John M. Ackerman: ¿Impunidad o nulidad?
Submitted by Juan_Maltiempo on Mié, 02/21/2007 - 10:52
Del Universal en línea del 21 de febrero de 2007
El pasado 5 de septiembre el Tribunal Electoral se enfrentó a una decisión límite: anular la elección presidencial de 2006 que había costado cuantiosos recursos gubernamentales y contado con una amplia participación ciudadana, o dejar impunes las múltiples violaciones graves a la normatividad electoral y penal. Los magistrados se vieron obligados a elegir entre dos males, dos extremos igual de problemáticos para el desarrollo de la democracia en nuestro país.
Fueron los mismos magistrados los culpables de esta situación. En lugar de esclarecer el proceso electoral por medio de la utilización plena de sus facultades y obligaciones, nos dejaron en una nube de opacidad. No hicieron suficiente por suplir la impugnación de la coalición Por el Bien de Todos, ordenar las diligencias necesarias para investigar el caso a fondo, requerir las pruebas solicitadas por la coalición, o actuar con plena jurisdicción.
Pero en México no deberíamos depender tanto de nuestros magistrados electorales. El Tribunal Electoral emite la última palabra, pero hay una gran cantidad de actores y leyes que intervienen anteriormente. Uno de los principales responsables de la crisis electoral de 2006 fue el régimen de fiscalización y sanción electoral sumamente deficiente en nuestro país. Las leyes en la materia son atrasadas y las instituciones a cargo de hacerlas valer han tenido un desempeño cuestionable.
Habría que recordar que si bien la reforma constitucional y el nombramiento de los consejeros electorales en 1996 fueron decididos por consenso, esto no fue el caso para la reforma a la ley electoral. El Cofipe fue aprobado únicamente por el PRI. El viejo partido del Estado dejó varias trampas que obstaculizan la labor de fiscalización hasta la actualidad.
Por ejemplo: los artículos 270 y 271 del Cofipe no le otorgan al IFE capacidad alguna de investigación. Según la ley, todas las pruebas deberán "ser exhibidas junto con el escrito" de queja y el IFE únicamente puede solicitar información adicional "a las instancias competentes del propio Instituto". La ley tampoco le otorga a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) autonomía del Poder Ejecutivo federal. Asimismo, el Código Penal Federal deja al sector privado totalmente fuera de los delitos electorales. Los artículos 404 y 407 sancionan fuertemente a los ministros de culto y los servidores públicos que se inmiscuyen de manera ilegal en asuntos electorales, pero no existe ninguna pena para los empresarios.
El resultado está a los ojos de todos. Los recursos privados y públicos fluyen casi sin control y el sistema democrático empieza a desmoronarse ante nuestros ojos. El sistema electoral mexicano cada día se parece más al sistema estadounidense, donde los representantes populares se compran y se venden en una gran subasta cada dos años.
Las reformas más urgentes en materia de fiscalización serían: primero, elevar a estatus de ley los criterios garantistas establecidos por el Tribunal Electoral con respecto a la fiscalización, incluyendo las tesis del "principio inquisitivo", el "levantamiento del velo", la "culpa in vigilando", y el "ilícito complejo"; segundo, dotar al IFE de manera explícita con facultades para sancionar administrativamente a individuos y candidatos. De otra forma se crea un incentivo perverso para los militantes, y a los candidatos, a violar la ley ya que siempre podrán pasar la factura a su partido político; tercero, transparentar todo el proceso de fiscalización para permitir la vigilancia ciudadana. Actualmente las facturas y los comprobantes de gastos de los partidos son reservados tanto durante como después del proceso de fiscalización; cuarto, reformar el Código Penal y otorgar autonomía plena a la Fepade.
La simulación y la impunidad todavía predominan sobre la transparencia y la rendición de cuentas en materia de fiscalización electoral. Si no reformamos la ley y nombramos consejeros electorales confiables y aceptados por todos los actores políticos, al final de cada elección nos enfrentaremos a la misma decisión extrema y peligrosa del año pasado: nulidad o impunidad.
Investigador del IIJ de la UNAM