Ese es lo que refleja el abandono en que las Instituciones de Salud y Educación, por citar dos a las que hace referencia la nota periodí­sitica que reproduzco hace, se encuentran. Eso es mandarlas al diablo desde hace años, y más aún, dejarlas en las manos del diablo. Porque no es sólo que las abandonen, es que las medran. No es asi señores directores y ex-directores del ISSTE, del IMSS. No es así­ sr. secretario de salud; no es así­ señores ex-secretarios y secretario de educación pública. Esas Instituciones son todaví­a más importantes que las otras. ¿Dónde están los intelectuales de diseño que las defiendan?, ¿Dónde está el gobierno del cambio que las haga crecer y mejorar?, ¿dónde están los medios de comunicación que griten a cuatro voces que se acaba con las instituciones?... Perdón, perdón, esas no las necesitan ellos, esas son sólo necesarias para el pueblo que desprecian, y como lo desprecian, pues que se pudran.

Luis Hernández Navarro
Zacatecas: la bomba educativa

¡Crac! ¡Crac! ¡Crac! La arquitectura institucional del sistema educativo nacional crujió fuerte el pasado 3 de septiembre. El anuncio del gobierno de Zacatecas de que devolverá el sistema educativo a la Federación mostró que sus cimientos están carcomidos. El modelo diseñado por la tecnoburocracia es inviable.

La descentralización educativa en Zacatecas es un fracaso. Lo mismo sucede en otras entidades de la República. El abandono financiero de la Federación en los estados ha generado un déficit calculado en 20 mil millones de pesos a escala nacional.

Hace 14 años se acordó la descentralización educativa. Para evitar el rechazo del magisterio, que se habí­a opuesto a la iniciativa desde 1979, el gobierno federal recurrió al exorcismo lingí¼í­stico. En lugar de decir lo que realmente era (una mera descentralización educativa) la disfrazó de otra cosa y la nombró Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (ANMEB).

La reforma no fue solicitada por los maestros ni los padres de familia. Tampoco por los estados. No respondí­a a sus necesidades ni atendí­a sus problemas medulares. Fue una decisión impuesta por la Federación con criterios centralistas. Una medida para resolverle las dificultades operativas a la burocracia educativa.

De acuerdo con el Observatorio Ciudadano de la Educación (Comunicado 7, La Jornada, 24/04/99), lo que se puso en práctica realmente fue una "descentralización centralizadora", conducida con lógica centralista e inequitativa, en la que la Federación nunca pretendió perder el control del proceso educativo. Se trató de una medida más administrativa que pedagógica. A final de cuentas se exigió a los gobiernos locales que hicieran con menos dinero lo que la SEP con más recursos nunca pudo realizar. Los estados se convirtieron en los diques, encargados de frenar el desbordamiento de los conflictos educativos.

Lejos de significar una división de competencias entre la Federación y los estados, el hilo conductor sobre el cual se desplaza la "modernización educativa" es la concurrencia. Súbitamente, las entidades encontraron más problemas que soluciones. Como señala el desplegado firmado por Amalia Garcí­a, gobernadora de Zacatecas, "en un modelo que se pretendió federalista, en realidad lo que se descentralizó a las entidades federativas han sido sobre todos las obligaciones, pero ni los recursos ni las facultades suficientes" (La Jornada, 04/09/06).

El problema rebasa ampliamente Zacatecas. Es un asunto nacional. Alrededor de 87 por ciento de planteles destinados a la educación primaria no tienen apoyo material o financiero suficiente, y deben ser sostenidos por cooperaciones de los padres de familia. Por todo el territorio florecen el contratismo, la congelación de plazas, el retiro voluntario, la retención de salarios, la sobrecarga de trabajo, los ceses injustificados, la polivalencia en las llamadas escuelas de tiempo completo y la precarización del trabajo docente.

El mismo Banco Mundial reconoce que "el sistema educacional mexicano sigue enfrentando fuertes desafí­os como el acceso poco igualitario, baja matrí­cula y poca calidad en los niveles secundario y terciario (web.worldbank.org)".

La "federalización" educativa ha creado un verdadero caos salarial y laboral entre los trabajadores de la educación en el paí­s. El precepto constitucional de "a trabajo igual, salario igual" ha sido trastocado. El ANMEB ofreció a los trabajadores de la educación homologar salarialmente, en un plazo de 12 meses, a quienes provienen del sistema federal y a quienes laboran para el gobierno estatal.

Por supuesto, eso no sucedió. Por el contrario, las diferencias de prestaciones entre los mentores del paí­s, dentro del mismo estado y fuera de él, han aumentado dramáticamente. Los aguinaldos de los maestros varí­an de entidad en entidad, lo mismo que las primas vacacionales. Los profesores de Chiapas, por ejemplo, pertenecen a una zona económica en la que tienen derecho a un sobresueldo mayor al que disfrutan en Oaxaca, aunque el costo de vida en ambas entidades sea similar. Las protestas de la disidencia magisterial tienen origen, en parte, en este desbarajuste. Sus demandas no son resueltas ni por los estados ni por la Federación.

El acuerdo obliga a los gobiernos estatales a una doble negociación con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, otorgando tanto las prestaciones acordadas por las instancias nacionales del gremio cada 15 de mayo como las concesiones obtenidas por las secciones estatales. Con frecuencia las entidades se han quedado sin fondos para atender los compromisos laborales con el magisterio, al punto de declararse, como ha llegado a suceder en Guerrero, en quiebra técnica.

Curiosamente, a 14 años de su aprobación, la descentralización educativa no ha culminado. Los estados no parecen estar muy interesados en culminar los aspectos que quedan pendientes.

Zacatecas muestra que el ANMEB es un fracaso y la decisión de regresar el sistema educativo a la Federación es una bomba. Pero no es el único ejercicio descentralizador equí­voco. En estas mismas páginas, Gustavo Leal ha documentado el poco éxito que ha tenido la descentralización de la salud. Ambos descalabros son la evidencia de que muchas de nuestras instituciones -no sólo las electorales- no funcionan, no son sustentables. En esta disfuncionalidad está la clave que explica una parte del creciente descontento social que vive nuestro paí­s. Reinventar esas instituciones no es un absurdo, sino una necesidad.