Artí­culo tomado de Memoria Virtual

Publicado en 208 / junio 2006 | Garavito Elí­as, Rosa Albina | La Nación

El brutal uso de la fuerza pública en Lázaro Cárdenas, Michoacán, y en Atenco, Estado de México, forma parte de la estrategia del gobierno federal para retener el poder el próximo 2 de julio. Vicente Fox y el PAN están dejando claro que son buenos discí­pulos del PRI, no sólo para dar continuidad a la polí­tica económica de las últimas dos décadas, sino también para hacer uso de todos los recursos posibles con el fin de conservar el poder en sus manos.

Garavito Elí­as, Rosa Albina

Y en esos recursos se encuentra el uso de dinero público utilizado en la campaña que sin pudor alguno lleva adelante el presidente Vicente Fox a favor del PAN y de su candidato; así­ como la campaña sucia en contra del candidato de la Alianza por el Bien de Todos que se ha convertido en una franca campaña del miedo.

Para tratar de asegurarse de que los indecisos votarán en contra del cambio que significa Andrés Manuel López Obrador, con la represión en Atenco se profundiza la campaña del miedo abierta en Sicartsa. El Ejecutivo Federal y su partido tienen el antecedente de que una campaña de esa naturaleza, como la desplegada por el PRI en 1994, fue un factor determinante para lograr el triunfo electoral de Ernesto Zedillo. Así­, el gobierno federal prefiere poner al paí­s en vilo antes que poner en riesgo su continuidad en el poder.

El mensaje del miedo cae en terreno fértil

Es importante recordar que el primer ensayo de brutal represión se dio en Guadalajara en 2004 contra los altermundistas. La golpiza y persecución infame a los jóvenes en aquel momento, fue el laboratorio de lo que después se generarí­a en Michoacán, y a las pocas semanas en Atenco. Y también es importante subrayar que durante aquel primer ensayo, y en la misma ciudad, se produjo el destape de la precandidatura a la Presidencia de la República del entonces Secretario de Energí­a, Felipe Calderón Hinojosa, quien jamás se pronunció en contra de la brutalidad policí­aca. El mensaje represivo que los grupos de ultraderecha enquistados en el PAN enviaron con ese bautizo del arranque de la carrera presidencial de Felipe Calderón, hoy está dando resultados, por cierto nada halagí¼eños para el futuro democrático del paí­s.

Pero una campaña del miedo necesita de ciertas debilidades de los opositores para que su puesta en práctica pueda resultar exitosa. Por desgracia la miopí­a polí­tica del PRD ha dejado muchos flancos abiertos para que una campaña de esa naturaleza encuentre condiciones para prosperar. Reflexionemos por ejemplo en torno al significado de que la represión en Sicartsa haya contado con la colaboración del gobierno estatal perredista de Lázaro Cárdenas; y que en el caso de Texcoco, la solicitud del uso de la fuerza pública haya provenido del presidente municipal perredista de ese municipio. La conclusión más indulgente que podemos obtener de esas conductas es el alejamiento de los gobiernos del partido de izquierda más importante en México respecto de sus gobernados. Un dato que precisamente a la hora de las campañas queda al desnudo.

Y esa miopí­a polí­tica es una expresión del pragmatismo electoral al que se ha subordinado el PRD. En ese pragmatismo la prioridad es ganar votos a toda costa y cuidar el momento electoral; en los términos que impone el poder establecido, independientemente de si el contenido de ese proceso se encuentre muy lejano de la cruda y cotidiana realidad que enfrenta la ciudadaní­a. El hecho de que un proceso electoral imponga reglas que es necesario atender y cumplir, no significa que dicho proceso se desarrolle en el vací­o. Sin embargo, así­ parecieran entenderlo el PRD y su candidato a la Presidencia de la República. Es tanto el temor de perder puntos en las preferencias electorales y finalmente en la votación del próximo 2 de julio, que el PRD y su candidato, han estado más preocupados por deslindarse de los hechos violentos en Atenco, que por defender los derechos humanos y las libertades polí­ticas atropelladas brutalmente por la fuerza policiaca. Al respecto pienso que ese brutal atropello es equivalente al que intentó perpetrarse con la iniciativa del desafuero en contra de AMLO; y que de la misma manera en que en ese periodo el PRD y el entonces Jefe de Gobierno del Distrito Federal convocaron a una gran movilización por la defensa de las libertades democráticas, así­ también ahora tendrí­an que hacer una convocatoria semejante. La única manera de deslindarse de la violencia es mediante la defensa pací­fica de los derechos humanos y sociales.

Convertir lucha electoral en lucha polí­tica

Para que la campaña sucia se haya convertido en campaña del miedo necesitó primero de las imágenes de violencia en Sicartsa, y después en Atenco. Despertar el temor de los votantes despolitizados y poner rostro a ese temor en la figura de un candidato, es el gran paso que la derecha ha logrado dar en esta campaña electoral. Cuánto de ello efectivamente pueda ser cosechado en votos a favor del candidato panista lo sabremos hasta el próximo 2 de julio. Mientras tanto, los indicios que aportan las encuestas son preocupantes, aunque por supuesto no definitivos. Lo cierto es que el gran reto de AMLO es lograr salirse del territorio definido por la campaña del miedo. Es probable que la reciente decisión de usar masivamente spots y tener mayor presencia en medios electrónicos ayude a contrarrestar los efectos de esa campaña. Pero en tanto no deja de ser una respuesta defensiva en el territorio que su principal adversario, el PAN, le ha impuesto, podrí­a ser insuficiente para convencer a los indecisos, a pesar de que la razón moral y la verdad se encuentren de su lado.

Si en el caso de la lucha contra el desafuero, la razón y la verdad fueron elementos determinantes para derrotar la intentona, se debió a la exitosa movilización social, y a que AMLO logró poner al desnudo el complot en su contra. Pero es indudable que la etapa de la campaña de AMLO iniciada en el 2004 con la lucha contra el desafuero ha concluido, y que a partir de abril empezó una batalla más difí­cil aún: la campaña electoral del 2006.

Y si bien las campañas electorales son procesos que se rigen por sus propias reglas -formalmente una contienda equitativa y transparente con un árbitro legal y legí­timo-, AMLO tendrí­a que poner de manifiesto lo que realmente son: una lucha polí­tica sin cuartel por acceder al poder. Y eso no se logra mediante denuncias verbales, sino mediante acciones polí­ticas; no con palabras, sino con hechos. En este caso la acción polí­tica correspondiente tendrí­a que ser la convocatoria a una movilización polí­tica pací­fica por la defensa de las libertades democráticas, porque son precisamente esas libertades las que están siendo amenazadas con la campaña del miedo y la posible permanencia de la derecha en el poder. Mientras continúe atrapado en una campaña electoral definida por sus adversarios por el uso del terrorismo de Estado para mantenerse en el poder, el terreno de la confrontación seguirá siendo absolutamente desigual. Pero ello requiere de una lectura distinta de la que PRD y AMLO están haciendo del momento que vive el paí­s. No es sólo el triunfo electoral de ese partido y ese candidato lo que está en riesgo, sino, y más importante aún, el futuro democrático del paí­s; de la misma manera en que ese futuro se vio amenazado con el intento de desafuero del entonces Jefe de Gobierno del Distrito Federal.

Algo semejante le sucedió al PRD y a su entonces candidato a la Presidencia de la República, Cuauhtémoc Cárdenas en 1994. La manera en que el levantamiento del EZLN puso al desnudo -nacional e internacionalmente- el fracaso de la polí­tica neoliberal de Carlos Salinas, generó un momento polí­tico extraordinario que el PRD, su candidato y su dirigencia leyeron como un hecho rutinario más y, lo peor del caso, como una amenaza a la normalidad electoral Como si lo electoral fuese ajeno a lo polí­tico. Por eso no es de extrañar que, el 27 de enero de ese año, CCS haya firmado, junto con Luis Donaldo Colosio, Diego Fernández de Cevallos y el resto de los candidatos, el Acuerdo por la Paz, la Democracia y la Justiciá que sirvió para legitimar la estrategia salinista de aislar el proceso electoral del momento polí­tico generado por la insurgencia indí­gena. No en balde, al dí­a siguiente de esa firma, en Davos, Suiza, Carlos Salinas pudo declarar que el conflicto de Chiapas se reducí­a a cinco municipios de esa entidad federativa. La historia posterior es conocida de todos: el PRI desarrolló una campaña del miedo que asoció al PRD con el EZLN, lo cual fue determinante para que el partido oficial retuviera el poder por seis años más.

¿Marcos instrumento de Salinas?

Mientras escribo esto, me vienen a la mente los argumentos conspirativos que relacionan al EZLN y sobre todo a Marcos con intereses electorales de la derecha, sea que esta se exprese mediante el PRI o a través del PAN. Según esta especie, tanto en 1994 como ahora en 2006, Marcos fue y es un instrumento polí­tico del inefable Carlos Salinas. Desde mi punto de vista estas hipótesis se desmoronan frente al significado de los Acuerdos de San Andrés para la transición democrática del paí­s, y el significado también de su derrota en el Congreso de la Unión. Después de la conquista de la democracia electoral, para la cual el surgimiento del EZLN dio el empujón final (1994-1996) que permitió abrir las puertas a la ciudadanización de los órganos electorales, esto es para arrancar de manos del gobierno la organización de los comicios; la demanda de autonomí­a de los pueblos indios colocó en la agenda nacional la necesidad de la democracia participativa. Que esa demanda haya sido desoí­da por parte de la clase polí­tica gobernante, incluyendo al PRD, es una expresión de la decadencia de esa clase polí­tica y del sistema de partidos al que da vida; y también explica en buena medida cómo es que la campaña del miedo encuentra terreno fértil para crecer. Desde este ángulo, lo que veo es la astucia del poder establecido que utiliza los instrumentos del Estado para garantizar la continuidad de un proyecto económico, y veo también la miopí­a de la izquierda partidaria del paí­s, que en 1994 y ahora en 2006 disocia la lucha electoral de la lucha polí­tica.

Se reclama a la Otra Campaña no apoyar al PRD y a su candidato, porque con ello sirve a los intereses de la derecha. Cuando por desgracia, los intereses de la derecha han quedado bien servidos con el pragmatismo electoral del PRD que ha dejado de lado la necesidad de construir un partido de izquierda moderno y democrático. En su lugar lo que tenemos es la suma de pequeños grupos de interés que usufructúan la franquicia electoral y cuya ambición electoral los aglutina alrededor de un candidato carismático y honesto, como AMLO. Si el PRD no fue capaz de ver en la Iniciativa de la Cocopa la reforma del Estado para sentar las bases de la democracia participativa, esto es de un nuevo pacto social, difí­cilmente quienes levantaron este proyecto pueden ahora apoyar a ese partido y a su candidato. Es una lástima pero así­ es.

Ahora sólo queda esperar que en la conciencia de un sector de la ciudadaní­a pueda conciliarse votar por AMLO y simpatizar por la Otra Campaña. Que por cierto es mi posición. No votar por AMLO o abstenerse en las urnas del próximo 2 de julio es abrir las puertas a la consolidación de la derecha en el poder. No ver con simpatí­a la Otra Campaña es suponer que la decadencia del sistema de partidos que emergieron del viejo régimen polí­tico puede conducir al paí­s por buenos derroteros; es suponer también que la construcción de un paí­s justo y democrático puede llegar milagrosamente desde arriba.

Viejos partidos frente a nuevos retos

Si es cierto como sostengo que el sistema de partidos y la clase polí­tica que ponen a funcionar nuestra flamante democracia electoral se encuentran anclados en prácticas del viejo régimen polí­tico, entonces se explica que dejen de lado que el principal reto del paí­s es transitar desde la democracia electoral hacia la democracia participativa.

Del contraste entre los actores y las necesidades del paí­s que se sintetiza en cambiar el régimen polí­tico y no sólo la polí­tica económica, lo que resulta es un fuerte rezago de la clase polí­tica y de los partidos en relación a los desafí­os nacionales. Y es este rezago, sobre todo, de la izquierda partidaria, el que genera el campo fértil para la campaña del miedo empujada desde el poder establecido. En esa estrategia, no hay adversarios polí­ticos sino enemigos a vencer para conservar los mismos privilegios. Cuando el PAN dice que AMLO es un peligro para México, en realidad está reaccionando frente al peligro particular que para el PAN representa ser derrotado en la gestión de un proyecto económico excluyente. Lo mismo vale para el PRI.

La complicidad con el poder económico

Con esta campaña del miedo, la derecha panista no sólo trata de incidir en que el voto de los indecisos favorezca a su partido, también trata de saldar cuentas pendientes con los grandes capitales, quienes seguramente reclamaron mano dura contra los ejidatarios de San Salvador Atenco cuando lograron echar abajo el proyecto de construcción del Aeropuerto en Texcoco, proyecto que habrí­a beneficiado con pingues ganancias a los inversionistas. Ahora seguramente están satisfechos, la represión en Atenco ilustra con claridad que si el PAN permanece en el poder no le temblará la mano para reprimir con la misma brutalidad que hicieron sus antecesores priistas; y para continuar profundizando la aplicación de la misma estrategia económica excluyente de las últimas décadas.

Por su parte, la represión a los mineros en Sicartsa también hace evidente la complicidad entre el poder polí­tico y el poder económico. Antes que abrir las puertas a la democratización del mundo del trabajo mediante una reforma laboral democrática, el gobierno foxista refuncionalizó el viejo corporativismo prií­sta y aplicó, como sus antecesores, medidas discrecionales que atentan contra la autonomí­a de los sindicatos. En el caso del sector minero metalúrgico, esa intervención materializada en el cambio de la dirigencia nacional mediante el recurso de la tristemente célebre toma de notá por parte de las autoridades laborales, se da en apoyo a poderosos grupos económicos de ese sector como Grupo México y Grupo Villacero. Un gobierno gerencial como el de Vicente Fox, aprovecha además esta complicidad para golpear a un combativo sector de los trabajadores y de paso generar un clima de tensión social en los centros mineros de diversas entidades federativas, un clima que nada favorece a la paz social que requiere una elección democrática.

Los pronósticos

Los pronósticos para el futuro democrático del paí­s derivados de la decisión de utilizar el terrorismo de Estado como instrumento para que la derecha retenga el poder, son funestos. Por eso es fundamental que se castigue a los responsables de la brutalidad policí­aca en Sicartsa y en Atenco. Dejar impunes los abusos contra mujeres y personas indefensas es dejar la puerta abierta al abuso de autoridad y al uso excesivo de la fuerza pública.

La campaña del miedo que se ha apuntalado con el uso brutal de la fuerza pública, constituye un serio riesgo para la paz social y una dura prueba para nuestra incipiente democracia, no sólo en esta coyuntura electoral, sino también hacia el futuro. Los principales responsables de generar ese riesgo son el Presidente de la República y su partido.

Ese clima de beligerancia y tensión social podrí­a descarrilar la jornada electoral en el supuesto de que la votación se divida en partes casi iguales. Sin embargo, serí­a más difí­cil que ese escenario catastrofista ocurriera si entra en acción el voto útil de los prií­stas cuyo partido y candidato se han mantenido en el tercer lugar de las preferencias electorales. El crecimiento de rumores de presiones en el interior del PRI para la declinación de Roberto Madrazo, que obligó a este a declarar el pasado 17 de mayo los priistas sabemos que le va mejor al priista con un priistá, aunado a la aceptación de candidaturas del PAN por parte de priistas como Diódoro Carrasco y Benjamí­n González Roaro, prefiguran el escenario del voto útil de un sector de ese partido por Felipe Calderón. Sin embargo, pienso que estos priistas serán menos que los que darí­an su voto por AMLO en caso de que este concluya la campaña encabezando las preferencias; o incluso en segundo lugar.

Y si bien es cierto que independientemente de quién sea el triunfador, aún quedará mucho camino por recorrer para abrir las puertas a un régimen polí­tico democrático en el paí­s, más allá de nuestra flamante democracia electoral; también es evidente que la continuidad de un gobierno de derecha constituye una seria amenaza para las libertadas polí­ticas y la seguridad de mayor exclusión y desigualdad sociales. En estas circunstancias; ¿quién pone en duda lo acertado de votar por AMLO?; y, ¿quién puede titubear frente a la necesidad de ejercer el derecho de votar cuyo respeto exigió tantas luchas?