Frenar los asesinatos contra periodistas, piden éstos a Calderón
Submitted by nadezhda on Mar, 12/12/2006 - 07:40
México, D.F., 11 de diciembre (apro-cimac).- Tras afirmar que México se ha convertido en el lugar más peligroso para ejercer el periodismo, después de Irak, trabajadores de diversos medios de comunicación demandaron hoy al presidente Felipe Calderón terminar con la impunidad y frenar los asesinatos contra periodistas, que en 2006 suman ocho, casi uno por mes.
En el monumento a Francisco Zarco, integrantes de la Red Mexicana de Protección a Periodistas, del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa y del Centro Nacional de Comunicación Social, entre otros, se pronunciaron porque en México se garantice la libertad de expresión y se castigue a los responsables de los asesinatos contra periodistas.
Por ello, pidieron a Calderón otorgar a la Fiscalía Especial para Periodistas las facultades y recursos suficientes para que pueda investigar las agresiones, desapariciones y asesinatos de periodistas.
Y es que, durante la administración de Vicente Fox, se registraron 28 asesinatos a periodistas, 590 agresiones y 43 detenciones.
Balbina Flores, integrante de una de las organizaciones que convocaron a la manifestación, este fue uno de los años más difíciles para las y los periodistas, debido a que se registraron ocho asesinatos y tres desapariciones, lo que equivale a casi un asesinato por mes.
El más reciente se registró hace tres días: el periodista Raúl Marcial Pérez, del periódico El Gráfico, de Oaxaca, fue encontrado sin vida con más de 10 balazos, en el municipio de Santiago Juxtlahuaca, en la región mixteca de Oaxaca.
Hasta ahora, denunciaron, el 95 por ciento de las investigaciones sobre los asesinatos está en manos de los gobiernos locales, no en el ámbito federal.
Afirmaron que la autocensura y censura son otras formas de coartar la libertad de expresión que no caben en gobiernos democráticos, como el que se presume en el país, ya que "se supone que, a mayor democracia, mayor libertad de expresión. No obstante, los retrocesos son graves en este tem
Como ejemplo, Flores señaló que los casos de los periodistas José Gutiérrez Vivó y Ricardo Rocha, cuyos programas salieron del aire recientemente, son los ejemplos más claros y lamentables de lo que se puede hacer desde "arriba" contra los periodistas que dicen lo que piensan.
Flores añadió que se espera que, el año próximo, el relator para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Ignacio Álvarez, visite México para ver en qué condiciones trabajan las y los periodistas, así como lo relativo a la censura y autocensura y las limitaciones a la libertad de expresión que prevalecen en el país.
La concentración de hoy se realizó en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos y debido a la falta de resultados del sexenio foxista y a su poco compromiso para proteger la vida de periodistas.
Dos fueron los casos más representativos durante este año, bajo la administración de Fox, en los que se atentó contra la libertad de expresión.
El primero fue el de la periodista Lydia Cacho, autora del libro Los demonios del Edén, en el que se denuncia una red de pederastia en la que empresarios y políticos estaban involucrados, por lo que fue detenida y ahora enfrenta un juicio.
El segundo fue el de la argentina Olga Wornat y la revista Proceso. Wornat, por su publicación "Crónicas Malditas", donde narra los abusos cometidos por los hijos de Martha Sahagún y su supuesto enriquecimiento ilícito, lo que le valió a Wornat una demanda de la entonces primera dama, por calumnias, juicio que permanece en los tribunales federales.
La delincuencia organizada, la mayor amenaza
En su Declaración contra la violencia a periodistas y por la plena libertad de expresión en Méxicoá, integrantes de la Red Mexicana de Protección a Periodistas, el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa y el Centro Nacional de Comunicación Social, afirman que la libertad de expresión y el derecho de la sociedad a estar informada, enfrentan hoy una de las más graves escaladas de violencia en México,
En el documento, dirigido a Calderón Hinojosa, así como a las y los legisladores federales y estatales; al secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña; gobernadores y a la sociedad en general, indican que, en 2006, han ocurrido ocho crímenes que han convertido a México en el país con más asesinatos en el hemisferio y segundo en el mundo después de Irak.
Señalan que la amenaza más grave hoy en contra de la libertad de expresión en México, proviene de la delincuencia organizada y las estructuras políticas que son cómplices, sin que las autoridades hayan sido eficaces para contrarrestar la amenaza que se ha extendido desde el norte del país hacia otros estados.
Añaden que los asesinatos e intimidaciones de poderes públicos y fácticos en diversas zonas del país, desafían hoy toda noción de autoridad, logrando el control a través de la amenaza, los golpes, los ataques a instalaciones y el crimen, provocando que cada día más medios de comunicación adopten la autocensura como una forma legítima de preservar la seguridad
En este sentido, el documento afirma que estos hechos significan un gravísimo atentado en contra de la sociedad, que se ve lesionada en su derecho a estar informada.
Por si fuera poco, en diversos estados persiste aún el control sobre medios de información y comunicadores, lo que frena los avances democráticos, dice.
Demandan que se otorguen garantías a la libertad de expresión y castigo ejemplar para los crímenes y agresiones contra periodistas para que no sea la impunidad la que aliente nuevos crímenes.
Además, exigen que las investigaciones que determinan las causas del asesinato se conduzcan de manera profesional e imparcial, y que con rigor se investigue si las causas están vinculadas a la labor periodística de la víctima.
En su declaración, las y los trabajadores de los medios de comunicación condenan toda forma de censura, sea explícita o sobreentendida, de carácter político o partidista, criminal, corporativa, de grupos civiles o individuos. Y denuncian que la publicidad sigue siendo utilizada por los funcionarios públicos de manera discrecional para castigar a los medios de comunicación que no son afines a sus decisiones.
"Exigimos que la difamación no sea sancionada penalmente, sino por la vía civil, en consonancia con la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que establece que la reputación debe estar protegida por las leyes civiles", exponen.
Por ello "condenamos como violatorias de la libertad de expresión las leyes que endurecen las sanciones por estos delitos y que son utilizadas como forma de intimidación", puntualizan.
Es en este contexto, demandan se acaten las leyes que protegen el secreto profesional del periodista y cesen los requerimientos judiciales para que los periodistas revelen sus fuentes, lo que, afirman, pone en riesgo la vida no sólo de los comunicadores, sino también de sus fuentes de información.
Exhortan a los gobiernos estatales a que adopten los criterios mínimos de acceso a la información para que no quede al arbitrio de grupos de poder qué información es pública y cuál no.
"Los periodistas mexicanos reconocemos que la corrupción que ha asolado al país por décadas se encuentra también en el medio periodístico y que sería incongruente demandar castigo a las agresiones contra periodistas sin aceptar el mismo rigor contra los periodistas que violen la leyá, señalan.
Es por ello que "reprobamos las conductas de periodistas que, abusando de su posición, obtienen beneficios ilegítimos y actúan de manera dolosa en el manejo de la información aun cuando no existan leyes que sancionen esas conductas.
Las y los periodistas mexicanos asumimos un compromiso con un periodismo ético y riguroso, que cumpla con altos estándares de calidad y respete los derechos humanos y legales de todos los involucrados en las informaciones periodísticasá, apunta el texto.
"Demandamos respeto a la dignidad profesional de los periodistas y salarios acordes, que no impliquen trabajos ajenos a la labor periodística, como, por ejemplo, la venta de publicidad y la obligación de escribir noticias que sean ajenas a la realidad, en detrimento del interés público".
Finaliza: "Pedimos que los congresos federal y estatales reconozcan la cláusula de conciencia, que en la práctica es un respeto a los derechos humanos de los periodistas".