Plaza Pública: Contra el nuevo civismo electrónico
Submitted by nadezhda on Lun, 09/17/2007 - 08:05
Miguel Ángel Granados Chapa
Súbitamente los medios electrónicos concesionados se convirtieron en adalides del civismo nacional. Dos días seguidos, el martes y el miércoles pasado, unieron la señal de sus emisoras más potentes para ocuparse de asuntos que hasta ahora habían sido impulsados por organizaciones civiles a las que las radiodifusoras negaron acceso permanentemente.
En realidad protestaban por normas que impedirán, cuando se consume la reforma constitucional, que el dinero gastado en televisión (y también, aunque en menor medida, en radio) sirva sólo para acrecentar las ganancias de los emisores, a que tienen pleno derecho en una economía de mercado de la que, sin embargo, hay que sustraer la democracia electoral, que no es y no debe ser tratada como mercancía.
La reforma constitucional en materia de elecciones quedó aprobada con sólo votaciones marginales en contra en el Senado, donde se originó, y en la Cámara de diputados. Es un conjunto de enmiendas y adiciones que no deja satisfecho a nadie, por insuficiencias en algunos casos (algunas de las cuales pueden ser remediadas cuando se reforme el Código electoral) y por excesos, según los radiodifusores.
Ahora se inicia el paseo de la reforma, el recorrido por las legislaturas locales que, si se reproduce conforme a las pautas tradicionales, conducirá al fin de la operación constitucional a más tardar a fines de octubre. No se ha dado jamás el caso de que los congresos locales no se sumen a decisiones del Congreso federal en número bastante para frenar reformas aprobadas en el Senado de la República y la Cámara de diputados.
Sólo en 2001 asistimos al insólito espectáculo de que algunas legislaturas cuestionaran la reforma constitucional en materia indígena, pero su posición no consiguió frenarla. De suerte que bastaría esperar que se reúnan las legislaturas locales una a una hasta llegar a la mayoríá, como establece el artículo 135 constitucional, y el Congreso haga el cómputo de los votos de esos órganos y declare que ha sido reformada la Constitución.
Los principales miembros de la industria de la radio y la televisión prolongarán su esfuerzo, frustrado la semana pasada, de impedir tal reforma, que consideran agraviante de sus intereses.
Contarán en su favor con la composición del nuevo sistema político, antaño centrado en la figura presidencial, ahora con clara definición policrática, es decir, con diseminación del poder.
Los gobernadores pertenecientes a los tres partidos que impulsaron la reforma no necesariamente compartirán la perspectiva de sus legisladores federales, sea por sus propios intereses o porque estén sujetos a otros, como el de Hidalgo, Miguel Ángel Osorio Chong, que inmediatamente cuestionó la modificación constitucional a tono con la posición de su jefa, Elba Ester Gordillo.
Seguramente procederán de modo semejante otros dependientes o afines a la lideresa magisterial, como Humberto Moreira de Coahuila o Eugenio Hernández de Tamaulipas. Con Enrique Peña Nieto a la cabeza, acaso se alíen con los jefes de la radio-televisión para estorbar en el voto de las legislaturas de sus estados la formación de la mayoría necesaria para ultimar la reforma constitucional.
El gobernador del Estado de México necesita y se puede sumar a los intereses de la radio y la televisión que se consideran lastimados por dichas enmiendas y adiciones. Es protagonista de un fenómeno que la nueva legislación busca impedir, la fabricación de una imagen personal pagada con recursos públicos y de ulterior aprovechamiento electoral.
Desde que era candidato, su padrino –el impune gobernador Arturo Montiel– pactó con Televisa condiciones que significan gruesas, multimillonarias erogaciones, cuyo efecto se ha prolongado hasta nuestros días, en que el copete de Peña Nieto aparece cotidianamente en el noticiario principal del canal dos.
Podemos presumir que al menos la también muy publicitada legislatura mexiquense dirá no a la reforma constitucional o sesionará a destiempo intentando evitar que se reúna el número de votos para consumarla.
En su pretensión de frenar la reforma, la Cámara de la Industria de Radio y Televisión solicitó ser oída por senadores y diputados. Recibieron a su consejo directivo los primeros pero no los segundos, encaminados ya el jueves 13 a dictaminar la minuta que les había remitido el Senado.
Dos días antes, reunidas las comisiones que se disponían a dictaminar, los líderes de la radiotelevisión, y buena parte de los conductores de programas de que son empleadores o socios, expusieron su parecer. Era una delegación muy representativa: la encabezó Enrique Pereda, cuya empresa Radiorama agrupa a 220 radioemisoras y cuyos vicepresidentes, Javier Tejado Dondé y Ernesto Vidal, son personeros de Televisa y TV Azteca.
Se dirigió a los senadores también, entre otros, Rogerio Azcárraga, de Radio Fórmula, grupo que tiene 108 estaciones de radio en todo el país y 420 operadores de cable en todo Méxicoá, que ha recibido más de 300,000 correos electrónicos de la ciudadanía, más de ocho millones de visitantes en Internet y más de 120,000 llamadas telefónicas
Su caso es prototípico de la industria de radio y televisión. Como sus parientes Raúl y Emilio Azcárraga Vidaurreta, ingresó a la radio por la vía de los discos.
Estableció la marca Orfeón en 1956 y esa porción de sus negocios comprende hoy la disquera Orfeón Videovox y las editoras musicales Pham-Emm. Cuenta con tres cadenas nacionales de radio y una de cable, Telefórmula.
Subraya en su publicidad que de todos los noticiarios de la radio los cinco más escuchados son de Radio Fórmula... y siete de los 10 más importantes se transmiten en nuestras frecuencias
Ha conseguido convocarlos mediante una combinación de altos salarios y comisiones de publicidad, pues los conductores obtienen un porcentaje de la publicidad que venden (y que se reconoce como vendida, pues más de una dificultad ha surgido entre el concesionario y algunos de sus conductores porque éstos leen boletines de dependencias públicas como si fueran información y se trata en realidad de publicidad que esconden a su empleador).
Azcárraga se ha quejado de que, con esa fórmula, hay conductores ricos y concesionarios pobresá, lo cual no es su caso. Es cuantiosísima su fortuna inmobiliaria, constituida en México por los predios y edificios donde operan sus emisoras, y en Nueva York por más de un centenar de departamentos que se arriendan por rentas caras.
Después de decir que durante 70 años estuvimos censurados por el PRIá y que sólo en la última década, a partir de Zedillo, se abrió la radio y televisióná se quejó, sin base, de que quieren censurar programas como el de López Dóriga, el de Ciro Gómez Leyva, Pepe Cárdenas y no podemos aceptar que no se nos permita decir lo que dice el pueblo
Luego iría más al grano, también sin fundamento, al quejarse de que la propaganda de los partidos, tres minutos adicionales en ciertos casos conforme a la nueva legislación, se transmita también en tiempos triple A y doble A: Esto nos lleva a 30% de la parte comercial... es casi expropiatorio el 30%, no están pagando un centavo y van a quitar el 30%, además de arruinar los 'ratings'
En esto último, con todo, Azcárraga fue sincero y tocó uno de los elementos que afectan a los concesionarios: la disminución de sus ganancias. En cambio, al día siguiente la Cámara de Radio y Televisión (rodeados sus directivos por los de la Concamín y el Consejo Coordinador Empresarial) se disfrazó de promotora cívica al proponer, con ignorancia supina, un Referéndum por la libertadá destinado a impedir que la reforma en curso afecte, además de la libertad de expresión, el derecho a la información... el derecho de los ciudadanos a ser informados por cualquier medio lícito; el derecho a una autoridad electoral ciudadana, porque los partidos toman el control del Instituto Federal Electoral al destituir a discreción a los consejeros, logrando tener un IFE a modo; el derecho a optar por cargos de elección popular, porque les da a los partidos el monopolio de escoger candidatos; el derecho a la rendición de cuentas de los legisladores, porque descarta la reelección y, por tanto, subordina a los diputados y senadores a las decisiones de sus partidos
Esté usted cierto de que estas banderas no ondearán mucho tiempo.– México, D.F.