Plaza Pública: Se consumó la reforma electoral
Submitted by nadezhda on Lun, 10/01/2007 - 07:11
Miguel Ángel Granados Chapa
El jueves pasado se consumó la reforma electoral (es decir las enmiendas y adiciones a ocho artículos de la Constitución: 41, 85, 97, 99, 108, 116, 122 y 134), cuando fue aprobada por la mayoría de las legislaturas de los estados Sólo hace falta que el Congreso de la Unión haga el cómputo de los votos de las legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas Para este penúltimo paso, pudiendo haberlo hecho el viernes pasado, el poder Legislativo federal tomará unos días, los suficientes para que expresen su parecer las legislaturas restantes y, más allá de esa deferencia hacia los congresos estatales, para darse tiempo a la reforma legislativa que permita aplicar la constitucional en el plazo de 30 días previsto en el artículo tercero transitorio.
Se espera que hoy lunes la legislatura de Coahuila sea la primera, y eventualmente la única, que vote contra la reforma constitucional. Anunció que así lo harían sus diputados el gobernador Humberto Moreira y, obsecuentes, coincidieron con esa posición los legisladores y aun el presidente del Instituto Electoral. Si bien lo que Moreira se propuso fue mostrar su solidaridad con los principales objetores de la reforma, el grupo dominante de los concesionarios de radio y televisión, y obtener con ello su invaluable simpatía, su argumento formal consistió en defender el federalismo, como si la reforma lo amenazara. Ya los diputados locales aprobaron el dictamen que hoy quizá se convierta en voto y que se funda en ese falso alegato: Coahuila, cuna del federalismo con Miguel Ramos Arizpe, y del constitucionalismo moderno con Venustiano Carranza, debe rechazar esta reforma. Nuestra entidad no puede menos que estar contra una reforma constitución al que hace de la ley suprema un simple código
Se prevé que el dictamen de que forma parte el párrafo anterior sea aprobado por los 21 diputados priistas, que forman mayoría, y que los restantes, 14, voten en sentido contrario, por aprobar la reforma. Esa proporción de votos, diversa de la que se ha expresado en el resto de las legislaturas, donde hubo votaciones abrumadoramente mayoritarias y aun en varias se llegó a la unanimidad, planteará el problema teórico de si la posición coahuilense es válida. El eventual problema consiste en que conforme a la lógica del mecanismo federal de reforma, en que se pide al Congreso de la Unión el que la aprueben dos tercios de los miembros presentes, se demande el mismo porcentaje en las votaciones de las legislaturas locales.
Con todo, no pasaría de ese un debate retórico, pues valga o no valga el voto coahuilense, es irrelevante para la puesta en vigor de la reforma constitucional. Es igualmente retórica la posibilidad de que el Ejecutivo federal vetara la reforma, porque no se trata de una enmienda o adición de sólo el Congreso, sino de una decisión del órgano reformador (llamado Constituyente permanente por don Felipe Tena Ramírez) respecto de la cual no rigen las disposiciones según las cuales el Presidente puede hacer observaciones a los productos legislativos. Tampoco es posible interponer medios de control constitucional como el juicio de amparo o la controversia.
Cuando la Corte resolvió las que presentaron municipios contra la reforma constitucional en materia indígena determinó que eran inadmisibles pues la propia Constitución las establece respecto de los poderes constituidos y no frente al órgano reformador. Por ello mismo no sería dable que los concesionarios se convirtieran en quejosos en un juicio de garantías.
Así pues, aún antes del cómputo y la declaración del Congreso podemos hablar de una reforma consumada. Nunca en la historia, quizá, se había operado una modificación de este alcance en lapso tan breve, menos de un mes. La iniciativa se presentó al Senado el 31 de agosto y esa cámara la aprobó el 13 de septiembre, 24 horas antes de que lo hiciera la de diputados. Una semana después, el 20 de septiembre, la legislatura oaxaqueña, que será sustituida al comenzar noviembre, conquistó el lauro de ser la primera en sumarse a la voluntad federal.
El apresuramiento evidente en esas fechas es sólo aparente, y en lo que tuviera de sustantivo es asimismo explicable. En sus líneas más generales, la reforma ha estado en el debate público por años, así que no puede alegarse sorpresa alguna. Aun la reforma que más hirió a un sector –o que hizo que ese sector, el de la industria de la radio y la televisión se llamara agraviado y sorprendido– no cayó del cielo.
La prohibición de pagar propaganda electoral como uno de los modos de reducir el voluminoso costo de las campañas electorales era una idea que circulaba invariablemente en todo foro donde se discutían propósitos de reforma del régimen de elecciones. Los concesionarios emprendieron una intensa campaña que descansaba en deformaciones del contenido de la reforma, para impedir que avanzara. De haberse demorado el trámite legislativo el efecto de esa campaña, no obstante la evidente falsedad de sus argumentos hubiera dificultado que la reforma llegara al buen puerto en que ahora ha fondeado.
Al mediar noviembre, probablemente, se pondrá en práctica otra de las consecuencias principales de la operación constitucional concluida, que es el comienzo de la sustitución de los consejeros electorales. Lejos de lesionar la autonomía del órgano de gobierno del IFE, tal reemplazo –que no debió ser escalonado– mejorará su funcionamiento.– México, D.F.