Diario de Yucatán

Miguel Ángel Granados Chapa

El embate de los concesionarios de los medios electrónicos –y por reflejo obligado el de algunos de sus periodistas– se ha concentrado en denunciar a la partidocracia como el régimen vitando que se apoderó de la nación. En su fallida convocatoria al Referéndum por la libertad, la Cámara de la Industria de Radio y Televisión proclamó: No podemos permitir que la sociedad sea secuestrada por unos cuantos dirigentes de partidos polí­ticos

La propia Cámara tení­a una idea distinta del sistema de partidos el año pasado, cuando la totalidad de las fracciones parlamentarias en la Cámara de Diputados y las del PRI, el PAN y el Verde en la de Senadores aprobaron las reformas a las leyes de radio y televisión y de telecomunicaciones que beneficiaban al duopolio formado por Televisa y TV Azteca.

Eran los mismos partidos que hoy son denostados. En un importante número de casos son las mismas personas (las que pasaron de una Cámara a otra en el tránsito de la legislatura número 59 a la 60). En ése tan próximo entonces no les pareció mal que la partidocracia gobernara. Y aunque, como ahora, la acción de los partidos resultara inconveniente para sus intereses, no hay forma de eludir ese régimen. Hay, sin embargo, la posibilidad de mejorarlo, de atenuar sus defectos.

En todo el mundo, los sistemas democráticos son inevitablemente una partidocracia. En Estados Unidos las decisiones de estado cruciales son adoptadas o frenadas por el juego entre demócratas y republicanos. La guerra de Iraq fue decidida de consuno por ambas formaciones. El desacuerdo entre ellas ha impedido la reforma migratoria que mejore las condiciones de quienes ingresan y viven en aquel paí­s desprovistos de autorización legal.

En la Gran Bretaña la sustitución de Tony Blair por Gordon Brown en la jefatura de gobierno ocurrió no a partir de una elección parlamentaria, sino del reemplazo de uno por otro a la cabeza del partido laborista, que obligó a la reina Isabel II a invitar a Brown a formar gabinete. La vida española se decide cotidianamente por la tensión entre el Partido Socialista Obrero Español y el Popular. Y así­ podrí­amos continuar la enumeración interminablemente.

Lo mismo ocurre en México desde que se resquebrajó el sistema de partido dominante casi único. Y aun mientras ese régimen estuvo vigente, las decisiones presidenciales requerí­an en buena medida del PRI para ser procesadas. El papel de los partidos, en ese tiempo no muy remoto, se apreciaba menos que ahora porque no eran necesarios para forjar el sentido de la acción gubernamental, ni siquiera cuando en los años 60 y 70 creció su representación parlamentaria.

Pero la redistribución del poder, iniciada por mecanismos legales a través de la reforma polí­tica de 1977 y confirmada paulatinamente, en zigzagueos, por el voto ciudadano a partir de 1988 fortaleció a los partidos, que fueron habitando a través de su representación parlamentaria o los gobiernos locales más y más espacios.

Se ha constituido así­ la partidocracia recién descubierta por los beneficiarios del régimen que ahora denuestan. El lento tránsito de la Presidencia omní­moda e incontrastada al Ejecutivo acotado ha sido causado por la partidocracia en beneficio suyo, pero también de porciones crecientes de la sociedad. Porque los partidos no existen en el aire, desasidos de su entorno, sino que son frutos de él. Sus deficiencias reflejan la insuficiencia democrática de la sociedad.

El tan prolongado tiempo en que los ciudadanos fueron prescindibles surtió efectos que no han podido ser superados y que efectivamente operan en beneficio de los grupos que dirigen esas organizaciones, que con demasiada frecuencia los usan para su provecho personal. Desde muchas perspectivas, los partidos son un mal necesario. En las democracias surgidas del liberalismo polí­tico (aun en los regí­menes autoritarios) no se puede prescindir de ellos.

No quiero decir con ello que nos rindamos ante la fuerza de un mecanismo de poder que se nos impone. Los huracanes y las lluvias e inundaciones que derivan de ellos no pueden ser suprimidos ni evitados, pero es posible adoptar precauciones para aminorar sus efectos nocivos. En el caso de los partidos es posible mejorar su funcionamiento, atenuar el ejercicio de su poder mediante la participación ciudadana que no puede, sin embargo, sustituirlos por completo.

Téngase como ejemplo la integración del Consejo General del IFE. Ese órgano ha vivido varias etapas en todas las cuales las decisiones respectivas pasaron por las fracciones parlamentarias, es decir, por la partidocracia. El Instituto mismo surgió del acuerdo entre el gobierno y su partido y el de Acción Nacional. En 1990, la designación de sus primeros integrantes no partidarios ni gubernamentales, los consejeros magistrados, fue una operación conjunta del Ejecutivo y el Legislativo, y lo mismo ocurrió con su reemplazo anticipado.

Quienes los sustituyeron en 1994, los consejeros ciudadanos, fueron nombrados por los grupos en la Cámara de Diputados, mismos que junto con los senadores decidieron en 1996 sustituirlos por los consejeros electorales cuyo periodo concluyó en 2003. En octubre de ese año la partidocracia designó a los consejeros a los que ahora la partidocracia ha dispuesto sustituir paulatinamente. Sólo que en este momento cabe la posibilidad, exigida por una porción de la sociedad civil, de que los ciudadanos contribuyan a la integración del Consejo del IFE y la partidocracia no actúe a solas.– México, D.F.