Diario de Yucatán

Plaza pública

Miguel Ángel Granados Chapa

Aunque el Décimo Congreso Nacional del Partido de la Revolución Democrática concluyó de modo formal el domingo pasado, ha generado secuelas que parecen su continuación, especialmente en torno a la postura de ese partido frente a Felipe Calderón, al que tilda de espurio (como lo hizo desde septiembre del año pasado la Convención Nacional Democrática), y quien se expresará el 1 del septiembre próximo y, según va quedando claro, hasta el último dí­a de noviembre de 2012.

Al terminar el Congreso parecí­a que el PRD emergí­a de la circunstancia magullado, pero entero. Un grupo de delegados, unos 400 –número que significa un tercio del total–, salió de las sesiones en protesta, por lo que supusieron una desviación de la lí­nea polí­tica del partido, propiciada por Nueva Izquierda, la corriente dominante, que abrí­a la posibilidad de diálogo con Calderón, por la ví­a del Congreso de la Unión.

La inconformidad con esa postura de quienes salieron de la reunión (pero no del partido, según explicaron de inmediato) llegaba al punto de anunciar la presentación de impugnaciones ante la justicia electoral. Pero en la secuela del Congreso, que incluyó la habitual reunión de los lunes de los dirigentes del partido con su lí­der máximo, Andrés Manuel López Obrador, se redactaron o mejor fueron explicados o se recompusieron los acuerdos que habí­an provocado la ruidosa disensión dominical.

El martes 21 los lí­deres de las corrientes principales hicieron una manifestación de unidad en la presentación al público de 14 resoluciones relevantesá del Congreso, leí­das por el secretario general del partido, Guadalupe Acosta Naranjo. Entre los presentadores del documento también se hallaban, como señal de conciliación, Jesús Ortega y Alejandro Encinas, quienes por su probable enfrentamiento en pos de la presidencia del partido en marzo próximo, encarnaron en el Congreso las posiciones antagónicas.

Toda disensión habí­a sido depuesta, lo que se advirtió en especial cuando fueron leí­das las resoluciones cinco, siete y 10 en que se menciona a Calderón. Según esos textos, el Congreso acordó que bajo ninguna circunstancia reconocerá a Calderón como presidente de México y que no habrá diálogo ni negociación con élá, rechazará en consecuencia su propuesta en materia fiscalá, lo mismo que el debate en el Congreso de la Unión propuesto por Felipe Calderóná y no sólo: Los legisladores del PRD no aceptarán la presencia en la tribuna del Congreso de quien no cuenta con la legitimidad que sólo da una elección democrátic

Tanto complacieron esas resoluciones a quienes sospechaban que Nueva Izquierda habí­a abierto una rendija para el reconocimiento de Calderón, que se cortó de tajo la pretensión de dirimir la cuestión ante la justicia electoral.

Martí­ Batres, miembro del gobierno capitalino y jefe de una de las corrientes adversas a la dominante, confirió carácter decisivo a la salida de los delegados, pues obligó a dar marcha atrás al propósito de dialogar con Felipe Calderón desde el Congreso de la Unión Y festejó que ya todos los lí­deres del PRD dicen que no habrá diálogo con Calderón ni antes ni después. Qué bueno. Que así­ se

Explicada la situación o recreada en pos de la unidad la postura de Nueva Izquierda, los acuerdos del Congreso (o los del martes 21) crearon un conflicto a por lo menos un relevante miembro del partido que tendrá que resolver un aparente problema ético-polí­tico el 1 de septiembre.

Los legisladores en general y, por ende, los perredistas también deben responder a una triple obediencia. Una, la más difusa de las tres, pero no por ello menos vinculante, es la debida a los electores, a los votantes que pactaron con el elegido, a través del sufragio, un modo de ser y de actuar en el Congreso. Otra obediencia es al partido que postuló al legislador. Y una tercera, la que impone deberes más claros, permanente e ineludibles, es la establecida en la Constitución y las leyes que de ella emanan.

Por una reforma a la Ley Orgánica del Congreso, pactada entre el PRI y el PAN, pero de la que el PRD obtuvo provecho, a este partido corresponde presidir la Mesa Directiva de San Lázaro durante el próximo año legislativo, el cual se inicia el 1 de septiembre, fecha en que además encabezará el Congreso.

Quien lo haga –probablemente el presidente de la Comisión de Educación, Tonatiuh Bravo Padilla o a quien designe entre hoy y mañana su bancada y elija el Pleno de la Cámara la próxima semana– deberá acatar el mandamiento partidario ( no aceptará la presencia en la tribuna del Congresoá de Calderón) y atenerse al mismo tiempo a las normas legales que rigen la apertura de sesiones o, según todaví­a decimos, como remanente del autoritarismo presidencial, el dí­a del informe

Conforme al artí­culo 69 de la Constitución, basta que el Presidente asistá a la sesión inaugural del periodo legislativo y presente por escrito un informe por escritoá, tal como se forzó a hacer a Vicente Fox el año pasado. Aunque el artí­culo 7 de la Ley del Congreso implica que hable ante la tribuna, como la tradición impuso, ya que obliga al lí­der de la Cámara a contestar el informe, lo que supone una interlocución, una sucesión de mensajes, pues no se responde al silencio.

Si una mayorí­a de diputados pretendiera que Calderón vaya a la tribuna, algo que el perredista que encabece la sesión tiene que impedir e imponer una interpretación de este alcance, el presidente de la mesa tendrí­a que acatar a sus pares.– México, D.F.