Vacuna contra los abusos del dinero
Submitted by nadezhda on Lun, 09/10/2007 - 08:20
No importa la opinión que se tenga sobre los resultados de las elecciones presidenciales de julio de 2006. Es incuestionable que la República no resistiría otras elecciones federales tan impugnadas, tan divisivas como las del año pasado.
Ese es el leitmotiv de la reforma electoral que se discute en el Senado de la República.
No es la suerte de los actuales consejeros del IFE. No son las personas las que importan, sino la urgencia de fortalecer el sistema y las instituciones electorales, y así subsanar las deficiencias y lagunas a la vista de todos los que observaron el proceso electoral de 2006.
Es inmoral pretender ignorar el juicio lapidario del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al calificar las elecciones presidenciales del año pasado.
Cuando el tribunal dictamina que los comportamientos del ex presidente Fox y de algunos poderes fácticos pusieron en riesgo la elección, dio la señal para que se actúe para evitar que la elección presidencial vuelva a estar en riesgo.
¿Acaso no fue suficiente la advertencia de que al estar en riesgo la elección presidencial el país estuvo muy cerca de una confrontación que bien pudo ser violenta?
Esa es la razón de la reforma electoral a discusión en el Congreso de la Unión. Vacunar a las instituciones y al sistema electoral contra comportamientos ilegales y abusivos.
Hay muchas medias verdades sobre esa reforma, medias verdades que resultan verdaderas mentiras.
No se reinventan las instituciones ni el sistema electoral.
La exposición de motivos leída en el Senado lo dejó claro: ...No se propone empezar de nuevo; sino consolidar lo que, bajo el tamiz de la experiencia, probó eficacia democrática y buenos resultados; queremos corregir lo que no funcionó y, sobre todo, seguir construyendo soluciones que hacen más amplio el camino de la democraci
Es como si los opositores a la reforma electoral quisieran que se reeditaran en las elecciones legislativas federales no sólo los abusivos comportamientos de poderes oficiales y poderes fácticos, sino que preferirían que siguiera el derroche de recursos que ofenda a una sociedad agraviada por la desigualdad y la pobreza.
Si se consiguió estructurar una iniciativa de reforma electoral fue porque el diálogo y la negociación funcionaron no sólo como herramienta coyuntural, sino como experiencia que podemos hacer cotidiana para el bien de la República.
Es una cortina de humo el intento de centrar la discusión de la reforma electoral sólo en la eventual remoción, escalonada o no, de los consejeros del IFE.
En cierta forma se denigra la política con ese esfuerzo de devaluar la reforma electoral y centrarla sólo en la discusión sobre la suerte de nueve consejeros del IFE.
En la discusión sobre las personalidades en el IFE se soslayan aspectos torales de la iniciativa de reforma electoral.
Intencionalmente se soslaya su intención de disminuir significativamente el gasto en las campañas electorales, porque el insultante gasto de campañas sólo beneficia a unos cuantos.
Les conviene callar que la iniciativa de reforma electoral presenta una forma de cálculo que reduciría en 70 por ciento el financiamiento público en las elecciones legislativas y en 50 por ciento en las presidenciales.
En la cortina de humo del debate sobre los consejeros del IFE se pretende ignorar que se pondrán límites menores al financiamiento privado, con lo cual se reduciría el riesgo de que el dinero negro de la delincuencia o de muchos poderes fácticos se infiltre en los gastos de campaña de los partidos.
Así se pondría fin al permanente riesgo de que sea el dinero, no las propuestas o los programas sometidos a consideración de los votantes, el que decida los resultados de las elecciones.
Podrá ser una fórmula imperfecta, pero las democracias más consolidadas no han encontrado la fórmula ideal para evitar que el dinero se convierta en el eje central de la política.
Cuando menos la fórmula imperfecta cierra los caminos al dinero negro.
También se calla el fortalecimiento de las instituciones electorales.
No dicen los críticos de la reforma que al IFE se le dan facultades para fiscalizar con más rigor, para sancionar con más vigor y para ser intolerante con los comportamientos ilegales de personas, organizaciones, empresas o partidos.
Los críticos de la reforma electoral temen, quizá, a las barreras creadas para el uso del poder público a favor o en contra de cualquier partido o candidato, o para promover ambiciones personales de índole política.
Sobre todo, los críticos de la reforma le temen a procesos electorales equitativos, jurídica y legalmente equitativos, cuyos resultados sean irreprochables.
Le temen a la reforma porque le ata las manos a tantos que desde la sociedad o desde el poder manipulan los procesos electorales.
Sobre todo, critican la reforma electoral porque a muchos de los miembros de las élites políticas les falta grandeza.
La grandeza que sí tuvieron aquellos que en 1996 pusieron en marcha la auténtica transición democrática de la República.