Las universidades públicas
Submitted by nadezhda on Lun, 12/11/2006 - 19:19
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Por: Benito Nacif
Es una provocación [...] un llamado a los universitarios a levantarnos, y lo haremos si no tenemos un aumento aceptableá
Es una provocación [...] un llamado a los universitarios a levantarnos, y lo haremos si no tenemos un aumento aceptable Así calificó Alfredo Femat Bolaños, rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), la reducción del subsidio federal a las universidades públicas de todo el país. El recorte viene incluido en el proyecto de Presupuesto que el presidente Felipe Calderón envió al Congreso. Al parecer, 2007 será un año de vacas flacas para el gobierno federal.
La bonanza petrolera de los últimos años parece estar entrando a una fase de agotamiento. Los analistas anticipan una caída de los precios del petróleo para 2007. Las finanzas del gobierno mexicano dependen en buena medida de las ventas de crudo en el mercado internacional. La reducción de los ingresos públicos obligará a un ajuste presupuestal de 110 mil millones de pesos aproximadamente. Distribuir el recorte será la primera batalla política del nuevo gobierno de Felipe Calderón.
Ha sido inmediata la reacción de las universidades públicas. El rector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente, fue el primero en alzar la voz para defender su presupuesto. Las universidades estatales también han salido a dar la pelea. El radicalismo de sus protestas está directamente relacionado con la gravedad de su situación financiera y las deficiencias de su administración.
La UAZ es un caso extremo que ilustra bien el desastre prevaleciente en un buen número de universidades públicas. Adoptó hace algún tiempo el modelo de universidad puebloá; el mismo que los grupos radicales han luchado por imponer en la UNAM desde hace algún tiempo. Femat Bolaños –junto con los otros directivos de la UAZ– le debe su cargo a estudiantes, trabajadores y académicos que votaron por él. Representa a una serie de grupos de interés que viven del Presupuesto federal y luchan por agrandarlo. Si las cosas salen mal es porque no hay recursos suficientes; si salen bien, hay que premiarlos con más presupuesto.
Pero desde hace un tiempo las cosas han salido bastante mal. A pesar de que las transferencias del gobierno federal han crecido en los últimos años, la UAZ se encuentra virtualmente quebrada. El rector ha dicho que enfrentan la crisis más severa en la universidad en los últimos 30 años Está ahogada en deudas. Su problema financiero más grave son los pasivos laborales acumulados –las pensiones de los trabajadores jubilados y, sobre todo, de quienes están por llegar a la jubilación–. Le debe al ISSSTE y a Hacienda.
Hasta hace unas semanas, no tenía con qué pagar salarios y aguinaldos.
Si fuera una empresa, se encontraría en fase de liquidación. Si se tratara de una institución privada de beneficencia, estaría apretándose fuertemente el cinturón para asegurar su supervivencia. Pero es una universidad pública y se encuentra desarrollando el proyecto Ciudad Universitaria Siglo XXI, el cual, según el rector, no se detendrá a pesar de la difícil situación financiera. Ante la sugerencia de incrementar las cuotas de 450 pesos que actualmente pagan los estudiantes por su educación, la respuesta es un rechazo sin matices.
Por ningún motivo la UAZ recurrirá a un aumento de colegiaturas para aliviar sus problemasá, declaró el rector. En su lugar, propone una marcha al DF con el fin de exigir más recursos al gobierno federal.
La educación superior constituye uno de los más complicados acertijos para el gobierno de Felipe Calderón. Por un lado, es cierto que México necesita invertir en capital humano.
Para incrementar la competitividad de la economía a largo plazo, hace falta producir más técnicos, profesionistas y científicos. Sin embargo, el gasto público en educación superior es sumamente regresivo –beneficia desproporcionadamente a los más ricos–.
De acuerdo con un estudio realizado por John Scott, profesor-investigador del CIDE, de cada 100 pesos que el gobierno gasta en educación superior, 58 son para 20% de los mexicanos con mayores ingresos. Los 42 pesos restantes se distribuyen entre 80% de la población. ¿Qué pasa con los más pobres?: 20% con menores ingresos recibe tan sólo siete de cada 100 pesos que el gobierno gasta en educación superior.
La solución al problema pasa por sustituir subsidios generalizados por programas focalizados. Ello significa, por una parte, cobrar colegiaturas a quienes puedan pagarlas o incluso hacer préstamos que las universidades podrían recuperar cuando sus egresados obtengan empleo. El gobierno, por otro lado, tendría que invertir mucho más para que las familias pobres logren beneficiarse de los programas públicos de educación superior.
Si una persona pobre tuviera un solo deseo que pedir al gobierno, sería educación. Ningún bien tiene mayor impacto en su ingreso futuro. Sin embargo, dada la forma en que se distribuye el gasto educativo, ser pobre en México es el peor de los negocios. Y las universidades públicas, empecinadas en mantener los privilegios de sus actuales clientelas, son en parte responsables de que siga sucediendo así.