Diario de Yucatán

Plaza Pública

Miguel Ángel Granados Chapa

Anteayer domingo se cumplieron seis meses del fallecimiento de la señora Ernestina Ascensio Rosario, una indí­gena náhuatl que según evidencias iniciales no diluidas fue asesinada después de sufrir ultrajes de los que pudo dar breve pero incontestable testimonio. O que murió de muerte natural, según la conclusión formal de la Procuradurí­a de Justicia de Veracruz, que en súbita mudanza de parecer determinó que no habí­a delito después de que su averiguación previa halló indicios que conducí­an a la posición contraria.

Aunque se pretenda lo contrario (en una apuesta hecha con frecuencia por los violadores de la ley, a que el tiempo nuble los hechos y los oculte el olvido) el caso de la señora Ascensio no se puede dar por cerrado, aunque el Ministerio Público veracruzano lo haya enviado al archivo. Quedan cabos sueltos, procedimientos inconclusos que, precisamente por ese carácter, refuerzan la convicción, no simple creencia subjetiva, de que la señora Ernestina fue asesinada, probablemente por miembros del Ejército.

No por nada la Procuradurí­a de Justicia Militar inició su propia investigación, a la que se refirió el secretario de la Defensa Nacional, quien al comparecer ante diputados el 26 de abril informó que la pesquisa castrense estaba en curso. Con ella sólo pudo haber ocurrido uno de desenlaces: o la averiguación fue cerrada, en cuyo caso deja de estar sometida al sigilo procesal y se puede dar a conocer su contenido, lo que demandamos de modo formal aquí­ mismo, ahora, sin necesidad de dirigirnos expresamente a la Procuradurí­a mencionada, dado el carácter público de esta columna, o la averiguación continúa y no puede por tanto abrirse el expediente al conocimiento general. De ser ésta la situación, entenderí­amos que el sentido de la indagación del Ministerio Público Militar no concuerda con el que estableció la Procuradurí­a veracruzana.

Está pendiente, asimismo, y es una pieza fundamental del caso, la recomendación que emita la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Desde marzo, hace ya cinco meses, la oficina del ombudsman anunció la inminente presentación de ese documento y al cabo de ese lapso la sociedad aún continúa esperándolo.

En aquel momento, las posiciones de la CNDH y el Ministerio Público veracruzano eran divergentes, por lo que se presumió que la recomendación incluirí­a reproches a los miembros de la Procuradurí­a que a juicio de la oficina del ombudsman incurrieron en errores y aun en infracciones a la ley al realizar la autopsia al cuerpo de la señora Ascensio Rosario. Pero cuando los pareceres de ambas instancias concordaron, la CNDH parece haber perdido interés en descalificar el trabajo de la Procuradurí­a veracruzana, pues de hacerlo restarí­a valor a la decisión ministerial de cerrar el caso.

Dicha Procuradurí­a no merece crédito en un amplio sector de la sociedad veracruzana, no sólo respecto de este caso, sino en general, por el torpe desempeño de su titular. Después de haber aportado en repetidas entrevistas radiofónicas información que conducí­a a probar el asesinato de doña Ernestina, el procurador Emeterio López Márquez súbitamente acompañó al fiscal especial del caso a anunciar, el 30 de abril, la conclusión contraria. Quince dí­as después mostró otra vez su cara dura, como se dice de quien no se inmuta por quedar en ridí­culo públicamente: la delincuencia organizada contaba con la ineficacia del órgano de procuración de justicia, como quedó evidente con el asesinato de dos miembros de la escolta familiar del gobernador mexiquense Enrique Peña Nieto, cuyos hijos vacacionaban en el puerto jarocho.

El Ejército llegó poco después a intentar suplir las deficiencias del gobierno local en esa materia, pero ninguno de los dos niveles pudo reaccionar adecuada y eficazmente ante el desafí­o delincuencial que depositó una cabeza humana en las inmediaciones del principal cuartel militar de la zona. Exhibido en el extremo su ineficiencia, el procurador renunció a su cargo, pero no se le permitió ausentarse del cargo que sigue desempeñando, o sigue no desempeñando hasta el dí­a de hoy. Su Procuradurí­a, por ejemplo, demoró en tomar nota de la denuncia presentada el 4 de agosto por el robo de una computadora en las oficinas estatales del PRD, que contení­a un informe completo sobre el asesinato de la señora Ascensio.

Una omisión mucho más importante de la procuración local de justicia mantiene en la impunidad otro crimen de gravedad semejante al que victimó a la señora Ernestina. El 8 de mayo fue encontrado, en la propia sierra de Zongolica, el cadáver de la señora Adelaida Amayo Aguas, de 38 años de edad. De ella el presidente Felipe Calderón no ha dictaminado que falleciera de gastritis crónica no atendida, por lo que no hay más explicación para la impunidad del crimen que la ineficacia de la Procuradurí­a. Hay que recordar que el nombramiento de López Márquez ocurrió en circunstancias extrañí­simas, pues votos panistas contra su nombramiento –la designación corre a cargo de la legislatura local– desaparecieron en manos de un diputado de ese partido que por ese motivo dejó de serlo.

Está pendiente, en fin, un abordamiento formal del caso Ascensio por el gobierno federal. Después de que Calderón estableció sin base que no habí­a habido crimen en este caso, la secretarí­a de la Defensa nacional se contradijo gravemente en torno de la investigación. Y el subsecretario de Gobernación Abraham González intimidó a los deudos de doña Ernestina.– México, D.F.