De la Jornada en lí­nea del 14 de diciembre de 2006.
http://www.jornada.unam.mx/2006/12/14/
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* Retroceso de más de tres décadas en respeto a garantí­as individuales: Miguel Concha

* En Oaxaca vimos escenas propias del Chile de Pinochet, afirma Rafael Reygadas

EMIR OLIVARES , LAURA POY

El padre Miguel Concha, en imagen de archivo Foto: Luis Humberto González

Sólo en la época de Porfirio Dí­az se llegó a excesos y violaciones en materia de derechos humanos como las que vive el paí­s actualmente, pues tan sólo en el caso de Oaxaca los abusos se han convertido en un escándalo que no podemos callar, aseguró Miguel Concha Malo, director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, y agregó que en México se vive un retroceso de más de tres décadas en el respeto a las garantí­as individuales.

En conferencia de prensa en la que se dio a conocer la Agenda Pública Ciudadana de Derechos Humanos, impulsada por 24 organizaciones no gubernamentales, agregó que en Oaxaca se están comprometiendo "gravemente" las garantí­as individuales fundamentales, porque se apoyan prácticas que no se hací­an desde los tiempos de Porfirio Dí­az, en particular cuando se traslada a los detenidos sin ninguna orden a otro penal para "hacer aún más difí­cil la visita de sus familiares, a quienes se les piden requisitos excesivos e inhumanos".

Defensores y activistas señalaron que la agenda establece las acciones urgentes que la administración federal deberá atender, como las reformas al sistema de justicia, esclarecimiento de los crí­menes del pasado, atención a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA); mayor equidad de género, promoción de las garantí­as de la infancia, de los pueblos indí­genas, de los migrantes y de salud sexual y reproductiva.

Rafael Reygadas, de Alianza Cí­vica, afirmó que tras el operativo policiaco de los pasados 25 y 26 de noviembre en la capital oaxaqueña, "vimos imágenes en las que no sabí­amos si era el México actual o el Chile de (Augusto) Pinochet".

Al presidente Felipe Calderón, insistió, le deberí­a preocupar mucho distinguir entre mano dura y uso delincuencial de la fuerza pública. "No podemos aceptar que a las mujeres detenidas se les haya paseado desnudas en helicópteros con amenazas de ser arrojadas, porque era lo mismo que hací­an los esbirros de Pinochet en 1973".

Si no se distinguen las acciones delincuenciales del cumplimiento estricto de la ley, aseguró, "dentro de 30 años vamos a estar recordando estos dí­as en México, como se recordó a Pinochet en Chile, porque no es posible ejercer el derecho violando las leyes, así­ sea el Estado".

Concha Malo agregó que se habla mucho de respeto al estado de derecho, "pero las autoridades son las primeras en violarlo, porque es evidente que no se puede hacer justicia violando los derechos humanos, y ante estas acciones nos queda claro que se trata de una falta de voluntad polí­tica de observar el estado de derecho".

La agenda, resultado de reuniones y encuentros con candidatos a cargos legislativos y aspirantes a la Presidencia de la República, a las que no asistieron Felipe Calderón ni Roberto Madrazo, tiene como uno de sus objetivos impulsar su discusión en el debate polí­tico con el fin de consolidar acciones de gobierno y polí­ticas públicas acordes con los compromisos en materia de derechos humanos.

En torno a la reforma al sistema de justicia penal, las organizaciones sociales proponen que este rubro "debe democratizarse" de modo que se asegure el acceso equitativo a la justicia de todos los implicados: ví­ctimas e imputados. Por lo anterior deben eliminarse las atribuciones injustificadas de los fiscales, dar poder a las ví­ctimas y permitir de manera efectiva la paridad de recursos al imputado para su defensa.

Preguntas sin responder

"El Estado mexicano cuenta con una larga lista de preguntas sin responder respecto de los delitos cometidos durante el periodo conocido como guerra sucia", por lo que es necesario que el Ejecutivo federal, mediante la Femospp, implemente mecanismos suficientes que permitan llevar a cabo una investigación eficaz, y en consecuencia, la consignación ante autoridades judiciales de los responsables de esos ilí­citos de lesa humanidad. Así­ como el fortalecimiento del comité ciudadano y la propia fiscalí­a especial en beneficio de las ví­ctimas de esos ilí­citos, así­ como de sus familiares.

Sobre los cambios a nivel legislativo que deben presentarse en materia de DESCA, proponen que en el rubro de la educación se respete y garantice el compromiso que el Estado mexicano ha asumido a escala internacional y asignar ocho por ciento del PIB para ese ramo, y sobre todo destinar parte de esos recursos para mejorar la infraestructura. En ese mismo tema, proponen a los legisladores que promuevan leyes en favor de programas de estudio que fomenten el pensamiento crí­tico y reflexivo de los estudiantes.

Asimismo proponen legislar para garantizar alimentación, mejor medio ambiente, acceso al derecho a la vivienda, desarrollo laboral con salarios remunerados y salud.

En materia de derechos de la infancia, el informe detalla que tanto candidatos al Poder Ejecutivo como al Legislativo escucharon de parte de las ONG que es necesario reformar el artí­culo cuarto constitucional con objeto de que se desarrolle un organismo autónomo que funja como el Instituto Nacional de la Infancia, además de que se agregue a la Constitución el concepto "interés superior del niño" para beneficiar los derechos de ese sector poblacional garantizándolos a partir de la tutela de la sociedad en su conjunto.

Propuestas de equidad de género

En torno a la equidad de género se propone normar este tema para garantizar que el Estado mexicano cumpla con sus compromisos internacionales al armonizar la legislación en los ámbitos federal y local con los acuerdos internacionales; y sobre todo, exigieron la aprobación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

En derechos sexuales y reproductivos propusieron a los actuales legisladores elaborar una ley en favor de esas garantí­as para los jóvenes, que se promulgue una norma que permita la atención sobre salud sexual y reproductiva, que se cree la Procuradurí­a de las Garantí­as Sexuales y Reproductivas, y que se modifique el artí­culo cuarto constitucional cambiando el término "familia" por el de "familias", para incluir la diversidad familiar que existe en México.

También es necesario reabrir el debate sobre la reforma constitucional en materia indí­gena con la finalidad de que los derechos para ese sector de la población se establezcan claramente; garantizar el cumplimiento del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, relativo a los pueblos indí­genas, y promulgar leyes de amnistí­a a nivel federal en beneficio de presos y perseguidos indí­genas por actividades polí­ticas o sociales.

En torno a la problemática de migración se propone que se armonice la legislación de migración, asilo y trato de personas conforme a los estándares internacionales de derechos humanos ratificados por México, poniendo especial énfasis en mujeres, niños, niñas y adolescentes.

En su momento a las reuniones convocadas por las ONG asistieron los ex candidatos presidenciales de la coalición Por el Bien de Todos, Andrés Manuel López Obrador; de Alternativa Socialdemócrata, Patricia Mercado, y de Nueva Alianza, Roberto Campa. Por parte de los aspirantes al Senado o San Lázaro asistieron, por el Panal, Ví­ctor Manuel Estrada y Eynar de los Cobos; por el PAN, Salvador Abascal y Federico Dí¶ring; Angélica Luna Parra por el PRI; Pablo Gómez, de la coalición Por el Bien de Todos, y por Alternativa Socialdemócrata, Jesús Robles.