El Mañana de Reynosa
Por Miguel A. Granados Chapa.-

Ganar ilegalmente la Presidencia de la República en el 2000, costó al Partido Acción Nacional cuatrocientos millones de pesos, pagaderos en abonos. Refrendar el triunfo en 2006 le ha resultado aún más barato: Sólo un rozón, ni siquiera una reprimenda al presidente de la República, que con su injerencia puso en riesgo el proceso de este año, pero no de modo determinante. Con esas decisiones, ambas tomadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se confirma la cí­nica tesis de que violar la ley es buen negocio, pues aún considerando el monto de la sanción (cuando la hay), es mayor la ganancia que se obtiene y la infracción se justifica.

Esta invitación a violar la ley es uno de los saldos negativos de la sesión con que la sala superior de ese tribunal dio por concluido el proceso electoral federal. Ahora sí­, no como quiso el consejero presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, el 6 de julio, hay un candidato triunfador, un presidente electo, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.

Respecto de aquel doloso desliz de quien encabeza el órgano administrador de las elecciones, el tribunal practicó la lenidad: Dice que su pronunciamiento fue inocuo, pues no generó efecto jurí­dico alguno, ya que no es la autoridad indicada para hacer tal declaratoria. Precisamente allí­ radica la ilegalidad, en que Ugalde no tení­a nada que hacer en esa porción del proceso. No es verdad que se limitó a ofrecer datos numéricos (algo que, por lo demás, ya habí­a hecho, en cumplimiento de un deber legal, el secretario ejecutivo del IFE), sino que ungió a Calderón como candidato victorioso, apenas minutos después de concluido un cómputo distrital que mereció 375 juicios de inconformidad, una cifra mayor aún que el número de distritos en que está dividido el paí­s.

Hay una paradoja, una profunda contradicción en el hecho de que un tribunal invalidó que se declare la validez de la elección. En la cuenta del dictamen leí­da por el secretario general de Acuerdos, y en varias de las intervenciones de los magistrados se escuchó la excusa: Este tribunal no está en condiciones de, no tenemos evidencia de que, no podemos medir el efecto. Un órgano judicial lisiado por decisión propia ha reconocido que hubo irregularidades, incluso francas infracciones a la ley, pero no pudo establecer sus consecuencias, o las consideró nimias, no obstante que uno de sus deberes es la preservación del principio de legalidad, que se rompe por la infracción en sí­ misma, independientemente de los efectos que provoque.

Ese es el caso de los mensajes difundidos por el Consejo Coordinador Empresarial, a ciencia y paciencia del IFE. El tribunal reconoció el parentesco entre el sentido de esos mensajes y la propaganda panista, es decir, la conversión de un órgano de representación empresarial en proselitista polí­tico, que participó en las campañas en términos que sólo los partidos pueden hacer. Pero la sala superior se limitó a expresar el hecho, ni siquiera deplorarlo. Y en el colmo de la complacencia, el magistrado presidente, Leonel Castillo González, exhortó a los poderes económicos a portarse bien en lo futuro, pues si bien esta vez no dañaron (así­ lo dijo) el proceso, quién sabe qué pueda ocurrir en el porvenir.

El dictamen (o su resumen) oscila en una permanente contradicción respecto de los mensajes de contenido o emisor ilegal. Por un lado, se excusa de no poder establecer en qué medida impactan el ánimo de los electores. Pero, por otra parte, exculpa a los infractores, como el presidente de la República mismo, aduciendo que el paso del tiempo entre la propagación de esos mensajes y la jornada electoral atenuó su efecto. Que, por otra parte, no fue determinante del resultado de la elección.

Ese fue otro ritornelo de las decisiones del tribunal. La finura de sus instrumentos de medición, que le permitió reconocer irregularidades y distinguir entre los efectos ‘poco importantes’ y los determinantes, no le permitió suponer que lo nimio pudo ser relevantí­simo en una elección tan contendida que la diferencia entre las votaciones mayores apenas excede el doble de las casillas establecidas el dos de julio. En cada mesa electoral, en promedio, Calderón superó a López Obrador sólo por dos votos.
Elegidos por diez años a partir de un procedimiento abierto y promisorio, los magistrados que inauguraron el tribunal en noviembre de 2006, y por lo tanto se despiden ya de sus funciones, mantuvieron un desempeño que generó confianza y certidumbres. No lograron mantener esa calidad en el momento estelar del fin de su carrera. La semana pasada, asaltados por una extraña prisa se comieron más de ochenta horas que hubieran podido ser de extrema utilidad para celebrar las sesiones públicas que omitieron y dieron por cerrada la etapa judicial el 28 de agosto y no el 31 como hubieran podido hacerlo con provecho para la calidad de sus resoluciones. Ahora calificaron la elección un dí­a antes de que concluyera el plazo, como si se tratara de un trabajo sencillo que pudo ser realizado con holgura y sobra de tiempo.

A los ciudadanos que, como el propio tribunal, tenemos conciencia del sinnúmero de irregularidades cometidas en el proceso, la decisión final nos genera un dilema irresoluble: Jurí­dicamente su fallo es inatacable. Pero éticamente es más inacatable, porque no produce certeza. El tribunal incumplió deberes de transparencia, y su omisión será socialmente costosa, porque nos devolverá a los tiempos en que campeaba la incredulidad electoral.

06/09/2006