Diario de Yucatán

Miguel Ángel Granados Chapa

Si la fracción priista en la Cámara de Diputados guarda alguna consideración a quienes son sus miembros y también forman parte del sector campesino del PRI, el veto presidencial a la Ley de Bioenergí­a se puede constituir en un nuevo obstáculo al consenso respecto de las reformas fiscal y electoral que están en curso. Es que la CNC ha denunciado la presentación de observaciones a ese instrumento legislativo como un incumplimiento panista a acuerdos legislativos, que privarí­an de credibilidad a las bancadas del blanquiazul en el Congreso y al propio presidente Felipe Calderón.

El 1 de septiembre Calderón vetó la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos aprobada por el Legislativo en abril pasado. Independientemente del contenido de las observaciones, a que me refiero en seguida, causó irritación en el sector campesino priista que a sus diputados se les haya tomado el pelo en un caso de condicionamiento recí­proco entre iniciativas de reforma legal, como el que ahora se ha establecido entre la fiscal y la electoral.

El 26 de abril pasado se efectuó un canje de favores legislativos: los priistas accedieron a aprobar dos minutas que interesaban al gobierno federal y la bancada del PAN, referidas a las leyes de sanidad vegetal y animal, mientras que demandaron en reciprocidad apoyo a la Ley de Bioenergí­a, apoyo acordado por los panistas. Pero ahora el veto presidencial, tan extenso que equivale a la emisión de una nueva ley, deja mal a los diputados panistas, señalados por la CNC por faltar a su palabra e incumplir acuerdos pactados con los legisladores del Partido Revolucionario Institucional

El 5 de diciembre de 2005 el diputado Cruz López Aguilar, ahora presidente de la CNC, y su colega José Marí­a de la Vega Lárraga presentaron un proyecto de Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos que fue aprobado en San Lázaro el 7 de febrero de 2006. Recibida la minuta en el Senado, esa Cámara celebró en marzo un foro sobre el presente y el futuro de la bioenergí­a en México, y el 27 de abril del año pasado hizo enmiendas a la minuta de la Cámara de Diputados, por lo que le fue devuelta.

Abordada de nuevo en San Lázaro, los diputados se allanaron a las enmiendas y la Ley fue aprobada el 26 de abril de este año, ya con una nueva legislatura en funciones. En junio fue remitido el decreto correspondiente al Ejecutivo para su publicación, y en vez de hacerlo la Presidencia de la República decidió vetar la Ley. El propósito básico es sacar el tema de los bioenergéticos del ámbito de la administración agrí­cola y rural, acaso por considerar que es vulnerable a la presión de las organizaciones campesinas que veí­an la Ley como una conquista suya. Por eso es relevante, entre las siete observaciones a la Ley (a la que el veto presidencial se refiere como proyecto, acaso porque las objeciones fueron formuladas cuando aún mantení­a ese estatus y no fueron provocadas por la norma ya acordada por el Legislativo) la que figura en la número tres, en que reivindica el papel rector que corresponde a la Secretarí­a de Energí­a sobre la de Agricultura.

Calderón piensa que las facultades de la Sagarpa en materia de bioenergéticos deben circunscribirse a las cuestiones agrí­colas; es decir, a la promoción y desarrollo de insumos para bioenergéticos, mientras que a la Secretarí­a de Energí­a se le debe otorgar las facultades en materia de producción, transporte y comercialización de los propios energéticos Igualmente el veto objeta y propone modificar atribuciones en la materia de la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable. Esta Comisión, por cierto, se estableció en la Ley del Desarrollo Rural Sustentable, cuya primera versión fue vetada por el presidente Fox y rehecha en términos que disminuyeron la presencia e influencia de las organizaciones campesinas.

Asimismo, Calderón reprocha a la Ley el que difí­cilmente tendrá como resultado el desarrollo óptimo del mercado... debido al enfoque primordialmente agrí­colá en que se sustenta. La norma debe, en cambio, incluir el desarrollo de nuevas tecnologí­as de conversión para diversificar las fuentes de biomas

El veto repara también en un tema polémico, el de la seguridad alimentaria y la utilización del maí­z para producir bioenergéticos, que la CNC percibió como una oportunidad para que los maiceros mejoren su actividad y la remuneración a su trabajo. En cambio, Calderón considera que la Ley no toma en consideración la dependencia nacional de las importaciones de maí­z y la fragilidad de su precio, derivada de las especulaciones de mercados internacionales El veto a su vez no considera como incentivo para los productores nacionales, aunque cita las cifras, el que la OCDE estima que en los próximos 10 años el precio del maí­z aumentará entre 20 y 50%, debido al rápido crecimiento del sector de los biocombustiblesá El veto presidencial comprende otros temas, como la distinción entre producción y consumo de biocombustibles, la introducción gradual de los bioenergéticos al mercado mexicano, la asignación del gasto público en la materia y aun la participación mexicana en el mercado de bonos de carbono. Desearí­a verlos incluidos en la ley que resulte de sus observaciones o tratados de otra manera. Veremos si el Legislativo se allana a su exposición. Por lo pronto, la legislación en una materia que evoluciona rápidamente, sufrirá un retraso que puede durar no sólo semanas o meses, sino años.– México, D.F.