Julio Pimentel Ramí­rez | Abdallán Guzmán Cruz

Redacción/Cambio de Michoacán

Jueves 17 de Agosto de 2006

A diferencia de otras ocasiones, en el actual proceso de sucesión presidencial los acontecimientos suceden de manera dinámica y cada dí­a que pasa queda al descubierto, con mayor claridad, la necesidad de la organización y movilización populares, guiadas por un ní­tido proyecto de transformaciones económicas, polí­ticas y sociales, como única alternativa para lograr a mediano plazo derrotar el modelo neoliberal, impuesto por grupos de la oligarquí­a financiera y que polí­ticamente es representado por los partidos de Acción Nacional y amplios sectores del Revolucionario Institucional.

En los comicios del 2000 si bien se dio un importante paso en la llamada transición democrática, al ser derrotado el PRI después de 70 años en el gobierno, eso no significó, en los hechos, que el paí­s entrarí­a a un proceso de solución de los graves problemas económicos y sociales que padece la mayor parte de su población.

Por el contrario, en este sexenio del «cambio », en México se ha extendido e incrementado la pobreza, el desempleo, la migración, la insalubridad, la inseguridad y la falta de expectativas para indí­genas, jóvenes, mujeres, niños, es decir, para millones de mexicanos.

Pero no sólo eso, también en el terreno polí­tico y de las libertades democráticas ha habido estancamiento y en ocasiones un franco retroceso. Un ejemplo significativo de esta consideración lo tenemos en la llamada Ley Televisa, reforma del gobierno foxista que aún puede ser frenada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que refuerza el poder de los grandes consorcios de los medios de comunicación (Televisa, TV Azteca y Telmex) y pretende dificultar enormemente o incluso eliminar a las radios y televisoras sociales y comunitarias.

Así­, en el terreno de la información y formación de opinión la democracia mexicana acentúa su carácter oligárquico ya que como es claro el acceso a las grandes televisoras está fuera del alcance de quienes carecen de los recursos económicos para cubrir sus «módicas » tarifas, es decir de más de 90 millones de mexicanos.

Además, no hay que perder de vista el papel ideológico que juegan los medios de comunicación al manipular la información que brindan en sus espacios de noticias y análisis, así­ como la transmisión de programas de entretenimiento de pésima calidad con los que contribuyen a moldear un sistema de valores egoí­stas y banales.

Ahora bien, hay que subrayar que el punto de inflexión que indica el peligro de retroceso democrático que amenaza al sistema polí­tico mexicano fue la pretensión del presidente Vicente Fox, sus aliados y poderes fácticos que lo dominan y acompañan, de eliminar polí­tica y electoralmente al adversario que consideran un peligro para sus intereses.

El intento de desafuero del entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, fue derrotado por la movilización popular que defendió así­ el derecho ciudadano de decidir a quién elegir.

Desde entonces, pero sobre todo a partir de iniciado el proceso electoral, se intensificó la costosa y abrumadora campaña mediática «negativa » (una verdadera guerra sucia electoral) en contra de Andrés Manuel López Obrador), estrategia a la que se sumaron ilegalmente grupos empresariales (Coparmex, Bimbo, Jumex, los propios dueños de la televisoras, etcétera), quienes se consideran a sí­ mismos como adalides del estado de derecho.

El operativo de Estado para impedir el triunfo de AMLO incluyó la campaña de medios del propio presidente de la República, el uso faccioso de programas sociales a favor del candidato de la derecha, entre otros instrumentos denunciados ampliamente.

Un importante papel en este esquema antidemocrático lo desempeñó el Consejo General del Instituto Federal Electoral, conformado por personajes allegados al PAN y a la profesora Elba Esther Gordillo, por cierto una de las operadoras principales de las mapacherí­as ocurridas durante la jornada del 2 de julio.

Para fundamentar lo anterior baste señalar que en el mini recuento (9.07 por ciento del total de casillas) ordenado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación han aflorado múltiples irregularidades y manipulaciones que muestran contundentes indicios de fraude electoral (casi 120 mil votos alterados: 58 mil fueron introducidos ilegalmente; y 62 mil fueron retirados ilegalmente), sospecha que solamente podrá ser superada si se realiza la apertura de todas las casillas y se cuenta voto por voto.

Sin embargo, todo parece indicar que el Tribunal terminará por aplicar criterios estrechos de la ley para favorecer e imponer en la Presidencia de la República a Felipe Calderón y de esa forma asegurar la continuidad en el poder de los grupos que dominan al paí­s desde hace varios lustros.

En medio del ambiente de crispación social que vive el paí­s, hay signos preocupantes que anuncian la prevalencia de la fuerza sobre el diálogo. A las declaraciones imprudentes de Vicente Fox hay que agregar las acciones de represión en contra de manifestantes de la coalición «Por el bien de todos », incluidos legisladores perredistas, el ominoso cerco del Congreso de la Unión a cargo de la militarizada Policí­a Federal Preventiva que exhibe su moderno armamento para reprimir manifestaciones, en el que destaca una docena de tanques antimotines.

Junto a todo esto no hay que olvidar la situación que se vive en Oaxaca, en la cual se reeditan métodos de la guerra sucia persiguiendo, encarcelando, desapareciendo y asesinando a opositores del gobernador Ulises Ruiz. En esta entidad, en Puebla y Chiapas se da una extraña pero explicable alianza entre PRI, PAN y el gobierno foxista, que con ello pretende reforzar su debilitado proyecto transexenal.

En México, como en Michoacán, cada vez es más claro que para enfrentar al modelo neoliberal representado por el PAN, PRI y partidos satélites, se requiere conformar una alternativa polí­tica capaz de aglutinar, encauzar, movilizar y organizar el descontento popular que, seguramente, se seguirá expresando más allá del actual proceso electoral.

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