El Universal

Jesús González Schmal

02 de septiembre de 2006

En el orden procesal lógico-jurí­dico, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación concluyó la etapa de desahogo de los recursos interpuestos contra la validez de la elección en las casillas y en las computadoras, respecto de los distritos. Múltiples fueron las irregularidades, boletas de más o de menos, paquetes violados, errores involuntarios o intencionales... La revisión de las causas explí­citas de nulidad alcanzó magros resultados entre la rigidez del Tribunal, para exigir más de lo debido a los impugnadores (que no cuentan ni con el tiempo ni con la destreza jurí­dica para formular sus inconformidades), dando pretexto así­ al TEPJF para desechar esta ví­a, no sin tener que cargar con la responsabilidad de haber ignorado la demanda popular del recuento de casilla por casilla y voto por voto.

No obstante, y como bien lo señalan los acuerdos internacionales de derechos polí­ticos firmados por México, la sutil forma de burlar la justicia electoral exigiendo a los partidos y a sus representantes de casilla, dotes extraordinarias de defensores electorales para cumplir todos los requisitos formales, y buscar las deficiencias de éstos, para rechazar sus impugnaciones, es una forma siniestra de antidemocracia institucional que no puede corresponder a la era de los derechos humanos en el mundo. Por ello, es obvio y así­ lo habí­a entendido el TEPJF en la jurisprudencia emitida, deben estudiarse inequí­vocamente las llamadas causas de nulidad abstracta o genérica que viciaron las elecciones en su conjunto y en su contexto.

Partiendo del principio jurí­dico de que nadie debe valerse de un ilí­cito para su beneficio, es obvio que quien causó el desorden e incumplimiento de la ley con la injerencia del aparato del poder del gobierno a favor de un candidato, lo fue precisamente Vicente Fox y su candidato panista Felipe Calderón con lo que, añadido a la lenidad del IFE para detener esa invasión se configura así­, la causalidad de nulidad que ahora corresponde dilucidar a los magistrados responsables de decir el derecho.

Por lo mismo declarar si en el México del mañana cualquier presidente o gobernador podrá impunemente intervenir con todos los recursos económicos de propaganda y coerción en la campaña y en la elección, a favor de un candidato, o si tales comportamientos tienen que ser sancionados invalidando la elección para que no vuelva a repetirse y el paí­s pueda aspirar a una verdadera justicia electoral democrática.

Se ha dicho repetidamente cómo, la intervención de Fox desde el desafuero, pasando por las agresiones verbales al candidato de la oposición y el auspicio de la campaña negra contra el mismo, con la complicidad de Elba Esther Gordillo; todo ello en cualquier paí­s del mundo civilizado hubiera dado lugar hasta la caí­da del Presidente, pero en México no provocó más que la tardí­a decisión del IFE prohibiendo la propaganda tendenciosa y la publicidad engañosa. Es pues ahora ocasión única y privilegiada para que el TEPJF reivindique el derecho soberano del pueblo para que una elección celebrada con ese cúmulo de vicios tenga que ser repuesta, como ocurrirí­a con cualquier procedimiento judicial que adoleciera de irregularidades trascendentes.

A quienes piensan que anular una elección serí­a crear una situación crí­tica, les tendrí­amos que contestar que mucho más grave serí­a condescender con la burla y el fraude tratando de imponer un gobierno ilegí­timo que no podrá gobernar. La ingobernabilidad no es de generación espontánea, procede de la falta de autoridad ética y democrática y de la estulticia de creer que el pueblo olvida las afrentas con la propaganda abrumadora a favor de la paz y el orden de los sepulcros.

Este último informe presidencial podrí­a denominarse ¡Fuera máscaras! Fox empezó con una ofensa al Congreso cuando tomó la protesta rompiendo el orden y solemnidad de la ceremonia en la que introdujo frivolidades que lo acompañarí­an después en todo el trayecto. Hoy termina también, creyendo que el Congreso está a su disposición, sólo que ahora tuvo que hacerlo al amparo de las Fuerzas Armadas y contra la mí­nima disposición de escucharlo.

Debemos aprender de Oaxaca. Allá se consumó una imposición de Ulises Ruiz con un procedimiento electoral repleto de acarreos, represiones y manipulaciones. Hoy la ingobernabilidad sabemos que tiene un origen: un pueblo ofendido por la farsa electoral. La causa de nulidad abstracta es el mejor servicio a la democracia en este trance nacional. Los siete magistrados tendrán que anteponer los intereses de la patria a los suyos particulares.

Diputado federal (Convergencia)