En Atenco, posible violación graveá a los derechos humanos, acredita la SCJN

De la Jornada en lí­nea del 14 de marzo de 2008

El operativo fue coordinado por altos mandos de la Agencia de Seguridad Estatal y de la PFP

â–  El documento no hace referencia a presuntos responsables de los hechos ocurridos en 2006

Jesús Aranda

La Comisión Investigadora de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concluyó ayer la primera fase de su indagatoria sobre los hechos ocurridos en San Salvador Atenco en mayo de 2006, y acreditó la posible violación graveá de garantí­as individuales y la coordinación de mandos policiacos del más alto nivel de la Agencia de Seguridad Estatal y la Policí­a Federal Preventiva (PFP)á en la planeación del operativo que derivó en la muerte de dos personas y la detención de 207, de las cuales solamente nueve resultaron ilesas

El informe, elaborado por los magistrados Sergio González Bernabé y Jorge Mario Pardo Rebolledo, destaca que el 4 de mayo de ese año policí­as estatales y federales, atendiendo el plan trazadoá, desbloquearon la carretera Texcoco-Lecherí­a y marcharon hacia el centro de San Salvador Atenco, en donde varios elementos policiales, sin control, agredieron a muchos manifestantes que aparentemente no oponí­an resistenci

El escrito hace una relación de los hechos que se suscitaron cuando, el 3 de mayo de 2006, locatarios del mercado Belisario Domí­nguez bloquearon la carretera Texcoco-Lecherí­a en protesta porque no los dejaron instalar sus puestos, lo que provocó una serie de enfrentamientos, destacando el ocurrido en la calle Manuel González de Texcoco, donde los policí­as entraron al domicilio en que estaban los floristas y lanzaron gases lacrimógenos y los sacaron del lugar con golpes de toletes, puños y pies También se da cuenta de que muchas personas detenidas fueron trasladadas en camionetas, unas encima de otras, sobre charcos de sangre, mientras eran agredidas, pues a pesar de encontrarse sometidas, eran golpeadas con toletes, con los pies e inclusive los policí­as caminaban sobre ellasá, dice el informe. El documento que servirá de base para que Gudiño Pelayo elabore el dictamen no hace referencia a presuntos responsables civiles, penales, administrativos o polí­ticos de los hechos, como tampoco menciona aspectos relacionados con la eventual reparación de la violación de garantí­as.

Los magistrados aseguraron en el documento que, después de haber entrevistado a 10 importantes funcionarios que tuvieron intervención en los hechos, entre ellos el gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, y el procurador general de la República, Eduardo Medina Mora; a 227 agentes policiacos y de migración y a 45 atenquenses que fueron detenidos, estaban en condiciones de responder a las preguntas que dieron origen a la formación de la comisión: ¿por qué se dieron esas violaciones?, ¿alguien las ordenó?, ¿obedeció a una estrategia estatal o al rebasamiento de la situación y a la deficiente capacitación de los policí­as?á

Sin embargo, las respuestas son confidencialesá y sólo fueron entregadas al ministro instructor para que valore la información y, en su momento, lo plasme en el dictamen que conozca el pleno.