Proceso
jenaro villamil

México, D.F., 5 de septiembre (apro).- Con el voto unánime de los siete magistrados integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, culmina una era de reformas y de instituciones electorales en nuestro paí­s. Esta fase inició hace justamente diez años, cuando una amplia reforma constitucional decidió consolidar un Instituto Federal Electoral (IFE) autónomo, dirigido por un Consejo General de nueve ciudadanos electos por las fuerzas partidistas integrantes de la Cámara de Diputados, y judicializar plenamente la fase de la calificación y declaración de validez a través de una Sala Regional integrada por nueve magistrados surgidos del propio Poder Judicial.

Ese modelo ya se agotó. Voluntaria o involuntariamente, los propios magistrados orientaron un poco este diagnóstico con su resolución. De hecho, los dos grandes criterios para determinar la validez de una elección tan cerrada como la del 2 de julio entraron en colisión en la sesión de este martes 5 de septiembre: por un lado el llamado criterio de determinancia (hubo irregularidades graves, pero no fueron determinantesá para el resultado de la elección) y, por otro, el conjunto de valoraciones que conforman la llamada causal de nulidad abstracta (equidad en los medios de comunicación, la injerencia o no de actores externos, como el presidente, organismos empresariales, el contenido de la publicidad televisiva, etcétera).

Claramente, el criterio de determinancia le ganó la partida a la causal de nulidad abstracta. De hecho, este mismo tribunal parece sepultar su propia creación la causal abstracta--, que ya en sus últimas resoluciones polémicas vení­a en retirada.

Por otro lado, los magistrados aplicaron criterios sui géneris ante un desafí­o tan alto como la demanda de un nuevo conteo voto por voto, casilla por casill Prefirieron la ví­a de un procedimiento de previo y especial pronunciamiento que sólo analizó 9% de las 130 mil casillas, que una apertura mayor o total aun cuando la coalición Por el Bien de Todos no lo hubiera sustentado a cabalidad en sus juicios de inconformidad--. En otras palabras, la visión reduccionista --y no una amplitud de miras-- acabó por imponerse en la actuación de los magistrados.

En su resolución, los magistrados consideraron que el principal riesgoá para la validez de la elección fue el activismo del presidente Vicente Fox, a favor del candidato oficialista Felipe Calderón, pero en una extraña maroma argumental, decidieron que esta injerencia no fue determinante en el resultado, bien porque las declaraciones del presidente eran metafóricasá, o bien porque se realizaron muchas semanas antes que se realizaran los comicios o porque fueron atemperadas por el acuerdo de neutralidad del IFE.

También criticaron a los poderes económicos, en especial al Consejo Coordinador Empresarial (CCE), por haberse financiado ilegalmente una campaña publicitaria en contra del candidato de la coalición, pero sorpresivamente consideraron que la propaganda negativa que plagó toda la campaña, no disminuyó la calidad de la contienda ni influyó en la polarización que vivimos ahora, porque tanto PAN como PRD la aplicaron. Incluso, afirmaron que no existe manera de medir el impacto de los spots en la decisión de los votantes.

A pesar de la tibieza de la crí­tica, los mismos magistrados colocaron el dedo en la llaga: difí­cilmente se podrá contar con instituciones electorales fuertes y autónomas, en la medida que los poderes polí­ticos y económicos decidan pasar por encima de la propia normatividad para incidir en las campañas electorales.

Curiosamente, este diagnóstico no mereció ningún extrañamiento del TEPJF al Consejo General del IFE que, por lo menos, fue omiso para frenar esa escalada en contra de la autonomí­a de los organismos electorales. Mucho menos a la Fiscalí­a Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade), que no procesó a uno solo de los funcionarios acusados de utilizar fondos públicos para ejercer la coacción del voto.

La pregunta sigue latente: ¿fue una omisión más de los magistrados haber negado una valoración real del papel del Consejo General del IFE en la crisis poselectoral, o simplemente asumen ellos mismos que la salida de Luis Carlos Ugalde y de los otro ocho consejeros del instituto es un hecho polí­tico consumado que no requiere de ninguna valoración jurí­dica?

Por lo pronto, la advertencia final del magistrado presidente del tribunal, Leonel Castillo González, queda como punto de partida para una necesaria transformación de las instituciones electorales:

Espero que los grupos de poder polí­tico advirtió el magistrado--, que los grupos de poder económico piensen muy bien en futuros comicios que participen como ciudadanos, que no se excedan. Porque si ahora mediaron circunstancias que impidieron que esas acciones no dañaran el producto de todos, no sabemos si más adelante lo pudieran hacer, en otros ejercicios

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