Del Universal en lí­nea del 20 de marzo de 2007

Un escenario similar al que se ha visto en muchas ocasiones: la prisa, las negociaciones por debajo de la mesa y la avalancha de una mayorí­a legislativa aplastante. Esta vez, como antes fue con la reforma al IMSS o la ley Televisa , se trata del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), una reforma necesaria, pero no en los términos y condiciones que se ha planteado. ¿Por qué la prisa?, ¿por qué sólo el proyecto oficial?

La obsolescencia y quiebra de los sistemas de seguridad social es un problema complejo que tienen múltiples causas: hay factores estructurales que se generan por los cambios en la expectativa de vida; gracias a los avances médicos, a la tecnologí­a, a nuevos perfiles epidemiológicos, los mexicanos llegamos a una esperanza de vida de 76 años, lo cual ha incrementado el tiempo de duración de las pensiones. Lo que antes sólo eran entre cuatro y cinco años de vida pensionada, ahora llega a 20 años.

Al mismo tiempo, se ha transformado la estructura laboral, hay menos empleo formal y la relación entre los trabajadores activos y los pensionados se ha alterado de forma importante; los pensionados del ISSSTE han crecido 600% y los trabajadores activos sólo 50%. Otra de las premisas que ha cambiado es la estructura salarial que -desde 1977- mantiene un ancla sobre el precio de la fuerza laboral. Una parte fundamental del problema del ISSSTE también tiene que ver con la operación, y eso por supuesto que no se contempla en la reforma oficial. La corrupción y los malos manejos, por ejemplo, los porcentajes que se exigen como pago en la compra de equipos. A ello se pueden sumar múltiples adeudos millonarios a la institución.

La solución oficial es pasarles la mayor parte de la factura a los trabajadores. La seguridad social de los trabajadores al servicio del Estado cubre una amplia gama de funciones: pensiones, la salud, los préstamos y otros servicios. Por supuesto que su calidad se ha deteriorado de forma progresiva, por eso es importante ampliar la discusión y el debate. Pero la negociación de esta reforma tiene inconvenientes estratégicos que es necesario analizar con mayor detenimiento. En las posiciones sobre la reforma hay un sector que mantiene posiciones de parálisis, es decir, que no se mueva nada y que las cosas sigan igual. Otra parte está parcialmente de acuerdo con la reforma y pide algunos cambios a la iniciativa oficial. Pero hay otras posturas que plantean otra solución, un nuevo modelo con salidas mixtas y mayores equilibrios.

La reforma oficial está fundamentada en una privatización de los servicios de seguridad social. Se trata de recomendaciones del Banco Mundial adoptadas por los funcionarios de Hacienda, quienes han negociado el acuerdo con los lí­deres del sindicalismo corporativo (Gordillo y Ayala). Se trata de ir a un modelo individualizado, privatizador que se denomina de beneficio definido, con aportaciones y cuotas individuales para que cada trabajador "se rasque con sus propias uñas". Se abandona el modelo solidario que compensa la precariedad laboral. Una reforma que ni los trabajadores públicos en Estados Unidos han aceptado porque allá se mantiene el modelo solidario, combinado con otras alternativas individuales.

Las reformas a los modelos de seguridad social tienen como problema estratégico la presencia del Estado y el espacio de lo público. Sin duda que la reforma oficial del ISSSTE tiene una concepción equivocada frente a este tema: confunde lo público con lo sindical. En México ya sabemos que los espacios sindicales están muy lejos de ser espacios públicos, son en general cotos privatizados de caciques que se mueven con poca transparencia y mucha discrecionalidad. Sólo hay que ver quién apoya esta reforma para entender qué intereses están en juego.

Por ejemplo, en el tema de las pensiones no se ha acabado de entender que una cosa es quién guarda los fondos de las pensiones y otra es cómo se harán efectivos los pagos. Con esta reforma el trabajador llegará a su edad de retiro y tendrá que enfrentar un acuerdo con una aseguradora privada. Será algo muy parecido a cuando uno cobra un seguro privado por una enfermedad y por el robo de un automóvil; el trabajador sufrirá todas las deducciones y costos de manejo que la institución privada imponga. El paso de un sistema solidario a uno individualizado tiene el problema de que no alcanza porque el salario es muy bajo. En la iniciativa oficial del ISSSTE se fija un piso mí­nimo de dos salarios. Hay una clara tendencia a la baja porque en la actualidad en el ISSSTE hay un mí­nimo de casi cuatro salarios mí­nimos.

Salvo el sector más intransigente, en general se puede aceptar que se tienen que modificar las condiciones para responder a los cambios estructurales de la población: ampliar la edad de retiro y el tiempo de servicios. Este punto no tiene que ir necesariamente hacia una salida privatizadora, ruta que se radicalizará con esta reforma.

Hay que pensar en una fase de transición más suave. La iniciativa tiene algunos puntos para enfrentar el problema de deterioro: un aumento de las cuotas y una ampliación en el tiempo de servicios. Este esquema necesitarí­a de un sistema mixto que pueda combinar la parte central del modelo solidario con una pensión asegurada y un esquema público y transparente en el manejo de cuotas individuales. Se necesita mantener la solidaridad para compensar las condiciones de precariedad laboral. A diferencia del modelo del IMSS, en donde la opción entre los dos modelos está abierta de forma permanente, aquí­ sólo se dará un plazo de seis meses, y si no se decide, de forma automática se pasará al nuevo régimen. Junto con la tendencia privatizadora vendrá el gran negocio sindical que les dará nuevas energí­as a esas viejas estructuras caducas. El Pensionissste será probablemente como una nueva Afore que manejarán los sindicatos. Hay que pedir la creación de instancias públicas realmente y autónomas y no dejar en manos sindicales la decisión de esos recursos.

México se ha convertido en un territorio de monopolios privados y sindicales. Es necesario poner un alto a esos pactos que cada dí­a minan más el carácter de lo público.

Investigador del CIESAS