Sociólogos afirman que quedó "abierta la guerra" entre grupos polí­ticos, tanto de la APPO como de la sección 22

Jorge Octavio Ochoa
El Universal
Miércoles 13 de diciembre de 2006

OAXACA, Oax.- Los sociólogos Samael Hernández y Gloria Zafra advirtieron que el conflicto en esa entidad dista mucho de haberse resuelto, pues además de las acciones que deberá implementar el Estado para restañar heridas, dentro de la propia APPO y de la sección 22 podrí­a venirse un "ajuste de cuentas" entre grupos que se disputan el poder.

En la sección 22 del SNTE el año próximo habrá elecciones para renovar al comité directivo, pero existen versiones de que Enrique Rueda Pacheco pretende dimitir antes de que termine el año, lo cual acelerarí­a las pugnas internas entre las corrientes de dicha sección.

Todo ello, sin contar la inminente aparición a la luz pública de la nueva sección 59 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), que estará integrada por los miembros del Consejo Central de Lucha (CCL), ala opositora de la sección 22 y uno de cuyos lí­deres, René Calvo Aragón, fue asesinado durante los dí­as de conflicto.

Así­, en opinión de ambos sociólogos, en Oaxaca "quedó abierta la guerra" entre grupos polí­ticos tanto de la APPO como de la sección 22, así­ como de prií­stas y ex prií­stas que podrí­a traducirse en una serie de hechos, incluso más violentos que los que se vivieron durante estos últimos seis meses.

A su vez, el consultor jurí­dico Alberto Zékely advirtió que "nadie se puede creer eso de que aquí­ no pasó nada"; aquí­ hay un problema de legalidad. "La ley se ha convertido en parte central de por qué sociedades como la que hay en esta entidad no pueden avanzar hacia estados auténticos de democratización.

"Algo está muy mal con la ley, llegamos a esta situación y no hay nadie a quién hacer responsable".

Gloria Zafra, ex directora del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), advierte que la situación es compleja y delicada para la entidad, pues el conflicto ha dejado fracturas en la sociedad que llegan a la confrontación de pueblos contra maestros y todo un ambiente de persecución.

Hay además, dijo, toda una estructura de "vigilantes" dentro del sindicato del magisterio que, a través de premios y castigos, regulan la participación de los maestros en las marchas y plantones, con sanciones draconianas toleradas en estatutos.

El premio nacional de Educación 1984, Samael Hernández, advirtió que una gran gama de grupos se vincularon al movimiento de la APPO, que van desde ex prií­stas que aprovecharon esta situación.

Grupos también con demandas reales, y algunos otros que plantearon siempre una diferencia polí­tica con el gobierno, como los de la Sierra Norte.

"También hubo grupos armados que, bajo su propia lógica, manifestaron su apoyo a esta organización y el denominador común es que todos le sacaron provecho a esta participación. Aquí­ la pregunta es: ¿y la gente del pueblo qué provecho le sacó? Entonces, lo difí­cil es que en esa variedad de intereses, esa unidad se mantenga".

Ya algunas organizaciones, indicó, se han deslindado de la APPO y han manifestado como una razón importante esa carencia de plataforma que contenga demandas populares. El de la APPO, dijo, fue un movimiento "que se desbocó, que no tuvo una dirección polí­tica, sino muchas directrices polí­ticas, y eso le generó un vací­o de dirección".

Gloria Zafra advirtió además que al gobierno federal es a quien corresponde el apoyo o no apoyo, las alzas salariales, las revisiones y supervisiones a la parte educativa.

"El gobierno federal pecó de omisión y dejó que los gobiernos estatales cultivaran este trato. El gobierno estatal tampoco debió aceptar nunca, en estricto apego a lo laboral, dar un apoyo o subsidio del presupuesto estatal, porque no le correspondí­a".

No era el gobierno estatal, sino el federal quien debió responder desde el principio las demandas de rezonificación y de demandas salariales. Ahora, el conflicto sigue latente y con una serie de compromisos que el gobierno federal y el estatal tendrán que resolver tarde o temprano, advirtieron.