La Jornada

viernes 24 de agosto de 2007

Diego Valadés: nos pueden regresar a la época de 1856

LAURA POY SOLANO

La actuación cada vez más constante de representantes de la Iglesia católica en asuntos relacionados con la agenda polí­tica nacional "hacen peligrar la naturaleza laica del Estado mexicano y nos pueden regresar a la época de 1856", advirtió Diego Valadés, ex director del Instituto de Investigaciones Jurí­dicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Aseguró que en el paí­s se advierte un "déficit" de las instituciones polí­ticas que "no han sabido hacer ver a la Iglesia católica que su responsabilidad consiste en el acatamiento pleno del Estado laico".

En entrevista -luego de participar en la presentación del libro Concepto de democracia y sistema de gobierno en América Latina, del ex rector Jorge Carpizo Mac Gregor-, afirmó que es "altamente indeseable" que con la injerencia de la jerarquí­a católica en temas de polí­tica nacional se transforme el Estado laico mexicano.

Advirtió que si la Iglesia católica y sus jerarcas quieren entrar en procesos electorales "tendrán que pagar las consecuencias de formar parte de la polí­tica, y se convertirán en un elemento más, no de solución y de conciliación, sino de contención".

Valadés, experto en derecho constitucional y catedrático del IIJ, señaló que la polí­tica es un terreno de lucha y de "adversarios, pero si la Iglesia católica lo que quiere es tener adversarios, seguramente los va a tener, y muchos, porque no podemos olvidar que en México hemos tenido dos guerras civiles por cuestiones religiosas".

Destacó que pese a que alrededor de 90 por ciento de la población del paí­s se declara practicante del catolicismo, "un porcentaje muy elevado no ve bien que la Iglesia se inmiscuya en asuntos polí­ticos".

Acerca del control antidopaje a menores en escuelas de educación básica, consideró que si bien es necesario apoyar al Ejecutivo federal en la lucha contra el narcotráfico, "no me parece una medida acertada y prudente, pues habrí­a que buscar otros mecanismos que incluyan la participación de padres de familia, defensores de derechos humanos, maestros y sociedad en su conjunto, porque si bien se parte de una buena idea, como evitar el consumo de drogas, las imposiciones autoritarias de criterios no analizados es perniciosa, y generan que una buena idea tenga malos planteamientos".

En cuanto al llamado Plan México, aseguró que en Estados Unidos es común que antes de suscribir un acuerdo bilateral con otro paí­s, en particular si se tratan temas de seguridad, la administración federal informe a los integrantes del Congreso, en especial a los senadores, para que estén al tanto de los términos y compromisos que se podrí­an incluir.

No obstante, "hasta donde sé, el go-bierno de México no ha incorporado en el proceso de negociación, o por lo menos informado, a los representantes del pueblo; es decir, existe un déficit en el proceso de negociación, a lo que se suma que los medios de investigación e incluso de espionaje de los que podrí­a disponer el Estado mexicano pueden ser muy útiles para combatir la delincuencia, pero también podrí­an limitar la democracia".