De la jornada del 27 de enero de 2007

Hace unos pocos dí­as el secretario de Gobernación, Francisco Ramí­rez Acuña, en una declaración hecha a los medios, repitió un mensaje que de manera constante ha emitido el presidente Calderón: "Se aplicará la ley y la mano firme en todo el sexenio".

Este mensaje ha sido parte central del montaje mediático que ha promovido el nuevo gobierno; a menos de dos meses de haber tomado posesión, son numerosas las imágenes televisivas donde Felipe Calderón aparece rodeado de militares y marinos. En un mensaje claro y directo a la ciudadaní­a, funda su legitimidad en el presunto respaldo de las fuerzas armadas; a falta de legitimidad democrática, la violencia institucional y la fuerza del Estado son hasta ahora su principal soporte.

Costosos y poco efectivos han sido los operativos policiacos que han tenido lugar en Tijuana, Michoacán y Guerrero; los resultados obtenidos hasta ahora no son tan vistosos como lo ha sido el desplazamiento de miles de policí­as y soldados. Es claro que más que efectividad se está buscando proyectar una imagen de fuerza y de contundencia.

Sin embargo, ahora que la Comisión Civil Internacional de Observación de Derechos Humanos concluyó la primera etapa de su investigación sobre las graves violaciones a los derechos humanos de cientos de ciudadanos oaxaqueños, y que como resultado de la misma se demuestra que los responsables de delitos de lesa humanidad son los mismos funcionarios federales y estatales, la mano firme y el estado de derecho se desvanecen sospechosamente.

Otros organismos nacionales e internacionales de sobrada solvencia han expresado su preocupación por las graves violaciones a los derechos de la población, las cuales han ocurrido a lo largo del segundo semestre de 2006, y que ahora que comienza 2007 se han seguido presentando en Oaxaca.

Apenas han transcurrido tres semanas del nuevo año y ya se han practicado más de 20 detenciones arbitrarias y se ha impedido de manera violenta la realización de actos públicos garantizados por la Constitución federal. En Oaxaca, las autoridades locales siguen violando los derechos constitucionales y mantienen un estado de excepción que cancela los mismos y ello es delito.

En Oaxaca se han cometido y se siguen cometiendo todo tipo de arbitrariedades y atropellos, tales como asesinatos, desapariciones forzadas, secuestros y detenciones arbitrarias, lesiones, allanamientos de domicilio, y otros muchos actos de brutalidad gubernamental. Ninguno de estos hechos, que dañaron y que siguen dañando fí­sica y sicológicamente a miles de ciudadanos y que fueron realizados de manera indiscriminada, hasta ahora ha sido castigado. Y ello también se configura como delito, y como un acto de omisión de la ley.

Estos recientes atropellos, ocurridos ya bajo su sexenio, señor Calderón, violentan la ley, la trasgreden; ¿su mano firme y su respeto al estado de derecho serán aplicados para sancionar a los responsables de los mismos?

¿O su mano firme sólo servirá para perseguir a ciudadanos que reclaman sus derechos; para reprimir aquellos que han dicho basta a los atropellos de los grupos caciquiles que se han apoderado del gobierno en Oaxaca?

Cuando habla usted, señor Presidente, de aplicar la ley sin excepción, ¿ello incluye a los funcionarios de su gobierno relacionados con graves atropellos cometidos en Guadalajara, Querétaro, Atenco, Lázaro Cárdenas o Oaxaca?

Hasta ahora los hechos revelan que el mensaje gubernamental sólo es demagogia autoritaria, ya que no se percibe la más mí­nima voluntad de hacer valer el estado de derecho, el cual tiene como principio el que todos, todos sin excepción, respetemos las normas y preceptos legales, y por lo visto la única voluntad gubernamental que existe es la de brindar impunidad a los responsables de los crí­menes cometidos en contra de inermes ciudadanos mexicanos. Este, precisamente, es el "estado de derecho" de la derecha.