El Financiero Impreso

José Reveles
Jueves, 7 de diciembre de 2006

CONTEXTO.

Juntos, policí­as federales y estatales, con armas largas, se han dedicado en los últimos dí­as a patrullar, en vehí­culos con y sin placas, las calles de Oaxaca y capturar a cualquier ciudadano "sospechoso" de ser opositor.

Los levantados de esa manera, a cualquier hora del dí­a o de la noche, "suman ya cientos", un número aún no determinado pues se les secuestra y se les incomunica en separos policiacos o en penales, denunció Jesús Ortega Martí­nez, en representación del Frente Amplio Progresista, al anunciar una movilización nacional para liberar a esos presos de conciencia, restaurar el Estado de derecho en Oaxaca y empujar la salida del gobernador Ulises Ruiz.

Hombres, mujeres, ancianos y menores de edad están en situación de indefensión total, pues no se permite a familiares y abogados entrevistarse con ellos.

Tampoco se franqueó el acceso de defensores de derechos humanos a las cárceles de Nayarit, Estado de México, Veracruz, Puebla, Tamaulipas y Oaxaca, donde están recluidos, afirmó por su parte el senador nayarita Francisco Javier Castellón Fonseca.

Hay más de 140 presuntos integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) recluidos en el Cefereso número 4 de El Rincón, en Nayarit; 20 más fueron llevados al penal de máxima seguridad de Puente Grande, en Jalisco; el dirigente Flavio Sosa fue remitido a La Palma, en Almoloya.

Los detenidos por policí­as federales preventivos, elementos de seguridad pública de Oaxaca y agentes ministeriales estatales fueron confinados "en mazmorras clandestinas; en esas condiciones de aislamiento las mujeres fueron manoseadas y golpeadas a gusto de las policí­as; los varones sufrieron salvajes torturas y vejaciones", expresó a su vez la red de organizaciones civiles de Oaxaca.

Jesús Ortega, acompañado del dirigente perredista José Guadalupe Acosta Naranjo, así­ como por el exdiputado Jesús González Schmall y otros integrantes del FAP, anunció que pugnarán en el Senado para reabrir el debate sobre la desaparición de poderes en Oaxaca, cuya propuesta momentáneamente se archivó.

Además, en la Cámara de Diputados se promoverá nuevamente interponer juicio polí­tico en contra de Ulises Ruiz, y ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación se exigirá atracción del caso Oaxaca porque, como lo ordena la Constitución, puede intervenir cuando hay graves violaciones a los derechos humanos.