De periódico reforma

Lorenzo Meyer.

El llano y las llamas.

La resolución inatacable del TEPJF cerró un capí­tulo de nuestra
historia polí­tica y abrió al tiempo otro de impredecible contenido. La
democracia mexicana está en vilo.

Fin y principio.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)
encontró problemas en la elección presidencial del 2 de julio pasado
pero al final declaró ganador por medio por ciento al candidato de la
derecha. Legalmente, ya no hay nada más que hacer y así­ se ha cerrado
el último capí­tulo formal de la conflictiva elección.Pero no fue un
cierre con broche de oro sino todo lo contrario.

No logró disipar las dudas que una parte de la ciudadaní­a mantiene en
torno a la legitimidad del triunfo que ha avalado el entramado
institucional vigente. La decisión del TEPJF intentó apegarse a la
letra de la ley pero de ninguna manera a su espí­ritu, y justamente por
eso, a la vez que cierra, también abre un nuevo y muy difí­cil capí­tulo
en la historia polí­tica de México.

Ante la negativa del TEPJF a sacar las conclusiones posibles de la
obvia parcialidad que afectó al proceso, así­ como a restaurar la
certeza en torno a los resultados en el total de urnas que arrojaron
votos de más y de menos, el derrotado ha optado por no reconocer la
legitimidad del fallo.

El fallo de los magistrados del TEPJF fue el último eslabón de una
cadena que empezó a forjarse años atrás, a mediados del sexenio. Sin
embargo, ese eslabón también pudiera ser el primero de algo no
previsto por el Tribunal Electoral ni por el resto de quienes
contribuyeron a que las cosas llegaran hasta donde están hoy: una
nueva sucesión de hechos polí­ticos encabezados por una oposición
radicalizada y cuya dirección, naturaleza e intensidad no es posible
predecir.

Las cosas bien pudieron haber sido de otra manera, pero ya no hay
marcha atrás y ahora hay que examinar las opciones de cara a un futuro
donde la parte derrotada considera al conjunto de ganadores una
"República espuria" con la que no hay que negociar sino abolir.

Posibilidades.
La última vez que el llano social mexicano estuvo realmente en llamas
fue hace ocho o siete decenios, cuando la "Guerra Cristera"
(1926-1929) y sus secuelas asolaron buena parte del centro del paí­s.
Evidentemente pocos mexicanos, si es que alguno, desean hoy el retorno
del incendio. Sin embargo, no son tan pocos los que, como antaño, con
una combinación de cortedad de miras e irresponsabilidad están jugando
con fuego en un llano que desde hace mucho tiene partes muy secas,
entre otras cosas, por la corrupción, la incapacidad de la economí­a de
crear empleos y el agravamiento de la inequidad en la distribución de
cargas y beneficios.

Durante el periodo de vigencia del viejo régimen del PRI, una
combinación de corrupción, prepotencia, miedo, miopí­a,
irresponsabilidad y voracidad prendió varias hogueras que, sin
embargo, el Estado autoritario fuerte logró aislar y extinguir con una
combinación de represión y cooptación.

En los 1960 y 1970, excesos locales en el marco del autoritarismo
llevaron en Chihuahua y Guerrero a grupos de origen rural, y
encabezados por maestros, a buscar con las armas la justicia y
dignidad que sistemáticamente les era negada. La cerrazón y represión
de 1968 y 1971 ante las demandas de apertura polí­tica orilló a varios
jóvenes urbanos a optar por la ví­a armada.

Una dureza ancestral de las oligarquí­as locales en relación con las
comunidades indí­genas en Chiapas desembocó en 1994 en la insurrección
de las cañadas. Finalmente, el poder apagó las llamas que él mismo
prendió, pero a un gran costo.

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) encabeza hoy un movimiento que
empezó como electoral, pero que está modificando radicalmente su
naturaleza como respuesta a la decisión del gobierno, de las
instituciones electorales y de los grandes poderes económicos y
religiosos, de volver a cargarse en favor del candidato oficial.

Para AMLO y los suyos, la electoral ya no es hoy la ví­a adecuada para
procesar de manera efectiva las demandas, justas e impostergables, de
las clases populares y por eso están trasladando su centro de gravedad
de los partidos al movimiento social. Un movimiento que puede fracasar
si no logra afianzarse en una base social importante pero que, si,
pese a tener en contra a todos los poderes del gobierno y fácticos en
contra, consigue echar raí­ces en las clases populares, puede
convertirse en un hecho polí­tico inédito en México.

La metamorfosis .
En los años 1960, y teniendo como trasfondo la energí­a que irradiaba
la entonces joven Revolución Cubana, la izquierda mexicana, pese a su
marginalidad, logró dar forma a un discurso que cuestionó la
legitimidad del orden posrevolucionario.

El sistema autoritario mexicano decidió buscar una ví­a no represiva
para neutralizar a ese adversario -moverse para permanecer en el mismo
sitio- y llevó a cabo siete últimas reformas electorales -1973, 1977,
1987, 1989, 1990, 1993 y 1996- para abrirle un espacio institucional
controlado.

Las reformas electorales, combinadas con el fracaso y desaparición de
la Unión Soviética y el fin de la Guerra Frí­a, hicieron que el grueso
de la izquierda mexicana, y pese a lo inequitativo de las reglas,
aceptara conducir sus energí­as y demandas por la ví­a electoral. La
gran excepción fue el neozapatismo chiapaneco.

Cuando finalmente en el 2000 las urnas le ganaron al autoritarismo, el
triunfo fue para la derecha. La izquierda resintió el golpe pero no
abandonó el camino electoral y a inicios del 2006, con un nuevo
liderazgo, vislumbró posibilidades de éxito.

Desde el 2003 el presidente Fox, su partido y un buen conjunto de
actores e intereses polí­ticos -desde Elba Esther Gordillo hasta grupos
empresariales pasando por la iglesia dominante- se pusieron como tarea
prioritaria impedir una alternancia de izquierda en el 2006. Y para
lograrlo no vacilaron en acudir a esa enorme maniobra antidemocrática
que fue el intento de desafuero del único candidato viable de la
izquierda o en usar al máximo e ilegalmente los recursos de la
Presidencia para combinarlos con una dura campaña de miedo emprendida
lo mismo por el PAN que por el Consejo Coordinador Empresarial.

Todo ello, aunado a la sospecha de fraude alimentada, entre otras
cosas, por la inexplicable presencia de votos de más o de menos en las
casillas, desembocó en lo que tenemos ahora: una negativa rotunda de
la segunda fuerza electoral a reconocer la legitimidad de todo el
proceso electoral y al inicio de un movimiento de resistencia pací­fica
pero en un llano muy seco, donde una chispa puede desembocar en un
nuevo incendio.

Las posibilidades.
Según la teorí­a, los sistemas autoritarios necesitan acabar con
cualquier oposición que intente movilizar y organizar a la sociedad de
manera independiente. Sin embargo, el nuevo régimen mexicano, que en
principio se considera democrático, ya no tiene ni las razones ni la
libertad para usar los instrumentos de fuerza con que sus antecesores
acabaron con las resistencias del pasado: disolución de
manifestaciones, prisión, tortura y asesinato de opositores, etcétera.

Por su parte, esos movimientos sociales ya no tienen necesariamente
que desembocar en la insurgencia armada pues se pueden mantener como
desobediencia pací­fica y ser efectivos.En esta circunstancia y por
primera vez en México, el seco llano social pudiera ser transformado
sin necesidad de un gran incendio previo, como ocurrió en los dos
siglos pasados. Sin embargo, el peligro de incendio sigue siendo
significativo.

La movilización iniciada por AMLO puede generar mucha energí­a polí­tica
en los sectores donde tiene su raí­z: en las clases populares y menos
favorecidas. Tanto lí­deres como bases del movimiento, y literalmente
"por el bien de todos", deben mantener dentro de lí­mites muy estrictos
esa energí­a producto de la frustración ante lo que perciben como una
justicia denegada.

La misma advertencia, pero más contundente, debe hacerse a quienes
controlan las fuerzas del Estado, quienes deben contener sus naturales
inclinaciones de derecha a imponerse a como dé lugar y tomar en cuenta
que el entorno polí­tico ha cambiado y que ya no se defiende el orden
establecido con los métodos de antaño, pues eso puede provocar un
incendio social de consecuencias impredecibles.

En suma, la estructura institucional heredada por la joven democracia
mexicana -IFE, TEPJF, Suprema Corte, etcétera- resultó incapaz de
avalar lo que requiere cualquier democracia que funcione bien:
garantizar una lucha en buena lid que, consecuentemente, dispensase
legitimidad a quien ejerce el poder.

Al borde de lo desconocido, esperemos que los actores polí­ticos
muestren más inteligencia y responsabilidad de la que han exhibido
hasta hoy. El camino mexicano de consolidación democrática resultó
mucho más difí­cil de lo imaginado. Hay que cuidar que sus graves
deficiencias no acaben por echarlo por la borda.