De la Jornada en lí­nea del 14 de marzo de 2008

Gabriela Rodrí­guez
gabriela_afluentes@prodigy.net.mx

Uno nunca es lo suficientemente ingenuo para perder el asombro ante la perversión de las estrategias polí­ticas, en especial las de la derecha en los poderes federales. Se trata de acciones que no sólo se multiplican, sino que se refinan y adquieren grados de sofisticación alarmantes.

Y no me refiero al tema de la privatización energética o la dependencia alimentaria, que son factores estructurales y más que vigentes para debilitar nuestros derechos económicos, sino a la polí­tica de población y de formación ciudadana en la escuela. Se trata de una agenda para debilitar los derechos democráticos y el poder de decisión de las y los ciudadanos, que viene incorporándose silenciosamente en México (importada del paí­s del norte) para complementar y funcionalizar la polí­tica social a intereses macroeconómicos

Hoy podemos registrar un conjunto de contradicciones que evidencian una polí­tica encubierta y de facto que tiene tentáculos en las diferentes esferas de poder: la del Ejecutivo, del Judicial y del Legislativo.

Los hechos:

1. Se mantiene el lenguaje democrático en planes y programas nacionales mientras se financian actividades que contradicen el enfoque y las acciones concretas en los ámbitos operativos. Tal es el caso de la formación ciudadana y la educación sexual de la Secretarí­a de Educación Pública (SEP). Mientras el programa de estudios y los libros de texto del nivel de educación básica desde hace 10 años se enfocan a fortalecer los valores democráticos, la formación crí­tica, la autonomí­a moral y el ejercicio de los derechos humanos, en particular en las asignaturas de ciencias naturales y de formación cí­vica y ética, gobernadores y empresarios (hasta hoy sabemos de Jalisco, Baja California, Chihuahua y Puebla) financian y distribuyen en las aulas de las escuelas públicas libros paralelos no autorizados por la SEP en los que no se mencionan los derechos humanos ni los marcos jurí­dicos que los sustentan, que sesgan y censuran la información opuesta a preceptos católicos, además de fomentar la discriminación sexual y la ignorancia.

2. Funcionarios públicos buscan legitimarse ante organizaciones civiles y grupos progresistas sosteniendo un lenguaje vanguardista en actos públicos (derechos de las mujeres, equidad de género, igualdad y no discriminación, laicidad del Estado), y simultáneamente realizan acciones en sentido contrario. La muestra la ofrecieron quienes encabezan la CNDH y la PGR al presentar las acciones de inconstitucionalidad respecto a la ley que despenaliza la interrupción del embarazo en el Distrito Federal. Más: la primera dama y la subsecretaria de Población, Migración y Asuntos Religiosos inauguran y apoyan un congreso que fomenta la cultura de la vida y de la familiá en Guadalajara.

3. Se crea una iniciativa legal para controlar la información estadí­stica mediante la cual el INEGI dejarí­a de ser autónomo, regresarí­a al Poder Ejecutivo federal la designación de todos los miembros de la junta de gobierno del rebautizado INEG (Instituto Nacional de Estadí­stica y Geografí­a) y tendrí­a en sus manos el control de las encuestas, así­ como normar la producción de toda la información estadí­stica del paí­s.

4. Censurar las noticias en los medios. Dos casos ¿o causas?: Lydia Cacho y Carmen Aristegui.

5. Debilitar instituciones progresistas. Se disminuyen los presupuestos de género y de las polí­ticas de población federales mientras se alientan movimientos sindicales contra funcionarios de la Secretarí­a de Salud del Distrito Federal o del Instituto de las Mujeres de la ciudad de México.

6. Se somete el Poder Judicial a intereses partidistas. Según seis magistrados de la Suprema Corte de Justicia, la tortura sicológica del gobernador de Puebla a la periodista Lydia Cacho (quien denunció una red de pederastas) no fue una violación a los derechos humanos.

7. Erosionar el Estado laico. El senador Federico Dí¶ring presenta iniciativa para crear una comisión de asuntos religiosos que fortalecerí­a los derechos de las Iglesias ( libertad religiosá, educación religiosa en la escuela pública, acceso a medios y a la función pública de sacerdotes) para así­ contrarrestar una iniciativa pluripartidista que busca fortalecer y precisar la laicidad del Estado dentro de la reforma constitucional. Además se busca negociar y hacer alianzas entre legisladores de la derecha prií­sta (Manlio Fabio Beltrones) y lí­deres de la izquierdá más pragmática (Ruth Zavaleta) para empoderar a jerarcas eclesiales y autorizar que sacerdotes puedan ser funcionarios públicos, abriendo la ventana para manipular desde el púlpito candidaturas y polí­ticas.

Siete lí­neas contundentes, más lo que se acumule en la semana, y aunque no es fácil decodificar las estrategias por ser tergiversadas y acordarse en lo oscurito, los actos permiten intuir la existencia de una lógica articulada con metas a mediano y largo plazos.