Seis estados concentran objetivos de guerrilla
Submitted by nadezhda on Lun, 10/01/2007 - 06:56
Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Tabasco, Campeche y Tamaulipas concentran la mayoría de las instalaciones estratégicas del país, lo que los hace susceptibles de ataques de grupos guerrilleros como el EPR
Lunes 01 de octubre de 2007
alberto.morales@eluniversal.com.mx
Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Tabasco, Campeche y Tamaulipas son las entidades más susceptibles a ataques de grupos armados como el Ejército Popular Revolucionario (EPR) porque concentran la mayoría de las instalaciones estratégicas del país, de acuerdo con datos del gobierno federal y analistas en materia de seguridad y diputados federales.
Sólo en la franja costera hay 55 instalaciones vitales, de las cuales 40 corresponden a Petróleos Mexicanos (Pemex) y 15 a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), según las cifras del primer Informe de Gobierno del presidente Felipe Calderón.
Erubiel Tirado, especialista en temas de seguridad nacional, señaló que en la estrategia contra el Estado, el EPR busca objetivos que ocasionen mayores pérdidas económicas.
Refirió que sólo Veracruz, Campeche y Tabasco producen 30% de los energéticos que se consumen el país.
El catedrático de la Universidad Iberoamericana opinó que el Estado mexicano vive una crisis de seguridad, pues a los problemas de la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado se les ha sumado la acción de los grupos guerrilleros.
Piden no descuidar carreteras
Guillermo Garduño, académico de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), indicó que además de las instalaciones petroleras, la Secretaría de Defensa debería reforzar la vigilancia en las carreteras y los puentes, en las instalaciones militares y en los estados con presencia de movimientos sociales de masas como la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), en Oaxaca.
Las instalaciones petroleras son donde el Ejército Popular Revolucionario ha tenido un mayor impacto, pero no hay que descartar las carreteras donde ya han detenido automóviles; las instalaciones militares pequeñas para hacerse de armas, y los estados donde se concentran movimientos sociales de masas, como Oaxacá, expuso Garduño.
Recomiendan fortalecer inteligencia civil y militar
Para contrarrestar a esos grupos, el diputado José Manuel del Río Virgen (Convergencia) afirmó que el gobierno federal debe proporcionar mayores recursos económicos a los cuadros de inteligencia civiles y militares, para adquirir la tecnología que se requiere contra a esos grupos.
El también presidente de la Comisión de Marina de la Cámara de Diputados expresó que el gobierno calderonista ha demostrado que no tiene una visión de Estado para solucionar el problema.
Manuel Portilla Dieguez, diputado federal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) e integrante de la Comisión de Defensa en San Lázaro, indicó que Tamaulipas y Veracruz, donde la problemática de delincuencia organizada y narcotráfico es mayor, generan condiciones para que el EPR cree inestabilidad.
Además, afirmó que se deberían replantear las labores de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), pues ésta se ha convertido en la policía de todo.
Los militares salen a las calles a capturar a los narcotraficantes y a los secuestradores, cuando hay una Secretaría de Seguridad Pública que debería hacer su trabajoá, expuso.
Zonas vulnerables
En todo el territorio nacional existen 186 instalaciones estratégicas de entidades públicas como Petróleos Mexicanos (Pemex), Comisión Federal de Electricidad (CFE), Comisión Nacional del Agua (Conagua), Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, Caminos y Puentes Federales (Capufe) y Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), de acuerdo con datos oficiales.
Para la vigilancia de las instalaciones vitales, de diciembre de 2006 a junio de 2007 la Sedena realizó patrullajes terrestres y aéreos con 2 mil 347 elementos.
Mientras que la Secretaría de Marina implementó la operación Farallón, para el resguardo de instalaciones vitales ubicadas en la franja costera, con la participación de mil 138 elementos, según el primer Informe de Gobierno del presidente Felipe Calderón Hinojosa.