Plaza Pública: El referéndum por la libertad
Submitted by nadezhda on Vie, 09/14/2007 - 14:00
Miguel Ángel Granados Chapa
Tan ajenos están los radiodifusores a la ley, tan al margen de su práctica, que ignoran que su propuesta de llevar a referéndum la aprobación de la reforma constitucional que prohíbe la propaganda electoral pagada (y sus eventuales simulaciones) es imposible jurídicamente.
Una consulta a los ciudadanos, con aquel nombre o sin él, carecería por tanto de efectos vinculatorios. Acaso mostraría la posición al público de las televisoras y establecería distancia entre la decisión legislativa en materia electoral y la opinión de los votantes. Pero esa distancia es apreciable en innumerables materias, no obstante lo cual las leyes a las que se refiere están vigentes.
Después de la presencia de dirigentes de la Cámara de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), concesionarios importantes y conductores de programas y presentadores de noticias ante las comisiones unidas del Senado de la República, para objetar algunas disposiciones de la reforma constitucional al sistema electoral el tema parecía agotado.
Se dijo entonces que la preocupación fundamental de los asistentes era preservar las libertades, la de expresión particularmente. Cuando Joaquín López Dóriga intervino para expresar las preocupaciones de mi oficioá el problema había quedado sin materia, de haberla tenido en realidad.
Se trataba de un párrafo del nuevo (cuando sea aprobado definitivamente) artículo 41 constitucional que debía ser entendido en su contexto de evitar la contratación de mensajes electorales pagados. El texto decía: Ninguna persona pública o privada, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar o difundir mensajes en radio y televisión susceptibles de influir en las preferencias electorales de los ciudadanos ni a favor ni en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular Advertidos de la probable confusión que generara respecto de la libertad de expresión, cuando el martes al mediodía acudieron al Senado los representantes de la radio y la televisión se había ya corregido la redacción para precisar que se prohibía contratar la difusión, no difundir (y después se puso físicas o morales donde decía personas públicas y privadas), por lo que el periodista que conduce el principal noticiario electrónico se dio por satisfecho: Enhorabuena y que así permanezca, modificado... si ya se hizo la reforma a este texto que reforma la Constitución que así se quede, para que la libertad de expresión no sea víctima de modificaciones legales
La CIRT, sin embargo, decidió prolongar el litigio, como si tal amenaza a la libertad de expresión, que no fue nunca real, existiera todavía. Por tanto, convocó a una reunión de su consejo y convidó también a otros líderes patronales, entre ellos los presidentes del Consejo Coordinador Empresarial y de la Concamín para lanzar su desafío. De modo semejante a la víspera, aunque con menos tiempo, las televisoras se enlazaron (en una suerte de hora nacional instrumentada por particulares) para dar a conocer su iniciativa llamada Un referéndum por la libertad
En su exposición la Cámara insiste en que la reforma en curso afecta el derecho a la libertad de expresión porque despoja a la gente de la posibilidad de expresar sus posiciones en medios electrónicos Se trata de una falsedad porque sólo se priva a quienes pueden hacerlo de la posibilidad de pagar por expresar sus opiniones electorales, lo cual es necesario para evitar la simulación: si a los partidos se prohíbe contratar tiempos en medios electrónicos para ese propósito, es menester extender la prohibición en general para evitar la infracción a la ley por interpósita persona.
La posición de la CIRT es endeble, no sólo porque carece de materia, sino porque se basa en información falsa. Dice que la reforma se había venido preparando en lo oscuro, por lo que su contenido sólo nos fue revelado unos días antes
Eso pasa a los radiodifusores por no prestar atención a la información sobre asuntos públicos relevantes (y privar de ella a sus usuarios): el 4 de junio, hace tres meses, se efectuó en Jalapa el foro titulado Democracia y Sistema Electoral, en el marco de las reuniones sobre reforma del Estado. En esa reunión se trazaron las bases de la iniciativa formalizada el 31 de agosto y cuyo predictamen fue conocido el 6 de septiembre.
No obstante las deficiencias de su información, considerándose agredida, la CIRT exige un referéndum, una consulta popular para que los mexicanos expresen su opinión, de manera directa y sin participación alguna de la partidocracia. No podemos permitir que la sociedad sea secuestrada por unos cuantos dirigentes de partidos políticos Y exigió también que el actual IFE –el IFE ciudadano– supervise la consulta popular.
El referéndum y la consulta popular (figuras de democracia directa diferentes entre sí, no expresiones sinónimas, no dos modos de llamar a un solo ejercicio ciudadano) están considerados en la legislación de varias entidades del país, pero no en el nivel federal.
Se sorprenderá desagradablemente la CIRT al enterarse, en este momento y por mi conducto, que han sido los partidos de la Revolución Democrática y del Trabajo quienes han presentado proyectos, que no han tenido curso, para introducir el referéndum a la Constitución. Lo hizo el PRD en 1992 y el PT en 1997. Tal vez ahora, a la par o en vez de que la radio y la TV organicen el suyo propio, que carecerá de eficacia legal, puedan apoyar esas iniciativas.– México, D.F.