Fuente: De la jornada del 6 de octubre de 2007.

* Apoya llamado para que se emita ley de amnistí­a para todos los presos polí­ticos

Emir Olivares Alonso y Octavio Vélez A. Reportero y corresponsal

Chilpancingo, Gro., 5 de octubre. La guerrilla, el narcotráfico y la pobreza hacen de Guerrero una entidad conflictiva, lo que se recrudece también, en uno o en otro sentido, por la presencia del Ejército Mexicano en zonas marginadas y de influencia indí­gena, advirtió el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes.

El ombudsman admitió que se emita una ley de amnistí­a en beneficio de todos los presos y perseguidos polí­ticos del paí­s, llamado que en su momento hizo el Ejército Popular Revolucionario (EPR) al Congreso.

Durante una gira por Chilpancingo, Guerrero, el ombudsman manifestó que México necesita paz y reconciliación, y si para ello es necesario que haya una ley de amnistí­a, ésta debe ser promulgada y será bienvenid

Entrevistado luego de clausurar un concurso de oratoria para jóvenes, Soberanes Fernández informó que el organismo a su cargo investiga la desaparición de tres personas vinculadas al EPR, tarea para la cual se agotaráná todas las lí­neas de investigación.

Se referí­a a los casos de Edmundo Reyes Amaya, Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Francisco Paredes Ruiz, los dos primeros reportados como desaparecidos desde mayo pasado en Oaxaca, y el tercero recientemente en Michoacán.

El ombudsman hizo un llamado a la sociedad para que aporte a la CNDH cualquier información que permita conocer el paradero de las tres personas.

Indicó que los ataques a las instalaciones de Pemex no se justifican pese a la presunta existencia de desaparecidos polí­ticos, ya que no es la violencia el camino, sino el diálogo

Agregó que la CNDH investiga la desaparición de los presuntos militantes del EPR en Guerrero.

En tanto, confirmó que la Secretarí­a de la Defensa Nacional (Sedena) aceptó ayer la recomendación emitida sobre el caso de la anciana Ernestina Ascensión Rosario (quien, se ha denunciado, fue violada por militares, aunque la CNDH afirmó lo contrario). Las autoridades militares ofrecieron deslindar responsabilidades respecto a la participación de sus elementos, abundó.

Agregó que aún está pendiente que la Sedena acepte las cuatro recomendaciones por los casos de Apatzingán y Nocupétaro, Michoacán; Castaños, Coahuila, y Sinaloa de Leyva, Sinaloa, donde se acreditó que militares incurrieron en torturas, violaciones sexuales y asesinatos, respectivamente.

Respecto a la militarización que se presenta en zonas como Ayutla de los Libres, en la Costa Chica de la entidad opinó que no es facultad del Ejército hacer situaciones de seguridad pública, por eso debe haber policí­a, ya que los militares no están capacitados para ello, de ahí­ que es necesario que deje de hacer esas actividades