares contra la delincuencia organizada, elementos del Ejército cometieron ilícitos al irrumpir en los municipios de Nocupétaro, Carácuaro y Huetamo, en Michoacán, bajo el argumento de localizar a quienes dos días antes habían emboscado a un grupo militar en la zona. Tras atraer el caso, la CNDH acreditó que de las 52 quejas presentadas hasta el 15 de mayo de 2007, cinco eran de mujeres que manifestaron haber sido ultrajadas, cuatro de ellas menores de edad y en una la violación sexual "está plenamente acreditada con evidencias científicas".
El recuento de otras agresiones sexuales por parte de militares en contra de mujeres, sobre todo indígenas, realizado por la RTDT, es el siguiente: en junio de 1994, cerca del municipio de Altamirano, Chiapas, las hermanas González Pérez, indígenas tzeltales, denunciaron haber sido agredidas sexualmente por varios militares.
Debido a que ante las instancias nacionales no lograron la reparación del daño perpetrado en su contra, acudieron a la CIDH, que encontró al Estado mexicano responsable de la violación a los derechos, a la integridad personal, a la honra y a la dignidad, entre otros, en perjuicio de las indígenas, todas estas garantías consagradas en la Convención Americana.
Por ello la CIDH recomendó a las autoridades correspondientes "llevar a cabo una investigación seria, imparcial y exhaustiva para determinar la responsabilidad penal de todos los autores de las violaciones mencionadas, y que en su caso se apliquen las sanciones legales correspondientes a los culpables", además de la reparación del daño a las víctimas. Ese exhorto hasta hoy sólo ha sido cumplido de manera parcial.
El 3 de diciembre de 1997 Delfina Flores y Aurelia Méndez Ramírez, indígenas tlapanecas de la comunidad Zopilotepec, municipio de Atlixtac de Alvarez, Guerrero, hicieron la misma denuncia. Dos años después, en 21 de abril de 1999, se presentó otra acusación contra elementos castrenses por el mismo delito en contra de las indígenas mixtecas Victoriana Vázquez Sánchez y Francisca Santos Pablo, originarias de Barrio Nuevo San José, municipio de Tlacoachistlahuaca, Guerrero.
Valentina Rosendo Cantú, de 17 años, denunció haber sido agredida sexualmente por ocho soldados del 41 batallón de infantería el 16 de febrero de 2002 mientras lavaba ropa cerca de su casa, en Barranca Bejuco, municipio de Acatepec, Guerrero. Mientras que el 22 de marzo del mismo año y en la misma comunidad, Inés Fernández Ortega, también indígena tlapaneca, acusa a 11 soldados de ultrajarla. Ambos casos ya se analizan en la CIDH.
Edgar Cortez señala que aunque se han documentado tan sólo estos ocho casos, "en la realidad pueden existir muchos más", debido a "que la constante que impera en estas agresiones es la impunidad", por lo que las víctimas optan por no denunciar a sus agresores.