Diario de Yucatán

Miércoles 22 de Agosto de 2007

Plaza Pública

Miguel Ángel Granados Chapa

Desde que la sociedad civil capitalina se ha alertado y los vecinos pueden no aceptar sumisamente la imposición de una gran obra en su barrio, erigir un edificio –o instalar una gasolinera, o abrir una escuela o cualquiera iniciativa de esa í­ndole– no es sólo un negocio inmobiliario, requerido de medios financieros y técnicos, sino que sus emprendedores deben responder a las objeciones que su proyecto puede generar por su impacto urbano, ecológico y aun estético.

Es preciso, por tanto, armonizar los intereses de la comunidad vecinal con los de los constructores, de suerte que no se frenen inversiones necesarias ni se atropelle el derecho a una vida con calidad.

En la delegación Benito Juárez, por ejemplo, menudearon en los años recientes edificios nuevos cuya construcción generó protestas del vecindario, muchos de cuyos integrantes, más o menos recién llegados a colonias como Del Valle, Álamos y Narvarte, causaron a su turno incomodidad y enojo de los viejos residentes, quienes vieron invadidos espacios de menor aglomeración.

Una reacción adversa a edificar una torre de 70 niveles en las Lomas de Chapultepec hubiera sido comprensible por motivos relacionados con el entorno y con el uso de suelo, aunque el proyecto se erija en un rincón de esa colonia habilitado para edificios de oficinas y donde abundan pequeños y grandes establecimientos comerciales.

Pero a esa entendible posición vecinal –que puede ser enfrentada mediante apego estricto a la ley e información sobre la naturaleza y alcances de la obra–, se agregó en el caso de la Torre del Bicentenario un conjunto de ingredientes adicionales, uno de los cuales es una torpe y turbia xenofobia, que objeta la nacionalidad del arquitecto (nacido en Holanda, profesor en Harvard) y atribuye al director de la constructora una nacionalidad que no le corresponde.

Jorge Gamboa de Buen nació en el Distrito Federal el 3 de septiembre de 1952. Quizá se le supone español porque ésa es la nacionalidad de parte de los accionistas del Corporativo Pedregal Hispamex, constituido ex profeso para este proyecto.

Éste es urbaní­sticamente defendible, a pesar de que se previó levantarlo en una zona de tránsito denso, cuyas dificultades irradian a muchos kilómetros a la redonda. Precisamente la bondad mayor de la Torre de marras consiste en que incluye, por cuenta de los constructores, una vialidad útil al vecindario y al resto de la capital.

Comprende la continuación de laterales en el Anillo Periférico –actualmente obturadas por la Fuente de petróleos– a través de túneles. Se planeó un estacionamiento subterráneo con 6,500 cajones, de los que unos 2,000 servirí­an para desahogar la estrechez de las calles actualmente invadidas por vehí­culos estacionados a izquierda y derecha.

El estacionamiento serí­a entregado a la ciudad, por su uso pagarí­a el propio corporativo constructor y sus rendimientos podrí­an servir para mejorar el bosque de Chapultepec que –siempre según la información de los empresarios– no experimentarí­a deterioro alguno, sino al contrario, dado que hoy se halla en condiciones lamentables, con eucaliptos impropios para la zona.

Pero el gobierno de la ciudad de México apareció apadrinando el proyecto y, en vez de favorecerlo, propició que se contaminara polí­ticamente. La jefa delegacional Gabriela Cuevas halló elementos para esparcir sospechas sobre la tramitación del proyecto, como si el cambio de uso de suelo fuera una anomalí­a y no una posibilidad establecida por la ley cuando se satisfacen requisitos.

Con una visión maniquea, mezclada con el sesgo de quien ve la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio, denunció que la porción mexicana de la corporación involucrada en el proyecto, el Grupo Danhos simpatiza con Andrés Manuel López Obrador y contribuyó con recursos para su campaña. Durante décadas el partido al que pertenece la delegada lamentó que se tomaran represalias contra donantes a partidos. Inhibirlas presentándolas como sospechosas genera un efecto semejante.

Una panista carece, por otro lado, de autoridad para delatar donaciones, pues su partido ganó la elección presidencial de 2000 mediante un financiamiento paralelo calificado de ilegal por los órganos electorales. Pagó el PAN una cuantiosa multa por esa infracción, pero se quedó con la Presidencia, el bien malhabido con esos recursos.

La relación entre empresarios inmobiliarios y servidores públicos se tiene que examinar siempre con especial cuidado, en especial cuando de trata de proyectos de gran magnitud.

El gobernador panista de Aguascalientes está en trance de explicar por qué pagó comisiones por una intermediación innecesaria en la adquisición de terrenos a un empresario que resultó candidato del PRI a la alcaldí­a capitalina y, acaso con esos recursos, financió su triunfo.

Igualmente debe haber un severo escrutinio de la relación entre Gamboa de Buen y Arturo Aispuru, quien fue su colaborador y ahora es secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda.

Aquél tuvo un cargo equivalente en la regencia de Manuel Camacho, de que Marcelo Ebrard fue secretario de Gobierno. Sólo que el grupo Danhos no nació de esos contactos, sino que ha desarrollado proyectos desde hace tres décadas, tanto en la ciudad de México como en el resto de la república.

Digamos, en fin, que la condición jurí­dica del predio escogido para la Torre, independientemente del valor artí­stico de la obra de Vladimir Kaspé, no debe ser obstáculo, pues no estaba protegida y además puede ser trasladada.– México, D.F.