Artí­culo original en: http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/39129.html

Lydia Cacho ha narrado de qué manera policí­as quintanarroenses la entregaron irregularmente a policí­as poblanos y fue sometida a intimidaciones y amenazas, tratos indebidos y hasta un intento de asesinato, cuando aserraron los tornillos del vehí­culo en que fue llevada de Cancún a Puebla. Bajo esas circunstancias, ¿se puede confiar en la actuación de otras instanciasá que no sean la Suprema Corte?

Pese a ello, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concluyó que no se demostró la existencia de violación grave a los derechos humanos de la periodista Lydia Cacho, en términos del artí­culo 97 constitucional. Qué mal mensaje enví­an los ministros a las mujeres mexicanas.

Desde su decisión del martes pasado, de que no contemplan a las redes de pederastia y pornografí­a infantil por considerar que no forman parte de esta investigación, se perfilaba la intención de la SCJN de no entrarle al tema.

Esta historia parece estar siendo contaminada, por una parte, por remilgos de jurisperitos y, por la otra, por el riesgo de que los resultados tengan repercusiones en las complicadas negociaciones polí­ticas que se dan en el Congreso.

El atropello de los derechos individuales es muy serio, pero hay un agravante más si la violación tiene por objeto proteger a una banda de pederastas al servicio de personas de influencia social, económica y polí­tica, y en salvaje ofensa de niños y niñas mexicanos, según la versión de Cacho.

Este hecho no puede separarse del otro, porque fue su causa principal. No se dieron ambos sucesos aisladamente, sino al contrario, y si la periodista fue ví­ctima en uno, en el otro las ví­ctimas, menores se edad, son más, de acuerdo con los datos publicados.

Esa denuncia merece investigarse seriamente, con dictámenes periciales por medio de una entidad menos influible por el poder, en teorí­a, como la SCJN.

También hay evidencias de grabaciones telefónicas, ilegalmente realizadas, en las que queda claro que hubo una acción coordinada entre el gobernador poblano y el fabricante textil Kamel Nacif para dar un escarmiento ejemplar a la escritora.

No importó a los más altos integrantes del Poder Judicial que el propio presidente Felipe Calderón haya señalado esta misma semana que en México más de 30 millones de mexicanas sufrieron alguna forma de violencia el año pasado.

Pesaron más los tecnicismos y argumentos legaloides para salir del paso y desconocer la gravedad de las denuncias involucradas: primero en el caso de las abusadas sexualmente y después en los excesos en la impartición de justicia personalmente asumidos por el gobernador de Puebla, Mario Marí­n.

Nos encontramos ante un nuevo reto del Poder Judicial de la Federación, que ha retrocedido en el anhelo social de una administración de justicia independiente a los intereses de los poderosos. Algo hay que hacer para revertir esta serie de decisiones.