Plaza Pública: Claridad para los medios públicos
Submitted by nadezhda on Vie, 09/28/2007 - 09:12
Miguel Ángel Granados Chapa
Comenzó ayer y termina hoy en la ciudad de México (Palacio de Minería, entre nueve y 19 horas) el Tercer Congreso Internacional de Medios Públicos, dedicado a su regulación y el futuro digital. Lo convocó la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México, A. C., una organización que, en creciente toma de conciencia y entre otras iniciativas, ha venido preparando un anteproyecto de ley de medios públicos. Se verá si esa propuesta adquiere cuerpo jurídico propio o si forma parte de la legislación sobre radio y televisión cuya agenda está siendo configurada por un grupo plural de trabajo en el Senado de la República.
La sentencia de la Suprema Corte que estableció la inconstitucionalidad de diversos artículos de las leyes de telecomunicaciones y radio y televisión reformadas a mansalva el año pasado es guía necesaria para, al menos una reelaboración de las leyes mencionadas. Pero están dadas las condiciones para ir más allá y renovar por entero la legislación respectiva, que debe incluir concepciones sólidas y avanzadas sobre medios comunitarios y públicos, además de los comerciales.
Un somero repaso a los temas del tercer congreso muestra, a manera de prontuario, las preocupaciones de la radio y televisión públicas en el mundo y en nuestro país: La garantía jurídica de la independencia y la participación social en los medios públicos, El marco regulador de los medios públicos, Retos de los medios públicos frente a la convergencia digital: Retos digitales en México, Organización y financiación de los medios públicos, Los medios públicos y el desafío de su marco jurídico, La censura sutil en los medios de comunicación y Servicios digitales en los medios de comunicación públicos.
Los conferenciantes y ponentes en mesas redondas representan la amplia diversidad de la radio y televisión pública en el mundo. Las oficinas y agencias presentes son TV Cultura, de Brasil; BBC de Londres; WGBH internacional de Estados Unidos; La Sept Arte, de Francia; Consejería general de radio pública de Estados Unidos; Orf de Austria; Radio Nederland, de Holanda; Copperplate film & televisión Ltd, de Inglaterra; Adc, de Argentina; además, claro, de la propia Red, representada en los eventos de ayer y hoy por TV Unam; Corporación de radio y televisión de Tlaxcala, Sistema de radio y televisión mexiquense, TV Nuevo León, Canal Once, Sistema michoacano de radio y televisión, y Radio Unam.
Los medios públicos mexicanos se caracterizan por una gran heterogeneidad, de contenidos y también de orígenes y propósitos, así como de modalidades jurídicas y organizativas. Quizá la radio universitaria es la más antigua en ese espacio, si descontamos esfuerzos iniciales de radiodifusión estatal que no prevalecieron. En cambio, a partir del establecimiento de Radio Unam, en junio de 1937, hace 70 años, han proliferado las emisoras de las universidades públicas. También tienen historia las radiodifusoras del extinto Instituto Nacional Indigenista, la mayor parte de cuyas funciones se trasladaron a la actual Comisión Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Las emisoras de radio y televisión estatales, surgidas en diversas etapas, se hallan hoy integradas en sistemas, operados en casi todos los casos por los gobiernos correspondientes. Una excepción era la radiotelevisión del Congreso del estado de Morelos, que el Ejecutivo ha tomado para sí. En el ámbito federal, formado también por una suerte de sedimentación, funciona el Instituto Mexicano de la Radio, dos canales de televisión (Once y Veintidós, con sus repetidoras) y el sistema de televisión educativa que se transmite por satélite.
Esta diversidad se resuelve en su contrario tan pronto se examinan las necesidades de esos medios, requeridos todos de un tratamiento que determine su financiamiento y su estatus legal. Con algunas excepciones, casi todos son medios pobres, que funcionan a base de permisos (una de las dos formas de autorización vigentes en la legislación; la otra es la concesión) lo que impide que puedan obtener ingresos propios (o cuando lo hacen tengan que incurrir en simulaciones, impropias en todos los casos y con mayor razón cuando se practican de cara al público). Sus recursos son, en consecuencia, provistos por autoridades de que dependen y que resultan apenas suficientes para sobrevivir. De no ser porque se ha constituido, también como un elemento común, una suerte de servicio civil de carrera, plantillas de personal que por vocación deciden trabajar en medios públicos, la calidad de sus servicios hubiera decaído con mayor celeridad que la determinada por la obsolescencia de sus equipos y la insuficiencia de sus potencias.
Los medios públicos requieren igualmente ser definidos como tales. Hasta ahora, la legislación y la práctica los consideran medios oficiales, cuando no llanamente gubernamentales. Esa situación impide que trabajen con independencia, atentos a necesidades sociales y no a los imperativos cambiantes de la administración, que los tiene como instrumentos propios de personas o grupos y no de instituciones.
Los medios públicos, como los comunitarios, podrían ser definidos en la nueva legislación como no lucrativos, frente a los que se operan con propósitos comerciales, para la obtención de ganancias. Sin condonar la obligación del financiamiento institucional, la adscripción al modo no lucrativo de radiotelevisión permitiría la obtención de ingresos pero no la distribución de remanentes.– México, D.F.