Fuente, periódico Mural del 26 Agosto del 2007

PLAZA PÚBLICA
Por Miguel Ángel Granados Chapa

Ruth Zavaleta cumple mañana 41 años de edad, y a partir del sábado próximo encabezará la Cámara de Diputados y, en esa oportunidad, el Congreso de la Unión. Nacida en Tepecoacuilco, Guerrero, es socióloga graduada en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, de la UNAM. Miembro del Partido de la Revolución Democrática desde su fundación, ha sido integrante de su dirección capitalina, diputada local de 2000 a 2003, jefa delegacional en Venustiano Carranza de 2003 a 2006. Desde el 1 de septiembre del año pasado ha sido vicepresidenta de la Mesa Directiva de su Cámara, que ahora encabezará, tan pronto la elija el pleno. Por lo pronto, Nueva Izquierda (NI), la corriente perredista a la que pertenece, la hizo salir adelante el viernes pasado como candidata a aquel cargo. Contó para ello con el apoyo de Alternativa Democrática Nacional, corriente con la que ya se habí­a aliado para ganar la mayorí­a de delegados al décimo congreso que terminó hace una semana.

Al parecer, y comprobarlo será una sorpresa, contó asimismo con el apoyo de Izquierda Democrática Nacional (IDN), la corriente fundada por René Bejarano y Dolores Padierna, y que ella dirige desde que su esposo tuvo que abandonar el partido. Hasta la clausura del congreso, no habí­a dentro de ese partido posiciones tan manifiestamente encontradas, inquinas tan furiosamente expresadas como las que cruzaban entre sí­ NI e IDN. De pronto, parece que depusieron sus querellas y fueron juntas para apoyar a la diputada Zavaleta.

Desde hace 10 años que esa responsabilidad correspondió a Porfirio Muñoz Ledo, no habí­a sido posible que un legislador perredista encabezara la Cámara en la apertura de sesiones. No obstante que, siendo tercera y aun segunda fuerza en San Lázaro en las cuatro últimas Legislaturas, le corresponde un trato igual al que se dispensan entre sí­ las bancadas del PRI y del PAN, no lo ha recibido, pues permaneció hasta ahora firme la decisión de no permitir que un miembro de ese partido encabezara la sesión en que se recibe el Informe presidencial. El año pasado una reforma a la Ley Orgánica del Congreso, confeccionada a la medida de las necesidades del PAN y el PRI abrió sin embargo la puerta para que la Mesa Directiva sea presidida durante el próximo año legislativo por quien hasta ahora fue vicepresidenta y compartió ese papel con la diputada Marí­a Elena Álvarez, que pasó a presidir con motivo de la licencia al ahora Embajador en España Jorge Zermeño.

La elección de Zavaleta eliminará el riesgo de que se reproduzca la batahola que impidió a Vicente Fox leer su último Informe ante el Congreso, porque ahora la responsabilidad de mantener el orden tocará a quienes fueron factor eficaz para que Fox no llegara a la tribuna, y por lo tanto, no podrán repetir esa acción. Concuerda con esa situación el anuncio hecho el viernes por Leonel Cota, el lí­der nacional perredista, quien descartó que su bancada se comporte con violencia el sábado próximo. Para que en efecto no la haya, si ese aviso es compartido por toda la fracción del PRD, es preciso que la del PAN abandone los aprestos para tomar la tribuna para asegurar así­ la lectura del I Informe de Calderón o al menos de un breve mensaje.

Con sólo propósitos propagandí­sticos, a sabiendas de que formalmente era imposible realizarlo, Calderón propuso debatir con los legisladores, alardeando de su experiencia parlamentaria. Fue sólo un guiño para provocar una aparente contradicción en los grupos opositores, especialmente el perredista, que durante años solicitó dialogar con el Presidente el dí­a del Informe y ahora que se le ofrecí­a la ocasión la rechazaba. Es claro que procedió de ese modo para no caer en el garlito tendido desde Los Pinos, que de ese modo hubiera ganado el reconocimiento, así­ fuera sólo en los hechos, a la investidura presidencial. Desechada esa posibilidad, la fórmula que asegura el cumplimiento de la ley y la mí­nima concordia necesaria para abrir las sesiones de las Cámaras será la constitucional, que dispone la asistencia del Ejecutivo a la inauguración congresional y la presentación por escrito del Informe sobre el estado que guarda la nación. Sólo será necesario establecer el modo y el lugar donde se produzca la presencia presidencial, distante por completo de la mayestática que le asignaba el protocolo durante la era de la dominación priista.

La solución que se dé al formato del 1 de septiembre implica el reconocimiento panista de la vulnerabilidad de su posición, aun como bancada de mayor tamaño en San Lázaro. Carece de capacidades y de potencia para actuar a solas. Depende para cada paso del apoyo que le ofrezca el PRI, como quedó claro desde el sexenio pasado. Sólo le es posible legislar asegurando alianzas con las fracciones del PRI en las dos Cámaras, que no necesariamente proceden coordinadamente, pues obedecen no a un propósito partidario explí­cito, sino a los intereses de quienes las encabezan.

Acción Nacional no pudo conseguir que se convocara a un periodo de sesiones extraordinarias para debatir y aprobar, con el consenso priista, la reforma fiscal. La ilusión del Gobierno de que la nueva legislación permita un incremento sustancial de los ingresos se completaba con la de formular las iniciativas de ingresos y gasto con base en nuevas normas, que idealmente estuvieran aprobadas al iniciarse el periodo de sesiones ordinarias. Pero no fue así­, y si persiste ese propósito ahora serí­a necesario que en la primera semana de septiembre los legisladores se emplearan a fondo a fin de permitir que el Ejecutivo, que debe presentar los proyectos correspondientes a más tardar el 8 de ese mes, los fundara en las posibilidades reales que le depare la reforma fiscal.

Pero lo más probable es que no haya tal reforma, sino cuando más adecuaciones al régimen vigente. Fuera de las Cámaras, y ante las comisiones de Hacienda de cada una de ellas se ha producido un debate que no ha dejado hueso sano al proyecto impulsado desde Los Pinos, donde parece haber resignación ante los ajustes obligados por las observaciones y presiones surgidas desde los más diversos intereses. Y todaví­a será necesario esperar a que el debate legislativo introduzca nuevos lí­mites a las ambiciosas pretensiones que modelaron la iniciativa. Tengamos como ejemplo de esa posibilidad el impuesto al consumo de gasolina. Inserto en el proyecto presentado por el Ejecutivo, ese gravamen fue admitido por los diputados priistas, al punto de que pareció ser una iniciativa suya. En realidad, como ha explicado Jorge Estefan Chidiac, que preside la Comisión de Hacienda en San Lázaro, su fracción fijó un lí­mite de 5 por ciento al gravamen que debe ser establecido por los Gobiernos estatales, pues podrí­a producirse un desorden abusivo en que cada Gobernador aprovechara la ocasión. Pero en el Senado los priistas no comparten la posición de los diputados de su partido y, si no cambian de opinión a la hora del debate, podrán impedir ese impuesto y tomar sus propias posiciones en otras materias.

Mientras se produce el debate pre y extraparlamentario sobre el formato del Informe y sobre la reforma fiscal, buena parte de la República se enfrenta a una ruda realidad y padece los estragos del clima adverso. Nadie puede dejar de alegrarse de que en la pení­nsula de Yucatán la coordinación de los sistemas de protección civil de los tres niveles de Gobierno haya contribuido al saldo blanco que contrasta con la mortandad causada por fenómenos semejantes en años pasados. En buena hora que las capacidades de previsión conduzcan a ese resultado. Pero no se produjo el mismo en Hidalgo y Puebla, donde sí­ han habido muertes, además de pérdidas materiales cuantiosas. En todas las entidades tocadas de distinto modo por el huracán Dean las calamidades que provoca se ceban en la población más frágil, damnificada de siempre, que al perderlo todo tiene que empezar a constituir de nuevo el menaje familiar o el empleo, la actividad o el negocio que permiten obtener un sustento por magro que sea.

Por eso subleva el ánimo el aprovechamiento propagandí­stico de la acción gubernamental frente al infortunio colectivo, especialmente cuando es tan burdo como el practicado por el Gobernador de Veracruz, Fidel Herrera, que en ví­speras electorales lucra con la desgracia de los suyos.