Plaza Pública: Crimen en Hidalgo
Submitted by nadezhda on Vie, 09/21/2007 - 07:55
Miguel Ángel Granados Chapa
Anteayer fue asesinado en Huasca de Ocampo, en Hidalgo, el secretario de Seguridad Pública de esa entidad, Marcos Manuel Souberbielle. La investigación determinará si su homicidio es uno más de los atentados contra responsables de la policía en varios estados, o si obedeció a circunstancias particulares, derivadas de sus acciones u omisiones en su cargo.
Souberbielle fue director de la Policía Judicial de Hidalgo de 1993 a 1998. Antes de terminar el sexenio sus jefes, el gobernador Jesús Murillo Karam –hoy senador de la república y secretario general del comité nacional priista– y el procurador Omar Fayad –actualmente alcalde de Pachuca– dejaron sus cargos, más para poder encarar mejor un barrunto de crisis política en Hidalgo que por sus méritos profesionales en la materia; Murillo fue designado por Francisco Labastida subsecretario de Seguridad Pública en Gobernación.
El gobernador con licencia trajo consigo a Fayad, a quien encomendó la organización de la Policía Federal Preventiva, y a Souberbielle, a quien hizo director general de normatividad y supervisión en seguridad.
Con ese carácter, el funcionario ahora asesinado firmaba licencias oficiales individuales que permitían portar armas al personal de la Secretaría de Gobernación que por su desempeño las requerían. Sin embargo, uno de esos documentos fue hallado entre las pertenencias de Paco Stanley, el conductor de televisión asesinado en junio de 1999.
Junto con utensilios para el consumo de cocaína y dosis de ese alcaloide, en el vehículo a bordo del cual fue ultimado se encontró esa identificación, a todas luces indebida pues la víctima no era empleado de Gobernación. Se intentó explicar el hecho diciendo que al conductor y cómico le apremiaba contar con un documento que le amparara portar una arma para su defensá, puesto que había padecido cuatro asaltos y desempeñaba labores en horarios nocturnos
Salvo contados y escogidos casos como ése, el enorme número de capitalinos en condiciones semejantes a las de Stanley ni por asomo habrían recibido el trato deferencial que Souberbielle le dispensó, pues a la generalidad de las personas les queda el recurso de acogerse a la Ley Federal de Armas y Explosivos, administrada por la Secretaría de la Defensa Nacional para poseer y portar armas de fuego.
Luego de esa tarea, que concluyó el último día de noviembre de 2000, Souberbielle volvió a la Procuraduría de Justicia del Estado, donde aparece registrado como director de control de procesos a partir de 2003 y hasta marzo de 2005. No me queda claro, en consecuencia, si en diciembre de 2000 tenía responsabilidades en la Procuraduría, que en ese momento quedó marcada por la impunidad que favoreció al asesino que ultimó, en una instalación de la Universidad Autónoma del estado, a Juan Pablo de Tavira, que había sido el fundador del penal de alta seguridad establecido en Almoloya de Juárez, y a quien la delincuencia organizada tenía sentenciado.
El gobernador Miguel Osorio Chong lo nombró secretario de Seguridad Pública, una labor en cuyo desempeño había claroscuros, de los que eventualmente se podría desprender la consecuencia de su asesinato. En mayo pasado, por ejemplo, sus tropas capturaron a una banda de secuestradores que, sorprendidos en Apan en plena acción pretendieron huir a Pachuca. En las inmediaciones de la capital hidalguense se enfrentaron a la fuerza policial, que los venció y además de capturar a seis de ellos, aseguró siete armas largas y dos cortas. De acuerdo con el arsenal que portaban los detenidos fueron calificados por Souberbielle sin duda como personas peligrosas
La policía a sus órdenes, en cambio, no parecía percatarse de la creciente presencia en el estado de un segmento de la banda de Los Zetas, que operaba en Pachuca misma y en los municipios de Mineral del Monte, Atotonilco, San Agustín Mezquititlán, Tlanchinol, Lolotla y Huejutla, donde en los primeros meses de este año practicó por lo menos 10 levantones.
Era una suerte de actividad vicaria, pues la principal era la de vigilar y proteger el tránsito de droga por el estado. Autoridades federales sí contaron con información sobre esas andanzas y recibieron además el dato de que el 23 de junio se reunirían Zetas de alto rango en Atotonilco el Grande, que es el centro de la comarca formada por los municipios mencionados.
Allí, en efecto, fue detenido Luis Reyes Enríquez (que también se hace llamar Carlos Enrique Velasco Salazar), apodado El Rex o Z-12, situado en la alta jerarquía del grupo de sicarios, ex militares reclutados por el capitán del cártel de Osiel Cárdenas. El Rex y 23 miembros de su banda asistían a la boda de uno de los suyos, Juan Matildas, y fueron sorprendidos el domingo 24 de junio en plena fiesta nupcial.
Las autoridades locales no fueron notificadas de la operación realizada por el Ejército y la Agencia Federal de Investigación. Se obra de tal modo cuando, con razón o sin ella, se supone posible una filtración que podría hacer fracasar los planes de captura de un líder importante de la delincuencia organizada. Quizá también se tuvo en cuenta que la policía local podría más que ayudar ser estorbosa, pues salvo la mencionada detención de los secuestradores, no solía dar muestra de eficacia. El atentado contra un funcionario de la Secretaría local de Desarrollo Social, ocurrido el miércoles siguiente, ejemplificó el pasmo policial pues fueron disparados 80 balazos sin que se detuviera a los responsables.– México, D.F.