Diario de Yucatán

México, paí­s feudal

Denise Dresser

Como dice mi esposo canadiense, con la perspectiva que le da provenir de un lugar bien gobernado: México no es un paí­s de ciudadanos, es un paí­s de intereses Tan feudal a veces como lo fuera la Europa del siglo XIV, convertida en enorme tablero donde cada cuadro pertenecí­a a un poderoso lord. México hoy es capturado por costumbres que lo remontan al medievo, atorado por actitudes que lo condenan a quedarse allí­. Un paí­s de intereses enquistados, de privilegios atrincherados, de cotos reservados. Presentes a lo largo del sistema polí­tico y económico, complacidos con el statu quo, empeñados en asegurar su preservación. Pugnando contra una reforma electoral imperfecta pero necesaria y peleando asiduamente para frenar su aprobación. Elba Esther Gordillo, el Consejo Coordinador Empresarial, la CIRT, algunos gobernadores, ciertos institutos electorales, diversos lí­deres de opinión. Defensores de un arreglo feudal que dificulta la posibilidad del avance nacional.

Porque la reforma aprobada es criticable pero imprescindible; insuficiente pero fundamental. Está lejos de resolver todos los problemas que la elección de 2006 evidenció, pero resucita el consenso necesario para remontarlos. Quienes se oponen a ella parecen incapaces de aquilatar sus beneficios previsibles y trabajar –de manera democrática– para mitigar sus perjuicios evidentes. Insisten en descalificarla de principio a fin y con ello revelan quiénes son y qué buscan. Señores feudales protegiendo su parcela de poder. Reyes medievales defendiendo lo que piensan que les pertenece por derecho divino. Caballeros contrariados luchando contra la constitución de un modelo distinto a aquel que tanto los benefició. Anunciando que movilizarán a los congresos para asegurar que todo sea como siempre ha sido, para que quede como estaba, para que regresen al lugar donde volverán a reinar. Ese paraje polarizado y peleonero, costoso y confrontacional. Donde domina el dinero y la influencia polí­tica que compra. Donde los recursos públicos subsidian y empoderan de manera desmedida a los medios privados. Donde los ciudadanos son simples vasallos. Siervos de un sistema que amuralló privilegios innecesarios y permitió dispendios injustificables.

Y bien vale la pena recordarlo: ese sistema de competencia electoral y confrontación polí­tica que hoy muchos defienden produjo el pleito desgarrador que el paí­s padeció hace apenas un año. En aquel momento la cúpula empresarial dijo haber entendido la vehemencia del mensaje, la dimensión de la sacudida, la magnitud del reclamo. Subrayó la necesidad de contener privilegios, democratizar feudos, atender ciudadanos, sacrificar prebendas. Lí­deres del Consejo Coordinador Empresarial y de la CIRT declararon que estaban dispuestos a hacer cualquier cosa para que la bala no les vuelva a rozar la sien. Representantes de la elite económica insistieron en hacer de México un paí­s mejor, para evitar la rebelión de las masas y el arraigo de su candidato. Miembros de la mafia mediática cerraron filas en torno a Felipe Calderón y apoyaron su estrategia de rebasar a AMLO por la izquierda.

Pero paradójicamente ahora que el Presidente lo hace, las elites se lanzan en su contra. Ahora que el Ejecutivo –de la mano del Congreso– avala una reforma electoral de tercera generación que produce cambios profundos en el sentido que se comprometieron a apoyar, insisten en tumbarla. Ahora que los partidos buscan superar la crisis de las instituciones, los empresarios, y sus aliados de conveniencia, se empeñan en negar esa posibilidad. Con argumentos cambiantes y posturas contradictorias y verdades a medias. Un dí­a es la defensa de la libertad de expresión y otro, la defensa de la autonomí­a del IFE. Un dí­a, la lucha contra el chavismoá y otro, la lucha a favor del federalismo. Un dí­a reclaman el debilitamiento de la autoridad electoral y al otro denuncian que ha adquirido demasiado poder para intervenir en los estados. Y con ello, los saboteadores de la reforma revelan que son parte del problema y no de la solución. Revelan su incapacidad de aprender las lecciones que la elección de 2006 enumeró.

En una mano cargan la antorcha democrática, pero en la otra esconden el escudo feudal. En una enarbolan el estandarte liberal, pero en otra empuñan la mano de hierro con la cual mantienen a México agarrado de la nuca. Porque la maduración democráticá que la CIRT, el CCE, Elba Esther y otros dicen defender –al oponerse a la reforma– sólo ocurrirá cuando parte del poder que han acumulado las elites fluya a los ciudadanos. Cuando comprendan que con las reglas revisadas ellos pierden pero la vida democrática del paí­s gana. Cuando entiendan que los excesos de la reforma que aborrecen son producto de su propio comportamiento. Hubo una causa y allí­ está el efecto. La prohibición de spots está directamente asociada con la imposición de la Ley Televisa. La prohibición a terceros para comprar publicidad electoral proviene de lo que hizo (en violación de la ley) el CCE. Las barreras de entrada a los partidos chicos se erigen ante la forma en la cual La Maestrá usó el Panal que ella misma formó. Lamentablemente la cruzada feudal de unos alimentó la contracruzada feudal de otros. Excesos de elites económicas han generado excesos de los partidos polí­ticos.

Excesos como la norma resbalosa y discrecional que impide denigrará a un adversario durante cualquier campaña electoral. Excesos como el establecimiento de una contralorí­a del IFE que se podrí­a convertir en medio de control partidista. Errores como la negativa de los partidos a someterse a la ley de transparencia y maniobras para evitar la fiscalización. Equí­vocos como la ambigí¼edad en torno al proceso que llevara a la designación de nuevos consejeros. Decisiones que apuntan a amurallar a los partidos en detrimento de los ciudadanos. Posturas criticables que proveen de armas a quienes quieren destruir la reforma electoral, porque argumentan que fortalece a la partidocracia.

Y por ello, en la batalla campal que se avecina, los partidos deberán ir abriendo las compuertas de su alcázar a los ciudadanos que no se han sentido protegidos o representados allí­. La reforma debe acabar con el vasallaje y no nada más remodelarlo. Debe liberar a los siervos y no nada más ponerlos al servicio de los partidos. Debe ciudadanizar a la polí­tica y no nada más colocarla en manos de otra elite impune. De poco servirá una reforma electoral que en lugar de acabar con el yugo feudal sólo lo cambie de dueño.– México, D.F.