Martes 16 de octubre de 2007

Diario de Yucatán

Miguel Ángel Granados Chapa
La semana de radio y televisión, realizada cada octubre, dura en realidad dos dí­as y medio. Si bien el lunes 8 se reunió el consejo consultivo de la Cámara de la Industria respectiva, y ante ese órgano el secretario de Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez, comprobó su dicho de que el órgano regulador está sometido a los sujetos regulados, la semana propiamente fue inaugurada a la mañana siguiente por el secretario de Gobernación, Francisco Ramí­rez Acuña. El acto principal de la breve semana ocurrió el miércoles al mediodí­a, con la presencia y el discurso presidenciales, y la clausura ocurrió 24 horas después, el jueves.

El gobierno acudió a la reunión anual de los radiodifusores con claro propósito de serenar sus ánimos, alebrestados por la reforma electoral, y también para prometer lo que no está en condiciones de ofrecer, el refrendo automático de las concesiones. El presidente Calderón hizo suyo un falso argumento de los propietarios de los medios electrónicos, cuando se condolió de la incertidumbre y zozobra que genera a un concesionario el ver vencido el plazo de su concesión sin conocer a ciencia cierta qué ocurrirá con su estación Deberí­a ocurrir al contrario: las concesiones se otorgan por un periodo establecido, no ad perpétuam, precisamente para generar certidumbre.

Los titulares de la concesión deben saber de antemano qué ocurrirá con su estación: dejarán de ser concesionarios en la fecha indicada. Pero como hasta ahora ha ocurrido la prórroga automática, en clara infracción a las reglas de competencia que deberí­an operar en ése como en otros mercados, los radiodifusores creen posible todaví­a rescatar ese principio de perpetuidad que dejó sin vigor la sentencia de la Suprema Corte y que el Senado de la República debe traducir a un nuevo marco legal.

Calderón se citó a sí­ mismo recordando que hace un año ofreció que su polí­tica en esta materia incluirí­a cobertura, convergencia y competitividad. No ha avanzado un milí­metro en esos aspectos y por ello no pudo anunciar medidas especí­ficas al respecto, sino sólo que se está trabajando No pudo por ello responder al pedido especí­fico de la Cámara de la Industria, que demanda, antes que la definición sobre los estándares para pasar a la digitalización, que se autoricen los combos, es decir, el otorgamiento de concesiones de frecuencia modulada a los radiodifusores que sólo cuentan con amplitud modulada. Calderón ni siquiera se dio por enterado de ese pedido especí­fico y urgente.

Tanto Téllez el lunes como Calderón el miércoles se proclamaron, a la vieja usanza, gestores de la radiodifusión concesionada: He instruido al secretario Téllez –dijo el Presidente a los radiodifusores, para que no se preocupená– para que junto con la Cámara de la Industria de Radio y Televisión defina el mejor camino, a fin de que en el marco de la ley se establezcan principios claros y asequibles para quienes buscan la renovación de sus concesiones Ese mejor camino no tiene que definirlo su colaborador con los sujetos regulados, sino el Congreso de la Unión, por lo cual Calderón no estaba en condiciones de ofrecer seguridades al respecto, salvo la observancia del principio de competencia, en que los interesados pujen en igualdad de circunstancias por las frecuencias licitadas.

Otra seguridad, esa sí­ a su alcance, anunció Calderón a los radiodifusores, en un ambiente si no fúnebre, sí­ requerido del entusiasmo que mostró la otra estrella de la comida anual, la cantante regia Alicia Villarreal. Ya no hemos permitido ni permitiremos que por la fuerza se tomen instalaciones de radio o televisión por parte de personas o de grupos: nunca más una toma violenta de una estación o de un negocio lí­cito en el paí­s La vehemencia presidencial no se referí­a por supuesto a la usurpación del Canal 40 de televisión, iniciada materialmente con el asalto a sus instalaciones en el cerro del Chiquihuite y continuada después con la ocupación de la señal. Es cierto que el caso está sub júdice, es decir, sujeto al arbitrio judicial, pero también lo es que formalmente el concesionario no revocado ha ofrecido información suficiente a la autoridad (tanto al gobierno de Fox como al actual) como para provocar una visita de inspección que determine si quien transmite está dotado del tí­tulo administrativo vigente que le permita hacerlo. El canal pirata operado por TV Azteca sólo permanece al aire por la cómplice lenidad cotidiana de la autoridad, que contradice la proclama de apego a la ley emitida por Calderón.

Su anuncio, la semana pasada como hace un año, se refirió a la toma de estaciones comerciales en Oaxaca por miembros de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, ellos sí­ obligados a acatar la ley que infringe Ricardo Salinas Pliego. La decisión gubernamental de proteger a la industria de la radiodifusióná incluye la persecución a lo que desde la perspectiva oficial es piraterí­a (otra piraterí­a en todo caso digo por mi parte): En los primeros meses de mi gobierno hemos cerrado más de una docena de estaciones de radio y televisión que operaban en forma ilegal y estamos en proceso de clausurar otras decenas de emisoras que no estaban registradas y no cumplen la ley

Entre ellas se encuentran dos estaciones poblanas silenciadas el 1 y 2 de octubre, en la capital misma y en Xaltepec, municipio de Palmar de Bravo, inspectores de la Comisión Federal de Telecomunicaciones aseguraron a la brava sus equipos.– México, D.F.