Sucesión en la UNAM, la educación a debate

Proceso

jorge carrasco araizaga

México, D.F. (apro).- El proceso que se inicia este lunes en la UNAM es más que la designación del sucesor de Juan Ramón de la Fuente en la rectorí­a.

En momentos en que la Iglesia católica y el sector privado pretenden revisar el esquema de la educación laica y gratuita en México, con el silencio cómplice del gobierno de Felipe Calderón, la UNAM está obligada a hacer del proceso sucesorio no sólo una reivindicación de su autonomí­a, sino a colocarse como el principal defensor de los embates de un revanchismo conservador.

La educación laica y gratuita es producto de guerras civiles del siglo pasado aunque no las únicas , al cabo de las cuales la enseñanza en México se erigió en uno de los pilares de las instituciones sociales del paí­s.

Si hoy el sistema educativo está en crisis, es por el abandono económico en que se encuentra desde hace un cuarto de siglo, cuando se empezaron a aplicar las polí­ticas económicas neoliberales.

Pero también, y en gran medida por lo que hace a la educación básica, por el uso corporativo que de ella han hecho los gobiernos del PRI y del PAN.

El resultado no sólo es el demérito de la educación en el paí­s, sino el control caciquil de lo que se ha convertido en un negocio que deja millonarios beneficios económicos y grandes ganancias polí­ticas a Elba Esther Gordillo, caricaturizada alguna vez por la prensa estadunidense como la Jimmy Hoffá mexicana, en alusión al lí­der sindical que entre los cincuenta y sesenta tuvo una gran influencia en la vida pública de Estados Unidos hasta que fue apresado por un intento de corromper a la justicia de ese paí­s.

La crisis del sistema educativo es ahora aprovechada por los sectores conservadores que pretenden reabrir costosos capí­tulos de la historia mexicana.

Desde el triunfo de Vicente Fox en la Presidencia y ahora con el impulso de la llegada de Calderón a Los Pinos, la Iglesia católica está en mejores condiciones de reclamar lo que llama su derechoá a impartir enseñanza en un Estado que define en su Constitución a la educación como laica y que, en el caso de la que imparta el propio Estado, será gratuita.

En el renglón de la educación superior hay una corriente que busca reducir los subsidios a las universidades públicas y, en su lugar, otorgar créditos a los estudiantes.

La Secretarí­a de Educación Pública (SEP) nada ha hecho en defensa de lo establecido en la Carta Magna. Más bien se ha hecho eco de los propósitos mercantilistas expresados por el sector privado.

Calderón, quien está atado a la fuerza polí­tica de Gordillo, mucho menos saldrá en defensa de lo establecido en la Constitución. Sobre todo porque simpatiza con la idea de darle préstamos a los estudiantes y reducir de forma significativa los subsidios a las universidades públicas.

La UNAM no está en el propósito de control gubernamental, como ocurrió en la etapa más autoritaria del régimen del PRI. Por lo demás, habrí­a una seria resistencia entre la comunidad estudiantil, académica y laboral.

Pero el gobierno de Calderón tiene ahora en la sucesión de la rectorí­a una oportunidad para cambiar el régimen de las colegiaturas. Modificar la forma en que obtiene recursos la principal universidad del paí­s y de Iberoamérica tendrí­a efectos en cascada en otras universidades e institutos públicos del paí­s.

Para ello cuenta con un candidato, el exdirector adjunto del Conacyt, José Antonio de la Peña, un prestigiado matemático que ha expresado simpatí­a por los créditos universitarios.

La Junta de Gobierno de la UNAM, un reducido grupo de quince universitarios que a mediados de noviembre habrá de elegir al rector luego de consultará a la comunidad universitaria, debe ir más allá del discurso en defensa de la educación gratuita y mantener a la Universidad como mecanismo de ascenso y desarrollo social.( 5 de octubre de 2007)

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