El Plan Méxicoá (seguridad, soberaní­a y derechos humanos)

Incapacidad para proteger

Sergio Aguayo Quezada

Las dilaciones para anunciar el Plan Méxicoá confirman que el asunto se enredó porque llegó a un punto en el cual no logran conciliar seguridad, soberaní­a y derechos humanos. Estamos ante los nudos de un asunto de seguridad nacional.

La desesperación es mala consejera. Felipe Calderón recibió de Vicente Fox un Estado anoréxico y arrinconado por el crimen organizado. Su reacción inicial fue ordenar el despliegue de las fuerzas armadas por las calles y los caminos de México. La cosecha tan magra confirmó que ni nuestras fuerzas armadas ni nuestras corporaciones policí­acas tienen la preparación para enfrentarse a un enemigo tan poderoso, ubicuo y gelatinoso como el narcotráfico.

Pero los gobiernos priistas y la geopolí­tica crearon una salida de emergencia. Desde una famosa entrevista entre el embajador de Estados Unidos Dwight Morrow y Plutarco Elí­as Calles en 1927, Washington ha estado siempre dispuesto a acudir al rescate de gobiernos mexicanos en dificultades. Fiel a esa tradición, en marzo de este año los enviados de Calderón tocaron en la puerta del vecino y poco después el Dallas Morning Newsá develó que se negociaba un Plan Méxicoá de acuerdo con el cual Estados Unidos entregará tecnologí­a de punta y entrenamiento a quienes libran la guerra contra los carteles. El asunto se anticipaba sencillo porque en el combate al crimen organizado ambos paí­ses comparten intereses de seguridad. De esa realidad nació la frase de una responsabilidad compartidá, con la cual los diplomáticos quieren vendernos el Plan México

Las frases bonitas no borran la historia. Estados Unidos va por el mundo predicando un código de conducta y México reacciona inicialmente rechazando al intervencionista, sobre todo cuando se trata del sistema polí­tico.

Podrán jurarnos de rodillas que esta ocasión es diferente y que Washington sólo quiere dar una ayudá desinteresada; los antecedentes dicen lo contrario.

Para no ir demasiado lejos, en nuestra última gran crisis financiera, la de 1994-1995, el secretario del Tesoro, Robert Rubin, explicó ante el Congreso de su paí­s en qué consistí­a el intercambio de favores. Soltó con crudeza que no estamos regalando nadá, el paquete para rescatar a México no es sobre ayuda al exterior Por los miles de millones de dólares el gobierno de México se comprometió a reformar su polí­tica económica permitiendo, por ejemplo, una mayor profundización de la economí­a de mercado. El desenlace ya lo conocemos. El patrón se mantiene. Cuando los encargados de la seguridad estadounidense recibieron hace unos meses la petición mexicana, en los cí­rculos de seguridad se reactivó el viejo deseo de incrementar su presencia e influencia entre los militares mexicanos. Por ejemplo, en una entrevista de septiembre pasado concedida al Centro de Estudios de Defensa Estratégica de la Universidad de la Defensa, el general Victor Renuart, jefe del Comando del Norte (Northcom), caracterizó a los atentados de julio en los ductos de Pemex como una oportunidadá para su paí­s. Les permitirí­a –dijo– compartir ideas con los militares mexicanos para llegar a una base común, a un entendimiento compartido y a un punto de vista similar sobre la forma en que trabajaremos unidos El asunto tiene otro ángulo: la ayuda del Plan Méxicoá estará condicionada por las leyes y los reglamentos estadounidenses.

Mientras más sofisticado y abundante sea el equipo que Estados Unidos entregue a México, más exigencias traer Esto supone, entre otras cosas, que el gobierno mexicano se comprometerá a respetar principios universales de respeto a los derechos humanos y la democracia.

Esta exigencia, aclaro, no proviene de sus fuerzas armadas o de sus servicios de inteligencia; es la condición impuesta por los sectores progresistas que a través de los demócratas tienen una gran presencia en el Congreso que, guste o no, estará constantemente supervisando el Plan. Esto se embona con la historia de la relación bilateral en materia de drogas. Estados Unidos siempre ha impuesto condiciones que han ido variando de acuerdo con quienes controlan los centros de poder en aquel paí­s. Cuando necesitaban narcóticos para el esfuerzo bélico de la Segunda Guerra... nuestro gobierno aceptó el cultivo de amapolas en Sinaloa.

Cuando la exportación mexicana de mariguana y heroí­na creció a niveles sin precedente, Richard Nixon ordenó unilateralmente el cierre de la frontera en 1969 como arma de presión al gobierno de Gustavo Dí­az Ordaz... y el poblano cedió y metió al Ejército a una estrategia sólo diseñada para frenar la producción y el tráfico.

Cuando centenares de estadounidenses fueron encarcelados en México por el empeño gubernamental, Washington presionó para lograr un intercambio de prisioneros... y México cedió. En sí­ntesis, nuestro gobierno siempre ha hecho las mayores concesiones en este terreno y es por esa razón que la estrategia mexicana se concentró en el combate a la producción y el tráfico y se olvidó del consumo que ahora nos carcome.

Según fuentes cercanas a la negociación del Plan Méxicoá, el gobierno de Felipe Calderón necesita la ayuda estadounidense, pero no quiere a un Estados Unidos fisgoneando sobre la forma en que aquí­ se violan los derechos humanos o se utilizan los equipos de intercepción telefónica. Estas divergencias han frenado el anuncio del Plan México En los próximos dí­as o semanas conoceremos el desenlace de unas negociaciones que tal vez abran una nueva etapa en la larga y tortuosa relación con Estados Unidos.

Todos los escenarios son posibles. El más desafortunado serí­a el de una guerra con el narco empantanada, un Estados Unidos opinando sobre todo y unos derechos humanos sacrificados en el altar de la seguridad nacional que el Estado mexicano es incapaz de proteger.

La miscelánea Cuando en Los Pinos hablan, en Relaciones Exteriores se cuadran. En un claro retroceso frente a la apertura del sexenio pasado, la cancillerí­a mexicana se ha convertido en cancerbera de algunos organismos internacionales interesados en los derechos humanos; les exige silencio y les ordena alejarse de las zonas y los temas conflictivos.

Es un regreso a los tiempos en que Relaciones exigí­a que el mundo respetara la forma en que el Estado mexicano tortura, desaparece o maltrata a sus ciudadanos. Hace unos años el subsecretario José Manuel Gómez Robledo pregonaba tesis progresistas; ahora censura apoyándose en Alejandro Negrí­n. El asunto es importante y regresaré a él en otra columna.– México, D.F.

saguayo@colmex.mx