Plaza Pública: México muestra su fragilidad

Diario de Yucatán

Miguel Ángel Granados Chapa

En un lapso tan breve como seis horas nuestro paí­s vivió acontecimientos que muestran su fragilidad, derivada de la incompetencia gubernamental para hacer cumplir la ley, ineptitud aprovechada por núcleos sociales tan diversos como empresarios y terroristas que desafí­an de distinto modo y con diferentes fines a una autoridad cuando no impasible corrupta.

El domingo, cerca de Monclova, un camión cargado con 25 toneladas de nitrato de amonio chocó contra una camioneta y poco después estalló su contenido en una explosión que mató a 30 personas y causó lesiones a más de 200. No fue en sentido estricto un accidente regido por el azar, pues si bien la colisión entre los dos vehí­culos fue un acontecimiento fortuito, su principal consecuencia se pudo haber evitado. Eso es lo que impide hablar de sólo un accidente.

El camión de la empresa transportadora Fletes y Traspaleos salió de la planta de la compañí­a de productos quí­micos Orica en Cuatrociénegas rumbo a Colima. Según indicios, la operación contravení­a los ordenamientos que norman el transporte de sustancias explosivas, que deben ser tratadas con gran delicadeza, por razones de seguridad pública y de seguridad nacional. Los tripulantes deberí­an contar con adiestramiento para el manejo de la sustancia en circunstancias normales y en situaciones de emergencia. Y sin embargo, tan pronto se produjo el choque huyeron sin alertar en la forma prescrita (que incluye llamar al Sistema Nacional de Emergencias) sobre el riesgo inminente del estallido.

Ellos se salvaron, pero no así­ cientos de personas que llegaron de inmediato a prestar auxilio o a informar sobre el percance, muchas de las cuales murieron o quedaron heridas. El vehí­culo viajaba a su suerte, sin unidades de acompañamiento, en previsión de sucesos como el ocurrido o el riesgo potencialmente más peligroso aún de ser asaltado para hacerse del cargamento, ya sea con fines mercantiles o polí­ticos. Ni la Policí­a Federal Preventiva ni el Ejército, que tienen responsabilidades respecto de la seguridad del tránsito y del trasiego de explosivos, estaban al tanto de ese viaje que se debió realizar con aviso a mencionadas autoridades.

El diario Reformá puntualiza que si bien el nitrato de amonio se utiliza de manera lí­cita en la industria minera y de la construcción, es también apetecido por delincuentes peligrosí­simos como los que con ese material hicieron estallar el edificio federal de Oklahoma en Estados Unidos, en 1995, que causó la muerte de 137 personas. Informa, asimismo, que el Ejército Popular Revolucionario lo ha utilizado en algunas de sus incursiones.

Quizá lo hizo de nuevo horas después. A las dos de la mañana del lunes se inició en seis puntos del estado de Veracruz y uno más en Tlaxcala un ataque contra ductos de Pemex, que provocaron incendios en la cercaní­a de cuatro poblados y obligaron a cerrar el suministro de gas natural a más de 1,000 instalaciones industriales en nueve entidades de la república, muchas de las cuales han tenido que suspender sus propias operaciones por la falta de ese energético.

La operación destructora, reconocida de inmediato por Pemex como un acto premeditado, se asemejó mucho a la ocurrida en julio pasado en Guanajuato y Querétaro, que también causó estragos no sólo a las instalaciones de la empresa petrolera, sino a su clientela en diversos estados. Ocurrieron en la madrugada, con la obvia intención de no causar ví­ctimas sino destrozos materiales, tanto directa como indirectamente.

Por ignorancia o por sigilo, ni Pemex ni la Procuradurí­a General de la República reconocieron aquella vez que se trataba de atentados. Sólo aceptaron que eso era cuando el 10 de julio –justamente dos meses antes de los estallidos veracruzanos– el EPR las caracterizó como acciones quirúrgicas de hostigamientoá, destinadas a forzar la presentación de dos de sus dirigentes, detenidos el 25 de mayo en Oaxaca y de los que no ha vuelto a saberse más. La guerrilla anunció que no cesarí­a su campaña polí­tico-militar hasta la aparición de los desaparecidos.

Por impericia o por negligencia las autoridades no asumieron la calidad de esa amenaza, que se consumó el lunes a primera hora. En mucho mayor medida que en julio, esta vez el ataque fue al mismo tiempo un alarde de poder y exactitud. El EPR se adjudicó ayer al mediodí­a la operación y al describirla hizo gala de su conocimiento del mapa estratégico de Pemex y exhibió su vulnerabilidad: Unidades militares pertenecientes a nuestro ejército colocaron 12 cargas explosivas en igual número de ductos de Pemex en los municipios de La antigua, Úrsulo Galván, Olmeaca, Mendoza, Cumbres de Maltrata en Veracruz y en Cuapiaxtla, Tlaxcala, de las cuales la colocada en el oleoducto de 24 pulgadas Nuevo Tepa-Cadereyta (en La antigua) no se activó. Todas fueron activadas simultáneamente a las dos horas del dí­a 10 del presente mes

Se interrumpió el suministro de gas natural a la Comisión Federal de Electricidad, que lo utiliza para generar fluido eléctrico, y a más de 1,000 empresas, entre ellas la planta Volkswagen en Puebla (como ocurrió en julio a Nissan en Aguascalientes), y acaso la suspensión del servicio se prolongue hasta el fin de esta semana. Esos efectos parecen no haber sido ignorados por los atacantes, sino al contrario contaron en su estrategia.

La fragilidad de México, en esos casos al menos, deriva de causas diversas, pero la constante es la incapacidad gubernamental de ser eficaz lí­citamente.– México, D.F.