Diario de Yucatán

Martes 2 de octubre de 2007

Miguel Ángel Granados Chapa

De estar en lo cierto el diagnóstico que le da nueva vida, nuestro paí­s en materia de libertades públicas ha saltado hacia atrás casi tres décadas, por lo que es necesario fundar de nuevo el Frente Nacional Contra la Represión, que ya habí­a surgido en 1979.

En aquel entonces, si bien se habí­a ya dictado una amnistí­a que procuraba la reconciliación nacional y atenuar las secuelas de la guerra sucia de esa década, era preciso ensanchar las ví­as para la búsqueda de 500 desaparecidos polí­ticos y la puesta en libertad de presos no comprendidos en la amnistí­a o a quienes se obstruí­a la salida.

En diciembre de 1979, el Comité Nacional Pro Defensa de Presos, Perseguidos, Exiliados y Desaparecidos Polí­ticos, con el apoyo de tres partidos polí­ticos (uno de ellos, el Comunista, ya con registro legal y representación en el Congreso) y la participación de 54 organizaciones civiles, movió a la constitución de un Frente Nacional Contra la Represión y en Solidaridad con las Libertades Democráticas.

Casi 28 años después el mismo motor ha llamado a repetir la operación, porque han persistido o vuelto las condiciones que condujeron a esa movilización. Se trata de Rosario Ibarra, hoy senadora de la república, quien permanece fiel a su misión, ahora al frente del Comité Eureka. A su convocatoria ha respondido un centenar de agrupaciones. Al anunciar el domingo la reunión en que hoy se formalizará la nueva versión del Frente, doña Rosario recordó que con el de aquellos años se logró la libertad de 148 personas que estaban detenidas en el campo militar número uno, se otorgó amnistí­a a 1,500 presos polí­ticos y varios mexicanos regresaron del exilio Ese Frente actuó durante 13 años y su actividad se fue diluyendo no porque cesara la represión gubernamental, sino porque ésta se centraba en blancos especí­ficos, estrategia que ameritaba una forma diversa de denuncia y defensa.

En efecto, corrí­a el año 1992 en que el Frente cedió su lugar a otras formas de lucha, como la emprendida por el Partido de la Revolución Democrática, que concentró la inquina del poder autoritario, que le asestó golpes en que murieron y desaparecieron centenares de sus militantes. Por su lado, comités como el encabezado por la ahora senadora Ibarra continuaron su esfuerzo cotidiano ya no insertas en una movilización más vasta como la que se pretenden revivir ahora.

Algunos de los rasgos represivos de los años 60 y 70 han reaparecido o muestran nueva virulencia, pues no han dejado de ser practicados. Los allanamientos, las golpizas (que incluyeron homicidios), las agresiones sexuales, la ilegalidad que se asestaron en Atenco en mayo de 2006 contra una movilización social son uno de los episodios relevantes de la nueva etapa de la represión. Su punto culminante es la sentencia, confirmada en segunda instancia, contra Ignacio del Valle, lí­der del Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra, que lo condena a más de 67 años de prisión, como si fuera un secuestrador mercenario y cruel.

Pero ya un mes antes la represión mostrarí­a su rostro en el asalto de la Policí­a Federal Preventiva a los obreros metalúrgicos de Sicartsa, en el puerto de Lázaro Cárdenas en Michoacán. Y en Oaxaca irí­a desplegando paulatinamente su furia hasta sumar 20 personas muertas (sin que indagación ministerial o judicial ninguna esclarezca los hechos respectivos) y llegar a la avasalladora redada del 25 de noviembre, a cargo también de la PFP.

Si bien a diferencia de aquellos años el funcionamiento de los poderes Legislativo y Judicial permite una mayor resistencia a los atropellos de los gobiernos federal y estatales, la impunidad sigue siendo el sello que caracteriza a la acción ilegal y autoritaria. Más todaví­a, nuevas señales de organización gubernamental represiva añaden motivos de preocupación. El Cuerpo Especial de Fuerzas de Apoyo Federal, unidad militar creada por decreto del 9 de mayo, modificado el 17 de septiembre, no deja lugar dudas: el gobierno federal ha retomado la idea del enemigo interno.

Así­ como confí­a a tal nueva corporación tareas destinadas al combate a la delincuencia organizada y a la preservación de la seguridad nacional, la utilizará para la restauración del orden y seguridad públic Se le ha entrenado ya, si se cumplió el ordenamiento presidencial, para el manejo de situaciones crí­ticas o alteración de la paz social y seguridad públicá y para restablecer el orden y el estado de Derecho

La paz social y el orden son valores apreciables por todos, pero suelen ser interpretados por los gobiernos autoritarios como resultado de la sumisión forzada de los ciudadanos y sus organizaciones. Al establecer su resguardo como misión de un nuevo cuerpo a caballo entre lo castrense y lo policial, el gobierno panista se sitúa en la lí­nea del autoritarismo represor del priismo. Por ejemplo, como secuela de la movilización del 68 –cuyo instante central se conmemora hoy– Dí­az Ordaz introdujo en el Código Penal el delito de terrorismo, que desde 1970 prevé sanciones no sólo contra quien por medios violentos actúe contra las personas, las cosas o los servicios, para producir alarma, terror en la poblacióná, sino también a quien los practique para perturbar la paz socialá, lo que se puede traducir en una criminalización de los movimientos sociales.

La detención y desaparición de personas, como las denunciadas por el EPR, no admitidas y menos sancionadas, forman parte del paisaje que provoca la recreación del Frente.– México, D.F.