Diario de Yucatán

Plaza Pública

Miguel Ángel Granados Chapa

Mediante la complicidad que en defensa propia le depararon los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, Ulises Ruiz usó el sistema penitenciario federal para combatir a sus opositores. Ciudadanos que no deberí­an estar presos, o mereciéndolo debí­an quedar recluidos en penales oaxaqueños, porque los procesos penales que se les incoaron son locales y porque se cometieron en Oaxaca los hechos presuntamente punibles, fueron deportados o conducidos a cárceles de alta o mediana seguridad de la Federación, en entidades distantes del lugar donde se les perseguí­a.

Un centenar y medio de personas detenidas de modo arbitrario y más bárbaramente (si cabe la gradación) sometidas a proceso fue llevado a Tepic, de donde paulatinamente fue devuelto a Oaxaca, en la medida en que la justicia federal protegí­a a esas ví­ctimas de la insolencia ilegal practicada por el gobierno de Ulises Ruiz. Casi todas han salido en libertad, amparadas ante la evidencia de que se actuó indebidamente en su contra.

Los hermanos Erick, Horacio y Flavio Sosa Villavicencio corrieron suerte semejante, sólo que con peculiaridades atribuibles al papel que ejercí­an (o que las autoridades les atribuí­an) en el movimiento social contrario a Ruiz, organizado en la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO). Por entero ajeno a las actividades de sus hermanos, Erick Sosa fue, sin embargo, el primero en ser reprimido.

Sin motivo, salvo el parentesco con sus hermanos, fue detenido en Oaxaca el 28 de noviembre de 2006, horas después de la redada que produjo la cuerda enviada a la capital nayarita.

A pesar de que en su vida diaria nada permití­a imputarle delito alguno, se le capturó y de inmediato fue catalogado como reo de gran peligrosidad y remitido a Matamoros, uno de los tres penales federales de alta seguridad, destinados a hospedar reos de delincuencia organizada y otros ilí­citos de gravedad semejante. Tan clara era la ajenidad de Erick Sosa al activismo de sus hermanos, tan obvia su inocencia, que tuvo que ser puesto en libertad el 9 de junio pasado, seis meses después de ilegal detención.

Tras la captura de Erick, sus hermanos Flavio y Horacio supieron que les habí­a llegado el turno. Trataron de evitar ser detenidos, y viajaron en los primeros dí­as de diciembre pasado de Oaxaca a la ciudad de México.

Junto con otros miembros de la dirección de la APPO (Ignacio Garcí­a Maldonado y Marcelino Coache Verano), no sólo necesitaban preservar su libertad, sino quedar en condiciones de iniciar contactos con el nuevo Gobierno Federal.

Flavio Sosa, entre ellos, habí­a sido antes interlocutor de la Secretarí­a de Gobernación en los estériles, por simulados, intentos de establecer la concordia entre gobernantes y gobernados en Oaxaca. Se presumí­a, y hasta habí­an sido emitidas señales en tal dirección, que los nuevos gobernantes buscaban si no propiciar la conciliación al menos que mediante sus buenos oficios se distendiera la situación.

No era verdad que así­ ocurriera, al contrario, los cuatro delegados de la APPO fueron detenidos por agentes de las policí­as Federal Preventiva y Federal de Investigación de inmediato como si fueran reos sentenciados por delitos federales y no sujetos a órdenes de aprehensión emitidas por jueces locales oaxaqueños y llevados al penal del Altiplano. Garcí­a Maldonado y Coache quedarí­an después en libertad, y recluidos en la antigua La Palma los hermanos Sosa Villavicencio.

A Flavio se le cargaron las acusaciones. Se iniciaron en su contra seis procesos, algunos por delitos tan extravagantes como el robo de un camión cisterna y una excavadora, denunciado por funcionarios municipales de Miahuatlán. Eran esos y otros cargos tan inverosí­miles, que amparos dictados por jueces federales lo han exonerado en al menos dos de los expedientes.

Al mismo tiempo que se pretendí­a lograr la libertad plena mediante recursos contra las órdenes de aprehensión o los autos de procesamiento, la defensa de los Sosa Villavicencio pugnó también porque salieran de una cárcel absolutamente impropia para su caso (aun si fueran responsables de los delitos señalados, extremo al que no se ha llegado pues no hay sentencia alguna todaví­a) y fueran trasladados a penales de Oaxaca.

El 6 de agosto obtuvieron un amparo que aseguraba ese objetivo y, aunque estaba pendiente la revisión de inmediato solicitada por el Ministerio Público Federal, el jueves al mediodí­a fueron trasladados a la cárcel de San Juan Bautista Cuicatlán.

El mismo gobierno que hasta el extremo de infringir las normas carcelarias que regulan la reclusión en los penales de alta seguridad insistió en alejar de sí­ a los hermanos Sosa Villavicencio pretendió obtener provecho polí­tico del traslado y lo presentó a la opinión pública como un gesto de su autorí­a, como un acto de buena voluntad, y no como el efecto de fallos judiciales.

En el indeseable caso de que la segunda instancia del amparo negara el traslado y los presos tuvieran que volver al Altiplano, el gobierno de Ruiz no podrí­a sostener su mentira propagandí­stica.

Si en este momento tiene eficacia su treta polí­tica es porque con la anuencia y el apoyo irrestrictos del Gobierno Federal el gobernador se beneficia de una impunidad a la que él añade cinismo.

Una declaración complaciente del subprocurador Juan de Dios Castro, que en el fondo se aviene a la violación de derechos humanos perpetrada por el gobierno local, fue denunciada por éste como si se le increpara. Y nada más lejos que eso.– México, D.F.