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No para proteger derechos humanos: Maricela Contreras

Por Marí­a de la Luz Tesoro

México DF, 24 sep 07 (CIMAC).- Las recientes recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) al Ejército Mexicano son relevantes y elementos para que las autoridades civiles y militares continúen sus investigaciones y castiguen a los responsablesá de los casos que ventiló la comisión, como Castaños, Coahuila; Nocupétaro, Michoacán; Sinaloa de Leyva, Sinaloa; además de Zongolica, Veracruz.

Indicó lo anterior la presidenta de la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados, Maricela Contreras, al subrayar que en el municipio de Castaños, Coahuila, están en espera de que se dicte sentencia condenatoria contra los ex militares que violaron a 14 mujeres.

Por lo que exigió a las autoridades judiciales de Coahuila dictar sentencia en el caso de las bailarinas violadas en Castaños, ya que "de aplicarse la ley con objetividad, imparcialidad, independencia y pleno respeto a los derechos humanos, se estarí­a castigando por primera vez a ex militares en el fuero común, por haber cometido delitos sexuales.

La legisladora federal precisó que de esa manera se romperí­a el hito de impunidad que pesa contra las filas del Ejército por este tipo de conductas. Agregó que los elementos que aportó la CNDH son una prueba más de que no debe haber impunidad en ese caso.

Asimismo, recordó que en agosto pasado la Comisión Permanente aprobó, por unanimidad, un punto de acuerdo para que en la resolución que dicte el Juzgado Segundo de lo Penal, el Poder judicial se apegue a los principios de independencia e imparcialidad, analizando de forma objetiva las pruebas y aplique la sanción que corresponde a los responsables, durante el proceso de las 14 mujeres agredidas sexualmente en la zona de tolerancia de Castaños, Coahuila.

Enfatizó que "a pesar de las recomendaciones, en especí­fico de las violaciones sexuales, seguiremos sin conocer los procedimientos que sigue el Ejército a sus miembros por estos delitos, pues reina una opacidad en sus juicios

Contreras Julián citó como ejemplo el caso de Zongolica, pues aún no sabemos en qué estado se encuentra" y se pronunció por realizar reformas a la legislación actual, a efecto de que cuando algún miembro del Ejército esté involucrado en un delito sexual, sea juzgado por el fuero civil, independientemente si se encuentra o no en servicio.

El caso más significativo ha sido el de Ernestina Ascencio, de Zongolica, Veracruz, donde vimos a todo el aparato del Estado funcionar para encubrir la responsabilidad de los soldados en el fallecimiento de esa mujerá, reiteró la diputada perredista.

Antes, dijo Contreras, la bancada del PRD en la Cámara de Diputados alertó de cómo el despliegue del Ejército en todo el paí­s daba pie para que algunos de sus efectivos vulneraran las derechos de la población, especialmente de las mujeres

De ahí­, abundó, que hiciéramos una lista de todas las vejaciones y abusos sexuales de las que han sido objetos mujeres, principalmente indí­genas, en zonas donde el Ejército lleva sus operativos

La Presidenta de la Comisión de Equidad y Género destacó que ahora, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, José Luis Soberanes Fernández, sale con estos señalamientos para justificar su labor, pero no con una convicción de defender y proteger los derechos humanos que goza toda la población".

Maricela Contreras comentó que "a pesar de las recomendaciones, en especí­fico de las violaciones sexuales, seguiremos sin conocer los procedimientos que sigue el Ejército a sus miembros por estos delitos, pues reina una opacidad en sus juicios; como ejemplo tenemos de nueva cuenta el de Zongolica, pues aún no sabemos en qué estado se encuentra"

Finalmente, se pronunció por realizar reformas a la legislación actual, a efecto de que cuando algún miembro del Ejército esté involucrado en un delito sexual, sea juzgado por el fuero civil independientemente si se encuentra o no en servicio.

RECOMENDACIÓN CNDH

El viernes próximo pasado, el titular de la CNDH, José Luis Soberanes hizo una serie de recomendaciones entre las que destacó la de Castaños, Coahuila, de la que señaló:

Del análisis de los documentos que conforman el expediente de queja, la CNDH acreditó diversas violaciones a derechos humanos cometidas por servidores públicos de la Secretarí­a de la Defensa Nacional, entre ellas las violaciones a la libertad sexual (violación y abuso sexual), al derecho a la vida, tortura de 14 mujeres y siete policí­as preventivos, discriminación, violaciones a los derechos a la legalidad y seguridad jurí­dica, e inobservancia de la obligación de colaboración con la CNDH

Además de violaciones acreditadas respecto de servidores públicos de la Procuradurí­a General de Justicia del estado de Coahuila: Derechos de legalidad y seguridad jurí­dica y Ejercicio indebido de la función públic

Y, violaciones acreditadas respecto de servidores públicos del Ayuntamiento Constitucional de Castaños, Coahuila: Al derecho a la libertad personal y ejercicio indebido de la función públic

Por ende, dijo Soberanes, la Comisión Nacional cuenta con las evidencias necesarias que acreditan el ejercicio indebido la función pública por parte del Presidente Municipal de Castaños, toda vez que durante la secuela de la investigación que realizó esta Comisión Nacional respecto de este caso, fue omiso en dar respuesta a los diferentes oficios de petición de informes que se le requirieron, poniendo con ello de manifiesto su falta de voluntad para colaborar con este Organismo Nacional, evidenciando una conducta evasiva y de entorpecimiento.

En este sentido, abundó, resulta necesario que el Congreso del estado de Coahuila se imponga de las irregularidades y omisiones descritas en el cuerpo de esta recomendación, atribuidas al Presidente Municipal de Castaños, para que en el ámbito de sus facultades y atribuciones determine lo que en derecho proceda.

Esta recomendación está integrada también por 21 fichas de casos especí­ficos, en las que se evidencian las violaciones a los derechos humanos de cada una de las ví­ctimas por los actos imputables al personal de la Secretarí­a de la Defensa Nacional y de la Procuradurí­a General de Justicia del estado de Coahuilá, concluyó el presidente de la CNDH, José Luis Soberanes Fernández.

07/MLT/GG