gerardo albarrán de alba *
Proceso

México, D.F., 19 de noviembre (apro).- Este lunes 20 de noviembre, el paí­s tendrá tres presidentes: el constitucional, presuntamente en funciones, aunque haya bajado la cortina y aproveche su tiempo en decir y todaví­a hacer tonterí­as; el formalmente electo, con una carga de ilegitimidad no vista desde 1988, y el que se autoproclamará ese dí­a como el realmente legí­timo

Andrés Manuel López Obrador (el presidente legí­timo) cerrará así­ el largo proceso de crisis poselectoral con un acto público en el que reivindicará su derecho a ejercer la resistencia a la administración de Felipe Calderón (el presidente electo), quien menos de dos semanas después, el 1 de diciembre deberí­a recibir la banda presidencial de manos del presidente del Congreso, luego que Vicente Fox (el presidente disfuncional) se despoje de ella, cumpliendo así­ el ritual polí­tico de transmisión de poderes.

Sobra repetir aquí­ que López Obrador no contará con ninguna atribución legal ni administrativa para ejercer un cargo que obviamente no existe, pero sí­ cabe recordar que tendrá la autoridad moral que le dan los 15 millones de votos recibidos el 2 de julio para defender un proyecto de nación que fue impedido a llegar al poder no sólo mediante el sufragio de otro tanto de la ciudadaní­a, sino mediante el uso indiscriminado de recursos públicos desde el Ejecutivo, vací­os jurí­dicos que alentaron una ofensiva concertada entre gobierno y empresarios, la parcialidad de las autoridades electorales a favor de un partido y su candidato, y las triquiñuelas legaloides en la instancia de apelación institucional que sin rubor alguno dio fe del cúmulo de irregularidades registradas antes y durante los comicios federales, pero prefirió avalar un resultado controvertible antes que encontrar una fórmula que permitiera despejar cualquier asomo de duda. Podrí­a alegarse que Felipe Calderón cuenta con la misma catadura moral para ejercer el poder que le fue entregado por una diferencia a favor de poco más de 200 mil votos, pero es precisamente todo lo anterior lo que merma su legitimidad y le da un peso distinto al aval ciudadano recibido en las urnas.

Lo que a partir de este 20 de noviembre estará abiertamente enfrentado no es un paí­s de pobres contra un puñado de ricos por más que en los hechos estos últimos operen en esa lógica hacia los primeros , sino algo más de fondo: se trata de la defensa del derecho a un contrato social que recupere los derechos del pueblo frente al autoritarismo y enajenación del poder en manos de un grupo privilegiado que se ha apropiado del presente y del futuro de todos.

Felipe Calderón vivirá en Los Pinos y desde ahí­ intentará despachar como presidente, eso es algo que ni la anunciada amenaza de impedir su toma de posesión impedir Pero de eso a gobernar este paí­s hay un largo trecho por el que no podrá transitar ya no digamos sin el acompañamiento de dos terceras partes de la ciudadaní­a que no votó por él, sino que deberá empeñar el esfuerzo inicial de su gestión en impulsar y consensuar las reformas de Estado pospuestas por la administración foxista que permitan construir el entramado jurí­dico y polí­tico de una democracia incluyente.

Para eso estará López Obrador, con su gabinete alterno y su brazo institucional autónomo (el Frente Amplio Progresista, integrado por PRD, PT y Convergencia), para ejercer la resistencia crí­tica, activa y pací­fica en los asuntos torales de la nación mediante una red nacional de activistas dispuesta a movilizarse por todo el paí­s cuando la defensa de los intereses de la mayorí­a lo exija. Eso es lo que ser oposición significa y requiere. Calderón no tendrá mucho espacio de maniobra ni tiempo para demostrar que a diferencia de su antecesor él sí­ entiende lo que significa y se necesita en este paí­s para ser gobierno, y lo pone en práctica, o se pliega a los intereses que lo instalaron ahí­ para que nada cambie.