diciembre 2006
Fernando Mejí­a Barquera
Etcétera

La "toma" de estaciones de radio y la instalación de emisoras "piratas" será en el próximo sexenio un asunto de primera importancia dentro de la problemática radiofónica en México. Sobre todo si en el gobierno de Felipe Calderón prevalece la limitada visión que acerca de los medios electrónicos han tenido tanto los regí­menes priistas como el de Vicente Fox: considerarlos una industria a cuyos empresarios deben dárseles todo tipo de facilidades (incluso la de permitirles que buena parte del marco jurí­dico sobre la materia lo hagan y modifiquen a su conveniencia) a cambio de que radio y televisión mantengan una postura acrí­tica o de crí­tica moderada en relación con el gobierno.

"Tomadas" y "piratas"

La estrecha visión que los gobiernos mexicanos han tenido respecto de la radio y la TV les ha impedido percibir la importancia que tendrí­a para el paí­s estimular las posibilidades de expresión de grupos sociales a través del otorgamiento de permisos para operar frecuencias. Hay cada vez más grupos que quieren expresarse a través de los medios y al no encontrar los canales adecuados optan por "tomar" emisoras o instalar estaciones sin permiso, en acciones que, evidentemente, violan la legalidad.

El conflicto en Oaxaca ha mostrado la magnitud que puede alcanzar este problema si el gobierno decide no abrir espacios para la expresión de más sectores sociales e insiste en mantener a la radio y la TV como patrimonio de un reducido grupo de industriales y del gobierno: 13 radiodifusoras comerciales, dos gubernamentales y una universitaria "tomadas", y una emisora "pirata" instalada y financiada por empresarios afines al PRI y al PAN para hacer contrapeso propagandí­stico a la APPO (Radio Ciudadana, 99.1 de FM), puesta a transmitir el 26 de octubre y cuya creación, según reconoció la empresaria oaxaqueña Rebeca Cervantes, "fue acordada durante una reunión que sostuvieron diversos integrantes de las cámaras empresariales de la localidad desesperados con la situación que padece la entidad" (Milenio Diario, 11 de noviembre, p. 7).

"A besos, no"

No se sabe aún si el problema de las radiodifusoras "tomadas" y de las estaciones "piratas" vaya a ser considerado por Felipe Calderón y sus asesores exclusivamente como un asunto relacionado con la "seguridad nacional" (y susceptible, por lo tanto, de ser "resuelto" con acciones policiacas o militares), o si tendrán un poco de sensibilidad polí­tica para vincularlo con la democracia y la libertad de expresión. Limitar la acción gubernamental a desalojar estaciones tomadas y a "asegurar" estaciones "piratas", o elaborar un programa de otorgamiento de frecuencias para la expresión de grupos sociales. He ahí­ el reto para Calderón.

Ya hay empresarios radiofónicos que se inclinan por la primera opción; por ejemplo, el ex senador priista José Bonilla, concesionario de estaciones en Zacatecas, quien hizo la siguiente declaración durante una reunión de afiliados a la CIRT con el secretario de Gobernación: "Vamos a buscar la manera de defendernos y desactivar técnicamente los transmisores; de tener algunas señales para obstruir a estaciones que en forma pirata se instalan en diferentes estados... Ha faltado autoridad en muchos momentos. No creo que vándalos, delincuentes o agitadores tengan que ser tratados a besos, tienen que ser tratados con el rigor que la ley marca" (La Jornada, 11 de noviembre).

Pero también hay posturas diferentes al interior de la CIRT. El 31 de octubre, el vicepresidente de esa organización, Javier Tejado Dondé, escribió en el diario Reforma un texto sorprendente: "A todas luces es condenable el uso de las estaciones de radio para incitar a la violencia entre mexicanos, (pero) la solución a estos problemas no sólo debe ser el uso de la fuerza pública. También hay que abrir nuevos espacios de comunicación a grupos de distintas filiaciones sociales y partidistas, que sean socialmente responsables. A éstos, con el marco simplificado y preciso que prevé la nueva ley de radio y televisión, hay que entregarles frecuencias permisionadas de radio y televisión para que sus expresiones puedan ser manifestadas y escuchadas dentro de los cauces institucionales".

¡órale! La proposición de Tejado Dondé no es nueva, por supuesto. La han formulado reiteradamente, desde hace muchos años, académicos, partidos de oposición y organizaciones sociales diversas a quienes el gobierno siempre ha mandado por un tubo. A la CIRT, en cambio, quienes están en el poder suelen hacerle caso. ésa es la importancia de que Tejado haya expuesto ese planteamiento. ¿Se atreverá la CIRT a hacerlo postura oficial?