Corte limita su acción en situaciones de abuso
Submitted by nadezhda on Mar, 08/14/2007 - 07:38
Carlos Avilés
Martes 14 de agosto de 2007
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió no recomendar castigos para los funcionarios que considere que incurrieron en violaciones graves a las garantías individuales en casos como los de la periodista Lydia Cacho y de los enfrentamientos en Atenco y Oaxaca.
Después de dos sesiones de discusión privadas, la mayoría de ministros de la Corte llegó a la conclusión de que el artículo 97 de la Constitución sólo los faculta para hacer una descripción de los hechos y señalar a los responsables de los acontecimientos que se les pida investigar, pero sin recomendar algún tipo de sanción en contra de ellos.
La Corte decidió limitar su actuación en este tipo de casos, y dejar que otras autoridades –como el Congreso de la Unión, el presidente de la República o la Procuraduría General de la República– sean las que, con base en su informe, decidan si proceden en contra de los funcionarios responsables de violaciones detectadas.
En otras palabras, la SCJN determinó dejar en manos de otras autoridades decidir si proceden por la vía penal, civil, política o administrativa en contra de los funcionarios que responsabilice de las violaciones detectadas.
De acuerdo con información del alto tribunal recabada por EL UNIVERSAL, el primer beneficiado con esta medida será el gobernador de Puebla, Mario Marín Torres, porque la Corte no podrá recomendar que se le inicie un juicio político, tal como lo había propuesto, en junio pasado, el ministro Juan Silva Meza.
Hace un par de meses Silva Meza, quien tuvo a su cargo investigar el caso de Lydia Cacho, informó al pleno de la Corte que, de acuerdo con las pruebas que recabó su equipo de colaboradores, se pudo confirmar que el gobernador de Puebla y otros funcionarios de esta entidad se confabularon para detener de manera ilegal a la periodista en diciembre de 2005.
En su informe, el ministro Silva Meza les propuso a sus compañeros recomendarle, entre otras autoridades, al Congreso de la Unión que iniciara un juicio político en contra del gobernador para separarlo de su cargo y sancionarlo por incurrir en diversas violaciones a la Constitución.
Pero en esa ocasión, de manera sorpresiva, el ministro José de Jesús Gudiño Pelayo pidió dejar pendiente el análisis del informe presentado por Silva, hasta que la Corte redactara las reglas conforme a las cuales el máximo tribunal debería realizar las investigaciones de violaciones graves a la Constitución.
Esto es, después de que la Corte llevó a cabo en 1996 la investigación de la masacre en el vado de Aguas Blancas, y de que terminó las indagatorias del caso de la periodista Lydia Cacho y de que ordenó investigar los enfrentamientos en Atenco y Oaxaca, se dio cuenta de que necesitaba primero elaborar las reglas conforme a las cuales tenía que realizar este tipo de investigaciones.
Y para elaborar dichas reglas, la Corte designó a los ministros Sergio Aguirre y Sergio Valls, quienes durante las vacaciones de julio pasado redactaron un proyecto.
En dicho proyecto se propuso, entre otras cosas, evitar que la Suprema Corte recomendara sanciones a los funcionarios que considere responsables de las violaciones graves a las garantías.
Y este punto recibió ayer el visto bueno de la mayoría de ministros del alto tribunal.
A lo largo de dos sesiones de análisis los ministros –a falta de un reglamento emitido por el Congreso de la Unión– han afinado la mayoría de las reglas conforme a las cuáles las comisiones investigadoras deberán recabar la información.
Y dejaron pendiente determinar, para este martes, cuál será el impacto de las nuevas reglas en las investigaciones terminadas como en el caso de la periodista Lydia Cacho y de las que están en marcha como las de los enfrentamientos en Atenco y Oaxaca.
En el caso de Lydia Cacho se prevé que la Corte mantenga al frente del caso al ministro Juan Silva Meza, pese a que había una propuesta para que otro ministro se hiciera cargo de este asunto.
Pero Silva estará obligado a entregarle al gobernador de Puebla un informe pormenorizado de las violaciones que se le atribuyen en el caso de la periodista para que pueda argumentar o presentar pruebas a su favor.
Por otra parte, la investigación en curso del caso Atenco tendrá que sujetarse a las nuevas reglas.
Además de que la Corte designará a los magistrados que se encargarán de investigar los hechos violentos que se registraron en Oaxaca durante 2006.