Diario de Yucatán

Jueves 4 de Octubre de 2007

Miguel Ángel Granados Chapa

Entre las muchas normas y prácticas del Congreso que es debido cambiar a causa de la mayor responsabilidad que adquiere el Poder Legislativo, las comparecencias de los secretarios de Estado con motivo del informe presidencial cuentan entre las más urgidas de revisión. Una de las razones es que parece importar poco a los diputados lo que digan los colaboradores del Ejecutivo.

Antaño se denominaba glosa del informe a las sesiones dedicadas en la Cámara de Diputados a desplegar la información contenida en la lectura presidencial del primero de septiembre de cada año. Quien la denominaba de ese modo le hací­a escaso favor al Ejecutivo, pues el significado primigenio de glosa, según el diccionario de la Real Academia, es que se trata de la explicación o comentario de un texto oscuro, difí­cil de entender

La Ley Orgánica del Congreso, de 1999, que recogí­a ya la experiencia inicial de uno de sus dos órganos ajeno al control de un solo partido estableció, en el numeral cuatro del artí­culo séptimo, que las cámaras analizarán el informe presentado por el Presidente de la República. El análisis se desarrollará clasificándose por materias: polí­tica exterior, polí­tica económica, polí­tica social y polí­tica exterior

En acuerdos parlamentarios se ha interpretado esa norma conviniendo con el Ejecutivo la presencia de los secretarios de Gobernación, Desarrollo Social, Hacienda y Relaciones Exteriores. En el Senado, como un adelanto acaso a las modificaciones necesarias en esta rutina parlamentaria, decidieron este año practicar el examen de esas polí­ticas sin llamar a los responsables mencionados.

Tal vez debió hacerse lo mismo en San Lázaro, porque han resultado desdeñadas las comparecencias de los secretarios de Felipe Calderón. El martes 25 de septiembre inició el ciclo el titular de Gobernación Francisco J. Ramí­rez Acuña, a quien siguió el jueves 27 la secretaria Beatriz Zavala, de la Sedesol. Al menos les asignaron los diputados turnos en sesiones diferentes. Pero a la canciller Patricia Espinosa, anteayer, le correspondió ser oí­da en la misma jornada en que habí­a participado el secretario de Hacienda Agustí­n Carstens.

Con matices propios de la personalidad de cada compareciente, sus presentaciones se parecen todas. Dos o tres temas de actualidad captan la atención de los diputados o de los medios y en torno de ellos se despliegan los monólogos sucesivos en que los legisladores cuestionan (en el sentido estricto de la expresión, que no es el que se va imponiendo como sinónimo de simplemente preguntar) y las o los secretarios pueden eludir la respuesta sin que la réplica de sus anfitriones pueda forzarlos a dar respuestas de que carecen o no quieren comunicar.

Quizá por eso el tedio envuelve a los participantes, incluidos los colaboradores presidenciales, que desde la tribuna aprecian cómo van quedándose sin auditorio. Los casos extremos ocurrieron los dí­as en que hablaron Ramí­rez Acuña y Carstens, que casi se quedaron solos.

El primero, panista de siempre, no contó con la solidaridad de sus compañeros de partido, pues hasta ellos se ausentaron del recinto hasta no quedar allí­ más de una veintena. Carstens, que no tiene credencial blanquiazul ni siquiera pudo apelar a la identificación partidaria para asegurarse atención. Cuando su comparecencia concluyó lo oí­an sólo 30 diputados, muy pocos en las 500 curules que constituyen el cupo de la Cámara.

Los legisladores deben examinar el informe presidencial, especialmente ahora en que no se dio lectura en San Lázaro a un resumen o a un mensaje relacionado con su contenido. De lo contrario, el Ejecutivo puede eludir su responsabilidad de manifestar el estado general que guarda la administración pública del paí­sá a que lo obliga la Constitución. Y es útil que lo haga en presencia de los secretarios de los ramos estipulados en la ley del Congreso.

Pero podrí­a cumplir con mayor provecho esa disposición si la comparecencia se realiza en comisiones, donde aun la proximidad fí­sica de los presentes permite un intercambio de información y pareceres, y no en el teatral recinto de la asamblea plena, donde la tentación de actuar para las cámaras de televisión y no para la Cámara donde se desarrolla el acto deforma las actitudes de los participantes.

En la comparecencia de Ramí­rez Acuña se pidió su renuncia, extremo que no compete al Legislativo y que, como dijo el propio secretario de Gobernación, sólo corresponde al Presidente de la República. Como bien se sabe, dos fueron las indicaciones más evidentes del porqué el gobernador de Jalisco fue llevado a Bucareli.

Una es de í­ndole partidaria, personal, pues en mayo de 2004 Ramí­rez Acuña hizo el primer pronunciamiento público a favor de Calderón, en lance que fue desautorizado por el presidente Fox. La otra, ocurrida en los mismos dí­as, fue la rudeza con que el Ejecutivo jalisciense embatió contra altermundistas que cuestionaban (es decir, poní­an en cuestión) una cumbre celebrada en Guadalajara.

El lazo personal que vincula a Calderón y a su colaborador, pues parece suficientemente fuerte como para asegurar al segundo su cargo. Sin embargo, más de una vez ha surgido la versión de que se va ya sea por entero fuera del gabinete o como parte de un reajuste ministerial, que se juzga inminente pero que no se ha llegado a consumar. En todas las combinaciones de que se habla está incluido Ramí­rez Acuña, más conocido por sus dislates y ausencias que por su eficaz operación polí­tica.– México, D.F.